Relevancia del caso
La sentencia afectó positivamente las vidas de miles de contribuyentes de bajos ingresos a los que previamente se les había negado la asistencia en Sandwell y en otras áreas con planes similares de reducción de impuestos locales. El caso reafirma que un objetivo central de la protección social debe ser apoyar efectivamente a las personas más vulnerables de la sociedad.
Asimismo, este caso destaca firmemente el principio de los derechos humanos de la participación al alentar la toma de decisiones genuinamente participativa por medio de un proceso de consulta pública. Respecto de la participación, la resolución 33/22 de la ONU llamó a redactar directivas sobre la implementación efectiva del derecho a participar en asuntos públicos, instando a los estados a adoptar medidas para incluir la promoción de la inclusión de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, en particular de las mujeres, las minorías y las personas que pertenecen a grupos marginalizados y se encuentran en situaciones vulnerables.
El análisis de la discriminación indirecta[1] en este caso resalta la relación entre temas particulares que confrontan sobre todo las mujeres (por ejemplo, la violencia doméstica) y la inestabilidad habitacional, lo que, a su vez, afecta negativamente sobre toda una gama de otros derechos, incluyendo el acceso a sistemas de protección social. En términos de la escala del problema, 1,2 millones de mujeres fueron víctimas de violencia doméstica en 2017 en el Reino Unido. La OMS estima que, en todo el mundo, casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han estado en una relación han experimentado violencia física y/o sexual de parte de su pareja. Esta violencia suele obligar a las mujeres a huir de sus hogares y es una de las principales causas de la falta de vivienda de las mujeres. Otras mujeres que no cuentan con alternativas de vivienda segura quedan atrapadas en entornos de abuso y de violencia, en general, creciente. La seguridad del título y el acceso a la vivienda son elementos clave del derecho humano a una vivienda adecuada, como se señaló en la Observación General Nro. 4 del CESCR. Conforme al derecho internacional de derechos humanos, los Estados deben proporcionar acceso a servicios, incluyendo viviendas, a las víctimas de violencia. Este caso es importante para recordar que debemos basarnos en el principio de la discriminación indirecta como parte de un análisis de igualdad sustantiva más amplio y debemos adoptar una visión amplia de la experiencia de la violencia basada en el género para garantizar de manera efectiva los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho a la vivienda.
Agradecemos especialmente los aportes de Child Poverty Action Group y los miembros de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy at Northeastern University (PHRGE) y JustFair UK
[1] La discriminación indirecta ocurre cuando una ley o política parece ser neutral, pero tiene un efecto desproporcionadamente adverso basado en una razón prohibida, como la raza o el género.
