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Domingo, Febrero 28, 2021
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Naturaleza del caso

Un joven con discapacidad intelectual interpuso una acción de amparo luego de que la escuela regular a la que había asistido y el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se negaran a otorgarle el título acreditando la finalización de sus estudios secundarios. El caso se centra en la violación del derecho a la titulación igualitaria como componente esencial del derecho a la educación inclusiva.

Aplicación de la decisión y resultados

Durante la etapa de ejecución de la sentencia, luego de la decisión de la Cámara de Apelaciones de confirmar lo decidido por el tribunal de primera instancia, surgieron discusiones relativas a la forma en la que el título debía ser confeccionado, ya que el Ministerio de Educación de CABA elaboró un título que contenía una leyenda específica a las resoluciones bajo las cuales se emitió (dictadas con posterioridad a su egreso), que no se encontraba presente en los títulos otorgados a sus compañeros/as. A raíz de ello, se solicitó que se expida un nuevo título sin estas menciones. Con fecha 4 de diciembre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia dispuso que “es manifiesto que el certificado del actor no ha sido extendido en igualdad de condiciones que el de sus compañeros egresados en el año 2013”, destacando que cualquier mención que tenga como único objetivo diferenciar a determinadas personas o circunstancias de forma arbitraria, constituía una discriminación en la emisión del título. Por ello, decidió ordenar al Gobierno de la Ciudad que expida un título nuevo, de conformidad con lo solicitado por la parte actora.

En diciembre del año 2017, R., C. A. recibió su título secundario.

Relevancia del caso

En el presente caso, se logró la primera sentencia que posiciona el derecho a la titulación igualitaria como un elemento central del derecho a la educación inclusiva y que fija estándares robustos para comprender el alcance de las obligaciones estatales en la materia. La  amplia difusión pública que alcanzó y la solución judicial adoptada fueron fundamentales para visibilizar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho a la educación. Además, contribuyó a impulsar reformas normativas en lo referido a la evaluación y certificación de los y las estudiantes con discapacidad que cursen sus estudios con apoyos y ajustes.

Grupos involucrados en el caso

  • Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (sponsor)

  • Asociación por los Derechos Civiles (amicus curiae)

  • Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva (amicus curiae)

  • Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (amicus curiae)