Este caso establece la responsabilidad del gobierno de Uganda por tasas de mortalidad materna persistentemente elevadas como una violación del derecho a la salud, la vida y los derechos de la mujer con arreglo a la Constitución de Uganda.
La Corte les otorgó a los peticionantes daños compensatorios y punitivos/ejemplares. También ordenó la implementación y el cumplimiento de las siguientes políticas:
La sentencia reconoce el derecho a la salud y al acceso a la atención médica materna básica a pesar de que este no está expresamente reconocido en la Constitución de 1995 de la República de Uganda. Con esta decisión, la Corte reconoció que el acceso a atención médica materna adecuada y a atención obstétrica de emergencia es fundamental para asegurar los derechos constitucionales de la mujer a la salud y la vida.
La decisión también amplía la prestación de atención médica materna básica a mujeres de todos los centros públicos de salud, incluyendo las unidades de áreas más bajas. Previamente, solo los centros de salud del sector superior de la cadena de derivaciones podían proporcionar servicios de salud materna.
