Summary
Durante más de 20 años, la Ciudad de Johanesburgo prometió a los residentes que adecuaría (would upgrade) Slovo Park respecto de la falta de electricidad, agua potable, cloacas, retiro de basura y calles demarcadas, y la propensión a los incendios fatales de viviendas precarias. Debido a la falta de acción de la Ciudad, los residentes desarrollaron sus propios planes de modernización de acuerdo con el Programa de Adecuación (Upgrading) de Asentamientos Informales (UISP) contenido en el Código Nacional de Vivienda. A pesar de los esfuerzos de los residentes para lograr que la Ciudad implemente los planes, la Ciudad no respondió. En consecuencia, con la representación del Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI), los residentes demandaron a la Ciudad para que remedie su omisión de solicitar fondos para la adecuación conforme al UISP, o, alternativamente, para obligar a la Ciudad a adecuar Slovo Park.
Al oponerse a la demanda, la Ciudad sostuvo que había tomado la decisión política de mudar a los residentes que cumplieran con los requisitos a Unaville, un lugar a 11 kilómetros de distancia de instalaciones básicas, servicios sociales, comercios básicos y oportunidades de trabajo. Argumentó que tal decisión no podía ser objeto de la revisión del tribunal por ser una decisión política en la que la ciudad ejercía su autoridad ejecutiva, la cual no podía ser impugnada por los residentes.
Rechazando el argumento de la Ciudad sobre la imposibilidad de revisión, el Tribunal sostuvo que la decisión de reubicar a los residentes en lugar de desarrollar el asentamiento involucraba implementar la política existente. Como tal, la Ciudad estaba desempeñando su función administrativa, la cual está sujeta a revisión judicial. Aunque la Ciudad sostuvo que no era posible desarrollar Slovo Park porque las tierras eran dolomíticas, aceptó que el desarrollo era posible para por lo menos 482 hogares. En consecuencia, el Tribunal sostuvo que al ignorar la opción de adecuar la Ciudad omitía ilegalmente implementar el UISP, un marco político y legislativo vinculante. Dicha omisión no solo era irrazonable, sino que violaba los derechos de los residentes a una acción administrativa justa y a acceder a una vivienda adecuada conforme al artículo 26(1) de la Constitución. Asimismo, el Tribunal sostuvo que su decisión de solo reubicar a los residentes que cumplían con los requisitos era «irrazonable y no inclusiva». Esta decisión irrazonable también violaba la jurisprudencia establecida sobre la necesidad de un «compromiso constructivo» en casos relacionados con el derecho a la vivienda. Además, bajo el Código de Vivienda, la reubicación es el último recurso y se opondría a la expectativa legítima y de larga data de los residentes de que Slovo Park sería adecuado.
El Tribunal dejó de lado la omisión de la Ciudad de decidir solicitar los fondos para la adecuación; ordenó a la Ciudad presentar tal solicitud en un plazo de tres meses; ordenó al Miembro de Gauteng del Consejo Ejecutivo de Asentamientos Informales considerar el informe y comunicarse pasados tres meses después de recibir la solicitud sobre las medidas adoptadas bajo el UISP; ordenó a los demás acusados informar dentro de cuatro meses sobre sus medidas destinadas a cumplir con la orden. El Tribunal también ordenó a la Ciudad pagar las costas legales.
