Nature of the Case
Sentencia de la Corte Suprema de la India sobre una investigación de acusaciones de corrupción contra funcionarios de alto nivel del país.
Sentencia de la Corte Suprema de la India sobre una investigación de acusaciones de corrupción contra funcionarios de alto nivel del país.
Este caso se refiere al histórico escándalo de la India conocido como “Hawala”, en el que se develaron posibles pagos de sobornos a varios políticos y burócratas de alto nivel de la India originados en fondos vinculados a supuestos terroristas. Tras la cobertura del escándalo por parte de la prensa, la opinión pública estaba indignada porque la oficina central de investigaciones (Central Bureau of Investigation, CBI) no había iniciado investigaciones con la aparente intención de proteger a ciertas personas involucradas que tenían gran influencia en el gobierno y la política. Este litigio se originó en peticiones de interés público presentadas ante la Corte conforme al artículo 32 de la Constitución de la India (que permite a la Corte Suprema emitir órdenes a los efectos del cumplimiento de derechos fundamentales contenidos en la Constitución).
La Corte estuvo de acuerdo en que la CBI había fallado en su responsabilidad de investigar acusaciones de corrupción pública. Estableció pautas para asegurar la independencia y la autonomía de la CBI y ordenó que esta última quedara bajo la supervisión de la Comisión Central de Vigilancia (Central Vigilance Commission, CVC), un organismo gubernamental independiente que debía quedar fuera del control o interferencia del poder ejecutivo. Esta orden dejó a la CBI fuera de la supervisión del gobierno central, el cual era considerado en parte responsable por la inercia que contribuía con la previa falta de urgencia de la CBI respecto de la investigación de los funcionarios de alto nivel. La CVC pasó a ser responsable de asegurar que las acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos fueran investigadas en forma completa independientemente de la identidad de los acusados y sin interferencia del gobierno.
En términos del cumplimiento, tras las órdenes de la Corte, se llevaron a cabo investigaciones y se presentaron cargos contra algunos acusados. Sin embargo, todos los casos cayeron en la etapa del procesamiento judicial.
Las órdenes de la Corte referidas al remedio estructural fueron cumplidas por el poder ejecutivo en el período inmediatamente posterior a la decisión, pero sin que tenga lugar una investigación detallada de los casos individuales no es posible evaluar la medida en que fueron cumplidas.
En este caso, la Corte anuló la validez de una directiva emitida por los ministerios y departamentos del gobierno central que requería que la CBI solicite la aprobación del gobierno central antes de llevar a cabo investigaciones contra burócratas del nivel del secretario adjunto hacia arriba con el fundamento de que violaba la independencia del proceso investigativo. Sin embargo, una ley de 2003 (Central Vigilance Commissioner Act) reinstauró dicho requerimiento. La directiva volvió a ser abolida por la Corte Suprema en el curso de otro caso en 2014 sobre la base de que violaba el derecho a la igualdad garantizado por la Constitución.
El propósito básico de este caso fue obligar a una investigación adecuada del fraude, pero ello nunca ocurrió. El hecho de que la sentencia se haya concentrado en el futuro y en la autonomía de la CBI tal vez haya desviado la atención del tema del escándalo. Respecto de las órdenes de la corte referidas a la CBI, quedaron claramente debilitadas por políticos durante la fase de implementación, por lo que la CVC se volvió básicamente inofensiva y quedó bajo el control del gobierno. No cambió nada sustantivo en el período posterior al caso y en la actualidad este tipo de fraudes continúan de manera impune. (Entrevista con Vineet Narain en julio de 2015. Narain, quien presentó el caso, es un prestigioso periodista y activista contra la corrupción.)
Resolver de manera efectiva la corrupción pública es esencial para la realización sustentable de los derechos económicos y sociales, dado que el impacto de la corrupción muchas veces se superpone con violaciones de dichos derechos. Este caso, por consiguiente, es un paso en la dirección correcta hacia la creación de una forma de rendición de cuentas en la vida pública.
Este caso también es importante porque la Corte Suprema interpretó en forma liberal sus facultades bajo la Constitución para diseñar varias técnicas procesales innovadoras, incluyendo: la designación de amicus curiae para obtener asistencia sobre temas legales, el ejercicio de la jurisdicción de supervisión para monitorear la implementación, la emisión de directivas detalladas para el poder ejecutivo y la formulación de pautas para llenar un vacío legislativo sobre el tema de la corrupción pública. Este caso generó una mayor consciencia pública sobre el problema de la corrupción e inspiró a personas a trabajar con el sistema judicial por medio del proceso de litigio de interés público. (Entrevista con Vineet Narain en julio de 2015. Narain, quien presentó el caso, es un prestigioso periodista y activista contra la corrupción.)
(Actualizado en agosto de 2015)