Resumen
ND es un hombre transgénero a quien se le asignó el sexo femenino en el momento del nacimiento. Debido que el indicador de género del documento nacional de identidad de ND no coincidía con su género expresado o identidad de género, la negativa del gobierno de cambiar su indicador de género le exponía a estrés y malestar emocional continuo y extremo.
Bajo el Reglamento Nacional de Registro, el propósito del documento de identidad es registrar el aspecto físico de una persona y reflejar sus características particulares. El Secretario del Registro puede cambiar a discreción los indicadores de identificación cuando un cambio en tales características afecta materialmente la identificación de una persona. Los titulares de los documentos de identidad pueden cambiar sus fotografías, por ejemplo, si sienten que ya no reflejan quienes son. El Secretario del Registro puede determinar a discreción si es necesario un cambio, pero los funcionarios públicos están obligados por la ley de Botsuana a ser razonables y a respetar los derechos fundamentales al ejercer su discreción. Aunque el Secretario del Registro y Procurador General argumentó que el cambio del indicador de género no se podía permitir en ausencia de una ley que prevea un claro umbral médico y legal, el Tribunal sostuvo que el estándar de discreción no requiere ningún umbral médico o legal. En este caso, el Tribunal falló que el ejercicio de la discreción del Secretario del Registro no era razonable.
Sin embargo, centró su razonamiento en las violaciones de los derechos constitucionales. El Tribunal observó que la constitución de Botsuana debía ser interpretada como un documento vivo, informado por «las normas y circunstancias contemporáneas», también en referencia a decisiones internacionales pertinentes. En Botsuana los derechos constitucionales se aplican a todas las personas y están fundados en la dignidad humana.
El Tribunal sostuvo que debido a que a ND se le había negado el reconocimiento de su identidad de género por medio de la identificación apropiada, y dado que el reconocimiento forma parte de la dignidad, el Secretario del Registro no había protegido su dignidad humana. La negación del Secretario del Registro también violaba la libertad de expresión de ND, su derecho a una igual protección ante la ley (dado que la falta de reconocimiento de su identidad lo volvía particularmente vulnerable al acoso, la violencia y la agresión sexual) y su derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes, y a la discriminación. Aunque la identidad de género no está incluida en las formas prohibidas de discriminación mencionadas en la Constitución, la lista no es exhaustiva.
El Tribunal también vio una violación del derecho de ND a la privacidad y, dehecho, reconoció con preocupación el sufrimiento y el malestar que experimentaba ND al tener que explicar detalles íntimos de su vida a personas extrañas cuando buscaba acceso a servicios de rutina, simplemente porque su documento de identidad no coincidía con su género expresado o identidad de género. El Alto Tribunal observó que el Estado podía evitar o mitigar la “incomodidad o interferencia arbitraria” y la violación de sus derechos a la privacidad cambiando el indicador de género en el documento de identidad.
El Tribunal recordó que la carga pesa sobre el Estado de probar que una interferencia con los derechos constitucionales de una persona es legítima y justificable. El gobierno debe identificar un problema social que esté abordando, demostrar cómo ello justifica la interferencia y demostrar que la interferencia es proporcional a ese objetivo. Considerando que la identidad de género “constituye el núcleo del sentido propio de ser y forma parte integral de la identidad de una persona”, el Tribunal sostuvo que el gobierno no había mostrado ninguna justificación legítima para su tratamiento discriminatorio de las personas transgénero. De hecho, el argumento del gobierno de que cambiar el indicador de género afectaría de alguna manera la seguridad nacional no quedó probado y el hecho de que el indicador de género no coincida con la identidad de género, en realidad, dificulta el trabajo de las fuerzas policiales.
El Tribunal también se refirió al argumento del gobierno de que el sexo y el género eran diferentes y que la identificación nacional se refería al sexo determinado en el momento del nacimiento. Por medio de un estudio de otras jurisdicciones, el Tribunal detalló cómo el sexo ha sido considerado por muchos tribunales como una combinación de factores, incluyendo características biológicas, sociales y psicológicas, así como el sentimiento innato de una persona de qué significan los diferentes sexos. De esta manera, el Tribunal sostuvo que la interpretación del sexo por parte del gobierno era injustificadamente restrictiva.