Trabajadores indocumentados c. Estados Unidos de América, CIDH, Informe Nro. 50/16, Caso 12.834, Informe de Fondo (Publicación)

Naturaleza del caso

Dos trabajadores indocumentados lograron determinar que los Estados Unidos violaban el derecho a la no discriminación al no proteger sus derechos laborales conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La CIDH recomendó que no deben existir distinciones respecto del empleo y los derechos laborales y las reparaciones jurídicas sobre la base de la situación inmigratoria y la autorización de trabajo, una vez que una persona comienza a trabajar como empleado.

Aplicación de la decisión y resultados

El cumplimiento de recomendaciones de la Comisión siempre ha sido difícil, en particular cuando están implicados sistemas legales y gobiernos subnacionales, debido a (según el gobierno de los EEUU) el sistema federal de gobierno vigente en los Estados Unidos y el respeto por cómo aplica cada estado sus leyes, así como los antecedentes limitados de ese país respecto de la ratificación de tratados. Sin embargo, la decisión constituye un reconocimiento más del derecho a la discriminación y la igualdad aplicable en todos los niveles de gobierno de todos los Estados. Aunque los abogados de los peticionantes no son optimistas respecto de que sus clientes vayan a recibir una compensación financiera, este es un precedente adicional que confirma que todos los trabajadores, independientemente de su situación inmigratoria, tienen derecho a gozar de plenos derechos y reparaciones conforme a la ley una vez que han iniciado una relación laboral. (Sarah Paoletti, Director, Transnational Legal Clinic, University of Pennsylvania Law School, entrevista por correo electrónico, 15 de febrero de 2017)

Relevancia del caso

Esta decisión histórica, que afirma que los derechos laborales también son derechos humanos (párr.119), es la primera que se refiere a los derechos al empleo de los migrantes indocumentados en el continente americano.

Según la profesora Paoletti, el caso sirve como indicador importante de los derechos humanos según se aplican a los trabajadores indocumentados y explícitamente reconoce que el derecho internacional exige que los trabajadores indocumentados sean tratados igual que sus pares ciudadanos en el disfrute de todos los derechos y reparaciones plenas cuando se violan sus derechos. La American Civil Liberties Union comentó que este caso posee “potencial para impactar sobre la vida de millones de trabajadores indocumentados que viven en las sombras, pero contribuyen con nuestra economía y sociedad”.

Grupos involucrados en el caso

La petición fue presentada por American Civil Liberties Union, National Employment Law Project y Transnational Legal Clinic of the University of Pennsylvania Law School. Asimismo, las siguientes organizaciones participaron de la presentación original: AFL-CIO, Inter-Faith Justice Network, United Mineworkers y 6 peticionantes individuales.