La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se violaron los derechos a la salud, la vida, la integridad personal, el acceso a la información y el consentimiento informado en un caso presentado contra Chile por la familia de Vinicio Poblete Vilches, un paciente de edad avanzada que fue privado de un atención médica de emergencia adecuada en un hospital público antes de su muerte.
La Corte ordenó una serie de reparaciones, que requieren que Chile: 1) publique la sentencia y reconozca públicamente su responsabilidad; 2) proporcione apoyo psicológico específico a los miembros de la familia; 3) aumente la capacitación, mejore la infraestructura, monitoree el cumplimiento y tome medidas específicas para fortalecer el apoyo institucional para las personas mayores; y 4) pague una compensación por la pérdida de ingresos, costos médicos y angustia emocional, así como los honorarios y costos de abogados. La Corte no volvió a ordenar la apertura de la causa penal porque el paso del tiempo limitó la capacidad del Estado para responder de manera efectiva en un proceso punitivo.
A partir de mayo de 2019, poco más de un año después de la decisión de la Corte, el Estado chileno había publicado el fallo según lo ordenado, pero aún tenía que cumplir con las reparaciones compensatorias, de no repetición y otras establecidas.
Por primera vez, la Corte Interamericana declaró una violación del derecho autónomo a la salud reconocido dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana. Este reconocimiento puede contribuir a aclarar aún más las obligaciones estatales, definir los derechos con mayor precisión y proporcionar una vía de alivio para el derecho a la salud en las Américas. Además, la Corte reafirmó los derechos de los pacientes y sus familias al consentimiento informado al buscar atención médica, y señaló su relación con los derechos de acceso a la información y a la salud. Finalmente, la decisión establece un mayor deber de cuidado del Estado con respecto a los derechos de salud de las personas mayores.
Agradecemos especialmente el aporte del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
