Significance of the Case
En 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos designó a un Experto Independiente para documentar las violaciones de derechos humanos sufridas por las personas con albinismo. Este nombramiento dio lugar a un mandato en virtud del cual los países con altas proporciones de PCA debían realizar esfuerzos afirmativos para proteger sus derechos. Esto fue particularmente relevante en el África subsahariana, donde 1 de cada 4.000 personas tiene albinismo. Las conclusiones del informe se mencionan a lo largo de la opinión de la Corte, y el Experto Independiente recientemente elaboró una actualización del informe con motivo de su décimo aniversario.
Tanzania tiene ahora la obligación afirmativa de utilizar el máximo de los recursos disponibles para hacer efectivos los derechos de las PCA en materia de salud y educación, y debe aportar pruebas de que lo ha hecho. Tal como lo describió el Experto Independiente, quien presentó su propio escrito amicus curiae en el caso, la opinión constituye “una decisión sólida en materia de reparaciones”. Otros expertos señalaron que se trata “sin duda de una sentencia histórica” y que “establece un precedente importante”, ya que es el primer caso resuelto por la Corte relativo a los derechos de las personas con albinismo. Dado que se han producido más de 700 ataques contra PCA en 28 países y que existe un amplio mercado negro de partes del cuerpo de PCA en África, este caso establece una base según la cual los Estados serán responsables por no combatir eficazmente tales acciones dentro de sus fronteras.
Gran parte de la opinión también hace referencia a varios informes de las Naciones Unidas elaborados a lo largo de la última década. La ONU ha llevado a cabo diversas misiones de investigación en Tanzania y otros países del África subsahariana, que ayudaron a fundamentar la toma de decisiones de la Corte. Las conclusiones de la Corte refuerzan los esfuerzos de la ONU para combatir la discriminación contra las PCA y mitigar sus efectos, y pueden alentar a los Estados miembros de la ONU a aceptar nuevas misiones de investigación para evaluar el cumplimiento de la normativa internacional.