La Reina sobre la solicitud de Sheila Winder, Lisa Marie Dowen y Sarah Hampton c. Sandwell Metropolitan Borough Council, [2014] EWHC 2617 (Admin)
Se les negó el beneficio de una reducción de la carga tributaria a demandantes que cumplían con los requisitos financieros aplicables sobre la base de un requisito de residir en una localidad en particular. El Tribunal Superior de Justicia eliminó el requisito de residencia por múltiples razones, incluyendo que el requisito quedaba fuera de la autoridad legal, discriminaba contra las mujeres y los ciudadanos de países que no fueran del RU, violaba el derecho a la libertad de movimiento y no cumplía con la obligación de consultar a las partes afectadas.
El Consejo Metropolitano de Sandwell elaboró un nuevo plan tributario conforme a una reforma nacional del derecho impositivo. Previamente, las personas de bajos ingresos recibían asistencia financiera para el pago de los impuestos locales, pero de acuerdo con el plan nuevo la carga tributaria de las personas se reducía según su situación financiera. La ley relacionada establecía que las autoridades locales debían crear planes adaptados a la situación local para determinar la carga impositiva, creando clases basadas en los ingresos, el capital y la cantidad de dependientes. El plan debía ser publicado como borrador y la autoridad local debía consultar con las partes interesadas. El Consejo de Sandwell elaboró un borrador del plan que no incluía el requisito de residencia y organizó una consulta pública. Fue en la última audiencia frente al pleno del Consejo que un miembro propuso un requisito de residencia de dos años para desalentar a las personas que quisieran mudarse desde zonas de elevado valor inmobiliario a zonas de menor valor inmobiliario buscando pagar menos impuestos.
La medida fue aprobada sin mayor discusión y sin consulta pública. Antes de la demanda, se les negó a 3.600 personas el beneficio impositivo porque no cumplían con el requisito de residencia.
El requisito de residencia fue cuestionado por tres mujeres. Una de ellas, Sheila Winder, de poco más de 50 años de edad, nació en Sandwell y vivió allí durante gran parte de los primeros 46 años de su vida. En 2008, debió mudarse unas millas más lejos a Dudley, una ciudad vecina, porque era víctima de abuso doméstico; posteriormente se quedó sin vivienda y el Consejo de Dudley la mudó a un hospedaje para mujeres de Sandwell. Las otras dos mujeres también vivieron en Sandwell la mayor parte de su vida, pero no durante partes de los dos años previos al plan impositivo: una tuvo problemas de vivienda debido a que se agravó su salud mental y la otra se había quedado viuda recientemente. Las mujeres tenían ingresos extremadamente limitados, pero se les negó la reducción impositiva debido al requisito de residencia. Afirmaron que el requisito no recaía dentro de los propósitos legítimos de la ley y, alternativamente, que no era racional y causaba discriminación indirecta contra las mujeres, víctimas de abuso y ciudadanos de fuera de la UE y refugiados (conforme al derecho de la Unión Europea, art. 19 de la Ley de Igualdad y art. 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos y su Primer Protocolo).
El Tribunal estuvo de acuerdo con las mujeres en que la ley establece claramente que las clases se deben basar en la necesidad financiera y los órganos públicos que definen las clases deben obedecer la ley. No era legítimo que el Consejo hubiera impuesto el requisito de residencia para evitar subsidiar a personas que cumplían con los requisitos financieros necesarios para favorecerse con una menor carga impositiva. La clara intención del parlamento era cuidar de las personas en situación de necesidad, y si se generalizaba el requisito de residencia la gente podría elegir recibir beneficios sociales en lugar de mudarse y se volvería más difícil que las personas huyan de situaciones de abuso o se ocupen de familiares enfermos. El Tribunal también sostuvo que la falta de consulta volvía ilegal el procedimiento que había conducido al requisito de residencia. Considerando la discriminación, el Tribunal dictaminó que, entre otras cosas, el requisito de residencia era indirectamente discriminatorio contra la mujer, dado que es considerablemente más probable que las mujeres (no los hombres) sean víctimas de violencia doméstica, lo que puede obligarlas a huir a otro lugar, siendo que quienes huyen suelen tener recursos muy limitados y una persona que huye a Sandwell no cumple con el requisito de residencia.
Asimismo, el requisito era ilegal porque no había pruebas de que ninguna persona se hubiera mudado para aprovechar los beneficios impositivos y el requisito se había adoptado sin ningún debate real o consideración de las consecuencias.
Como resultado de la sentencia, Sandwell eliminó el requisito de residencia de dos años (entrevista por correo electrónico con Carla Clarke, abogada, Child Poverty Action Group, 25 de junio de 2018). Además, otros dos Consejos (Tendring y Basildon) que habían adoptado reglas de residencia dejaron de aplicarlas.
The Equality and Human Rights Commission
Child Poverty Action Group
La sentencia afectó positivamente las vidas de miles de contribuyentes de bajos ingresos a los que previamente se les había negado la asistencia en Sandwell y en otras áreas con planes similares de reducción de impuestos locales. El caso reafirma que un objetivo central de la protección social debe ser apoyar efectivamente a las personas más vulnerables de la sociedad.
Asimismo, este caso destaca firmemente el principio de los derechos humanos de la participación al alentar la toma de decisiones genuinamente participativa por medio de un proceso de consulta pública. Respecto de la participación, la resolución 33/22 de la ONU llamó a redactar directivas sobre la implementación efectiva del derecho a participar en asuntos públicos, instando a los estados a adoptar medidas para incluir la promoción de la inclusión de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, en particular de las mujeres, las minorías y las personas que pertenecen a grupos marginalizados y se encuentran en situaciones vulnerables.
El análisis de la discriminación indirecta[1] en este caso resalta la relación entre temas particulares que confrontan sobre todo las mujeres (por ejemplo, la violencia doméstica) y la inestabilidad habitacional, lo que, a su vez, afecta negativamente sobre toda una gama de otros derechos, incluyendo el acceso a sistemas de protección social. En términos de la escala del problema, 1,2 millones de mujeres fueron víctimas de violencia doméstica en 2017 en el Reino Unido. La OMS estima que, en todo el mundo, casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han estado en una relación han experimentado violencia física y/o sexual de parte de su pareja. Esta violencia suele obligar a las mujeres a huir de sus hogares y es una de las principales causas de la falta de vivienda de las mujeres. Otras mujeres que no cuentan con alternativas de vivienda segura quedan atrapadas en entornos de abuso y de violencia, en general, creciente. La seguridad del título y el acceso a la vivienda son elementos clave del derecho humano a una vivienda adecuada, como se señaló en la Observación General Nro. 4 del CESCR. Conforme al derecho internacional de derechos humanos, los Estados deben proporcionar acceso a servicios, incluyendo viviendas, a las víctimas de violencia. Este caso es importante para recordar que debemos basarnos en el principio de la discriminación indirecta como parte de un análisis de igualdad sustantiva más amplio y debemos adoptar una visión amplia de la experiencia de la violencia basada en el género para garantizar de manera efectiva los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho a la vivienda.
Agradecemos especialmente los aportes de Child Poverty Action Group y los miembros de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy at Northeastern University (PHRGE) y JustFair UK
[1] La discriminación indirecta ocurre cuando una ley o política parece ser neutral, pero tiene un efecto desproporcionadamente adverso basado en una razón prohibida, como la raza o el género.
