Naturaleza del caso
El Alto Tribunal de Uganda concluyó que la omisión del gobierno de ese país de aprobar un procedimiento y marco legal integral destinado a proteger a quienes se enfrentan al desalojo es una violación de los derechos a la vida, la dignidad y la propiedad bajo los artículos 22, 24, 26, 27 y 45 de la Constitución de Uganda de 1995. El Tribunal ordenó al gobierno formular directrices de desalojo en forma urgente, señalando que, aun cuando los desalojos fueran inevitables, era necesario asegurar que cumplan con los derechos humanos.
