Initiative for Social and Economic Rights vs. Fiscal General. Juicio Civil No. 353 de 2016

Naturaleza del caso

Este caso desafió la discrepancia en la calidad de la educación proporcionada por instituciones educativas privadas y escuelas asistidas por el gobierno en Uganda. La discrepancia se debe en parte a la política de financiamiento proporcionada por el Gobierno, por la cual las escuelas de Asociaciones Público-Privada (APP) recibieron significativamente menos dinero por estudiante que las escuelas asistidas por el gobierno. Initiative for Social and Economic Rights (ISER) interpuso este caso contra el Gobierno alegando que la política de financiamiento infringe el derecho a una educación de calidad, igualdad y libertad de discriminación garantizada por la Constitución. El Tribunal Superior de Uganda confirma esta decisión.

Aplicación de la decisión y resultados

El Tribunal ordenó al Gobierno que “garantice la equidad para todos los niños en el diseño e implementación de programas educativos”. Además, ordenó que el Gobierno tome la iniciativa en la regulación del papel de los actores privados en la educación, garantizando estándares mínimos y sancionando a los infractores, a la vez buscando “orientación en los Principios de Abidjan sobre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos para proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en el diseño de programas educativos en el país”.

La foto muestra uno de los bloques de aulas de la Escuela Secundaria Purungo Seed en el condado de Purungo Sub, distrito de Nwoya, que se construyó recientemente en el condado secundario, que no tenía una escuela secundaria. En 2018, el Ministerio de Educación y Deportes comenzó la eliminación gradual del programa USE en las escuelas APP, de modo que los fondos se pueden transferir a la construcción o al subsidio de las escuelas secundarias comunitarias para implementar la política gubernamental de proporcionar educación secundaria en cada subcondado.

Relevancia del caso

El caso es significativo por varias razones. Primero, el Tribunal sostuvo que el Gobierno es responsable en relación con las acciones de empresas y particulares. El Tribunal afirmó que las obligaciones de Uganda en virtud del derecho internacional de los derechos humanos requieren que el Gobierno supervise, regule y garantice que las entidades privadas cumplan con los estándares educativos mínimos. El Tribunal también reconoció que, si bien el Gobierno depende actualmente del sector privado para impartir educación, esto siempre debe considerarse una medida temporal, y el Gobierno debe esforzarse por establecer su propio sistema de escuelas públicas. Por último, aunque la sentencia se refería específicamente a las APP en la educación, sus principios también pueden aplicarse en otras APP de prestación de servicios.

Por sus contribuciones al resumen, queremos expresar nuestro agradecimiento especial a los siguientes miembros de la Red-DESC: Initiative for Social and Economic Rights (ISER) y Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) de Northeastern University.

Grupos involucrados en el caso

• Initiative for Social and Economic Rights (ISER)