Naturaleza del caso
En 2015, Budha Ismail Jam y otros agricultores y comunidades de pescadores cercanas a la central eléctrica de carbón contaminante Tata Mundra Ultra Mega de Gujarat, India, demandaron a la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial por su papel en el financiamiento de la construcción de la central por parte de la empresa privada Costal Gujarat Power Limited. Los actores solicitaron indemnización por daños y perjuicios y medias cautelares por negligencia, molestias, invasión de propiedad ajena e incumplimiento de contrato, aduciendo que la contaminación proveniente de la obra y operación de la central de carbón había dañado las tierras de cultivo, el aire, el agua y la vida marina. Una auditoría interna de la IFC concluyó que la empresa no había cumplido con un plan ambiental y social exigido por el préstamo para proteger las áreas que rodean la planta. La auditoría también concluyó que la IFC no había supervisado adecuadamente el proyecto.
La cuestión que debía resolver la Corte Suprema de los Estados Unidos (EE.UU.) era si la IFC tenía inmunidad absoluta frente a demandas. La Corte interpretó que el derecho de los EE.UU. les otorgaba a ciertas organizaciones internacionales la inmunidad más restringida que actualmente beneficia a los gobiernos extranjeros y no la inmunidad casi absoluta otorgada inicialmente en 1945. Desde 1952, los gobiernos extranjeros habitualmente han podido ser demandados en los EE.UU. por ciertas actividades comerciales, incluso mientras, en general, continuaban gozando de la inmunidad absoluta en otras áreas.
