La Corte Suprema afirmó el derecho fundamental a la educación de niños y niñas, citando que el artículo 21A de la Constitución obliga al Estado y a los progenitores/tutores de niños y niñas a proporcionar un entorno seguro para el derecho a la educación. Se adoptó un conjunto de normas de seguridad después de que un incendio devastador arrasara con una escuela secundaria privada.
Como consecuencia de esta sentencia se adoptó un conjunto de normas. Las normas incluyen medidas de protección contra incendios en escuelas, capacitación de maestros y demás personal, especificaciones para edificios escolares, así como autorizaciones y certificados.
Este caso consideró cómo la aplicación efectiva del derecho a la educación requiere proporcionar un entorno seguro para que niños y niñas puedan aprender. La carga recae sobre el Estado de proporcionar educación y garantizar la seguridad de niños y niñas en las escuelas.
Agradecemos especialmente el aporte del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.