Sentencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica que respaldó la orden de invalidez constitucional del Tribunal Superior de Durban del artículo 21(2)(a) de la Ley de Bienes Conyugales 88 de 1984 en la medida en que mantiene y perpetúa la discriminación racial y de género contra las mujeres de raza negra.
El Legal Resources Centre (LRC) representó a Agnes Sithole, una mujer de setenta y dos años de edad residente de KwaZulu-Natal que en 1972 se había casado con Gideon Sithole fuera del régimen de gananciales, con arreglo al artículo 22(6) de la Ley Black Administration Act 38 de 1927 (BAA), y la Comisión por la Igualdad de Género cuestionando la Ley de Bienes Conyugales de 1984. Entre 1972 y 1985, la Sra. Sithole trabajó como ama de casa y administró con éxito un negocio de vestimenta desde su hogar, pudiendo educar a sus hijos y asistir en el pago de los gastos de la familia. Cuando el matrimonio Sithole se deterioró, el Sr. Sithole amenazó con vender la vivienda familiar. LRC asistió a la Sra. Sithole para frenar la venta hasta que finalizara el cuestionamiento constitucional. La Sra. Sithole no buscó la reparación del artículo 7(3) a (5) de la Ley de Divorcio (que otorga al tribunal la facultad discrecional de ordenar la redistribución de los bienes matrimoniales respecto de parejas casadas fuera del régimen de gananciales), porque su fe católica no aprobaba el divorcio y no creía tener que recurrir al divorcio para defender su derecho a su parte de los bienes conyugales.
De acuerdo con el artículo 22(6) de la BAA, todos los matrimonios contraídos por personas de raza negra quedaban automáticamente fuera del régimen de gananciales, salvo si se firmaba una declaración de aceptación de ese régimen dentro de los 30 días posteriores al matrimonio. Por otro lado, a todos los otros grupos raciales se aplicaba automáticamente el régimen de gananciales, siempre que no optaran por firmar un contrato prenupcial. El parlamento trató de aliviar la discriminación del artículo 22(6) de la BAA revocando la disposición con la ley modificatoria “Matrimonial Property Amendment Act 3” de 1988. Dicha ley introdujo los artículos 21(2)(a) y 25(3) a la Ley de Bienes Conyugales 88 de 1984 (MPA), otorgando a las personas casadas fuera del régimen de gananciales bajo el artículo 22(6) de la BAA la oportunidad de alterar el régimen al ingresar al sistema de bienes gananciales dentro de los dos años posteriores al 2 de diciembre de 1998. Prácticamente no existen pruebas de que las partes afectadas hayan sido informadas acerca de estas enmiendas por parte del gobierno del apartheid o de las autoridades post constitucionales. En consecuencia, la Sra. Sithole, como muchas otras mujeres en su situación, no estaba al tanto de la modificación. De hecho, la enmienda no reparó sustancialmente en ningún caso la discriminación, sino que, más bien, les impuso a las parejas de raza negra que desearan cambiar sus regímenes matrimoniales para pasar al de bienes gananciales la obligación de requerir el consentimiento de ambas partes. Al requerir el consentimiento de los cónyuges, la ley suponía que la parte vulnerable lograría obtener ese consentimiento para pasar al régimen de gananciales. En realidad, el cónyuge poderoso económicamente era reticente a renunciar o compartir la propiedad y el control de los bienes conyugales, lo que colocaba sobre mujeres como Sithole la carga de buscar la reparación legal individual. Esta ley discriminatoria continuó formando parte de nuestra legislación y no reparó el prejuicio que enfrentaban las mujeres de raza negra como la Sra. Sithole, a pesar de la nueva dispensa constitucional.
Al apoyar la decisión del Tribunal Superior obtenida por LRC, la Corte Constitucional se basó en los principios enunciados en Harksen v. Lane N.O:
(1) ¿La disposición diferencia entre categorías de personas y, de ser así, existe un nexo racional entre la diferenciación y un propósito gubernamental legítimo?
(2) ¿La diferenciación representa discriminación? ¿La discriminación es injusta?
(3) ¿La discriminación se puede justificar bajo la cláusula de limitaciones de la Constitución?
La Corte respondió a las preguntas primera y segunda en forma afirmativa, concluyendo que el artículo 21(2)(a) de la MPA diferenciaba entre las personas de raza negra y no negra sin un propósito gubernamental legítimo. Aunque el artículo 21(2)(a) parecía eliminar la discriminación aparente, solo proporcionaba igualdad formal y no sustantiva, a diferencia de lo requerido por la Constitución: “Al examinar la constitucionalidad del artículo 21(2)(a), el énfasis no debe estar en el hecho de que proporcionó la opción de que las parejas de raza negra cambiaran el régimen de su matrimonio, sino en su omisión de igualar el campo de juego y de colocar los matrimonios de personas negras bajo las mismas condiciones que los matrimonios de parejas de otros grupos raciales”. La Corte también comentó que “las dinámicas sociales como el patriarcado, los estereotipos de género y la aplicación inflexible de prácticas culturales opresivas perpetúan las consecuencias interseccionales de las disposiciones cuestionadas referidas a las mujeres de raza negra”. Asimismo, la Corte señaló las diferentes maneras en que las mujeres de raza negra han sido perjudicadas por los regímenes no gananciales, incluyendo la vulnerabilidad intrínseca de la dependencia de las mujeres de sus maridos.
Al decidir acerca de la tercera pregunta, la Corte afirmó simplemente que la ley “era consecuencia de un sistema legislado, deliberado, injusto y sin sentido de separación de razas basado en una noción errónea de que las personas negras y las personas blancas no merecían el mismo tratamiento”, y debía ser “obliterada”. De esta manera, la Corte confirmó la orden del Tribunal Superior, declarando que el artículo 21(2)(a) de la MPA era inconstitucional e inválido, y que todos los matrimonios con arreglo al artículo 22(6) de la BAA pasaban al régimen de gananciales (siempre que la pareja no opte por un contrato prenupcial).
La orden otorgada por la Corte Constitucional en el caso Sithole revirtió la profunda discriminación histórica infligida por las leyes matrimoniales opresivas del apartheid a fin de permitir que las mujeres de raza negra casadas bajo la BAA tuvieran acceso a la propiedad y el control de bienes.
Legal Resources Centre supervisará la aplicación de la orden de la Corte Constitucional por parte del Departamento de Justicia y Servicios Correccionales, incluyendo su comunicación referida a la orden y los resultados de la sentencia dirigida al público, así como los planes del Comité de Cartera y el avance del Departamento de Justicia en la introducción de una enmienda formal de las disposiciones impugnadas de la Ley de Bienes Matrimoniales.
De acuerdo con el dictamen pericial presentado por el perito en política social en apoyo de la petición del LRC en nombre de la Sra. Sithole y del interés público, la sentencia afectará a más de 400.000 mujeres que se encontraban en la misma situación que Sithole. La sentencia es un avance para los derechos de género, de edad, raciales, de la tierra y la propiedad de las mujeres de raza negra, ya que les permite afirmar la propiedad de los bienes matrimoniales, ejercer el control sobre su bienestar financiero y participar en las estructuras de toma de decisiones para el derecho a la autodeterminación.
Este es el tercer caso de una trilogía de sentencias históricas referidas a los derechos a la propiedad de bienes matrimoniales de las mujeres de raza negra de Sudáfrica. Junto con Gumede, de 2008, y Ramuhovhi, de 2017, Sithole proporciona una reparación importante para las mujeres de raza negra de edad avanzada al reconocerles el derecho a tomar control y acceder a la propiedad de los bienes conyugales.
Legal Resources Centre acompañó a estas valientes mujeres en su lucha por la igualdad financiera sustantiva y la dignidad ante la ley para acceder a los bienes conseguidos y mantenidos con su arduo trabajo. El trabajo por los derechos a la tierra de LRC busca asistir en la realización del imperativo constitucional de que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para promover la igualdad en el acceso a la tierra y la propiedad a fin de reparar la discriminación histórica.
Agradecemos especialmente el aporte del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
