La Corte Suprema afirmó el derecho fundamental a la educación de niños y niñas, citando que el artículo 21A de la Constitución obliga al Estado y a los progenitores/tutores de niños y niñas a proporcionar un entorno seguro para el derecho a la educación. Se adoptó un conjunto de normas de seguridad después de que un incendio devastador arrasara con una escuela secundaria privada.
Este caso de litigio de interés público fue la respuesta al incendio que arrasó con la escuela secundaria Lord Krishna Middle School del distrito de Kumbakonam. Lord Krishna Middle School era una institución privada a la que concurrían aproximadamente 900 alumnos. El incendio se inició en la cocina vecina y luego se extendió por el techo de paja del edificio de la escuela, que se derrumbó matando a los 93 niños y niñas que se encontraban adentro. Cuando los bomberos llegaron al lugar se dieron cuenta de que la escuela estaba lejos de cumplir la normativa. Los códigos de construcción municipales requerían que la escuela fuera certificada cada dos años, pero hacía tres años que la Lord Krishna Middle School tenía vencido el certificado y violaba seriamente el código en muchos puntos.
La Corte Suprema señaló que, aunque los Estados han tratado de crear y respetar los códigos de construcción de escuelas, no se ha hecho suficiente. Dada la obligación con arreglo al artículo 21A de la Constitución respecto del derecho fundamental a la educación gratis y obligatoria de niños y niñas, la Corte Suprema estableció estándares mínimos de protección contra incendios para las escuelas.
La Corte Suprema también señaló que el derecho a la educación “es más que un derecho humano o fundamental. Es un acuerdo recíproco entre el Estado y la familia, y coloca una carga afirmativa sobre todos los participantes de nuestra sociedad civil”. Como explicó la Corte, se debían redefinir prioridades y reasignar presupuestos para el derecho fundamental a la educación, y el ejercicio de los derechos educativos de niños y niñas debía tener lugar en un entorno seguro.
Como consecuencia de esta sentencia se adoptó un conjunto de normas. Las normas incluyen medidas de protección contra incendios en escuelas, capacitación de maestros y demás personal, especificaciones para edificios escolares, así como autorizaciones y certificados.
Este caso consideró cómo la aplicación efectiva del derecho a la educación requiere proporcionar un entorno seguro para que niños y niñas puedan aprender. La carga recae sobre el Estado de proporcionar educación y garantizar la seguridad de niños y niñas en las escuelas.
Agradecemos especialmente el aporte del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
