Naturaleza del caso
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica confirmó la apelación de trece familias de la comunidad de Lesetlheng que habían estado enfrentando el desalojo inducido por la minería de tierras que compraron hace un siglo y que habían permanecido en fideicomiso debido a las leyes racialmente discriminatorias que les prohibían ser propietarios de las mismas. La comunidad trató de hacer valer sus derechos informales sobre la tierra en virtud de la constitución y la Ley de protección provisional de los derechos informales sobre la tierra (Interim Protection of Informal Land Rights Act, o IPILRA), así como su derecho a ser consultada en virtud de la Ley de desarrollo de los recursos minerales y petrolíferos (Minerals and Petroleum Resources Development Act, o MPRDA).
El Tribunal dictaminó que las empresas mineras no habían consultado, negociado ni solicitado el consentimiento de los titulares informales de los derechos sobre la tierra, como lo exige la ley.