Resumen
Entre 70.000 y 200.000 personas con albinismo (“PCA”) viven en la República Unida de Tanzania (“Tanzania”), una de las tasas más altas del mundo. Lamentablemente, desde comienzos del siglo XXI, las PCA en Tanzania han enfrentado persecución, trata de personas, ataques violentos, amputaciones y asesinatos en una proporción significativamente mayor que la de la población general. Esto se debe, en parte, a creencias tribales locales que consideran el albinismo como una maldición y al uso de partes del cuerpo de las PCA en prácticas de brujería.
En representación de las PCA en Tanzania, tres organizaciones no gubernamentales —el Centre for Human Rights de la Universidad de Pretoria, el Institute for Human Rights and Development in Africa y el Legal and Human Rights Centre (“LHRC”) (conjuntamente, “los Demandantes”)— demandaron al Estado ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (“la Corte”) en 2018. Los Demandantes alegaron que Tanzania había violado o no había protegido adecuadamente varios derechos de las PCA garantizados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (“la Carta”), así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos sobre los cuales la Corte tiene jurisdicción. Entre ellos se incluyen:
- El derecho a la no discriminación (artículo 5 de la Carta);
- El derecho a la vida (artículo 4 de la Carta);
- La prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5 de la Carta, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“PIDCP”) y artículo 16 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (“Carta del Niño”));
- El derecho a la dignidad (artículo 5 de la Carta);
- El derecho a un recurso efectivo (artículo 7 de la Carta);
- Los derechos y el bienestar del niño (artículos 4, 16 y 29 de la Carta del Niño);
- El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 16 de la Carta y artículo 29 de la Carta del Niño).
Antes de analizar el fondo del asunto, la Corte abordó —y desestimó— las objeciones procesales planteadas contra la petición de los Demandantes. Tanzania alegó que las ONG no habían agotado los recursos internos al no presentar una petición ante el Tribunal Superior de Tanzania, conforme a lo permitido por la Constitución del país, que autoriza a los grupos a proteger los derechos humanos en nombre de terceros. Esta alegación fue contradicha por la propia jurisprudencia de Tanzania, ya que el Tribunal Superior había desestimado una demanda de interés público del LHRC por falta de legitimación activa, y por la norma según la cual los recursos internos solo deben agotarse cuando son “disponibles, efectivos y suficientes”. La combinación de estos dos principios hacía que los recursos internos no estuvieran disponibles para los Demandantes, por lo que la objeción fue desestimada.
Además, Tanzania objetó que las PCA individuales no hubieran utilizado el sistema judicial nacional, alegando que existían mecanismos específicos para garantizar sus derechos, incluidos un grupo de trabajo nacional, sesiones judiciales especiales e investigaciones aceleradas. La Corte sostuvo que tal exigencia no podía “aplicarse literalmente en los casos en que resulte impracticable o indeseable que los demandantes recurran a los tribunales nacionales respecto de cada queja individual”, debido al gran número de víctimas afectadas. Dado que este era el caso, la objeción también fue desestimada.
Al entrar al fondo, la Corte analizó en primer lugar el derecho a la no discriminación y realizó varias constataciones relevantes. Las PCA enfrentan discriminación constante debido a la falta de melanina en su piel y son denominadas “cabras blancas” o “fantasmas” en Tanzania. Las madres de niños con albinismo a menudo deben elegir entre abandonar a su hijo o su matrimonio debido a la discriminación, y con frecuencia son expulsadas de sus comunidades. Muchas personas en la sociedad, incluidos miembros del poder judicial y de las fuerzas del orden, comparten creencias supersticiosas que consideran a las PCA como subhumanas. Aunque la Corte reconoció que Tanzania había realizado algunos esfuerzos para combatir la discriminación contra las PCA —incluido el mencionado grupo de trabajo y las investigaciones aceleradas—, consideró que estos eran insuficientes, como lo demuestra la persistencia de mitos generalizados y la discriminación resultante. En consecuencia, Tanzania violó el artículo 5 de la Carta.
En cuanto al derecho a la vida, la Corte detalló las privaciones arbitrarias de la vida sufridas por las PCA, en particular por los niños, que aumentaron entre 2008 y 2017, así como el fracaso de Tanzania en procesar estos asesinatos de manera efectiva. Esto constituyó un incumplimiento del deber de Tanzania de prevenir los homicidios de PCA, a pesar de algunos esfuerzos para mitigar las condiciones que facilitaban dichos crímenes. La falta de enjuiciamiento pesó también en contra de Tanzania en relación con la prohibición de la tortura y el derecho a la dignidad, al igual que el historial de mutilaciones y amputaciones sufridas por las PCA en todo el país.
Respecto de los derechos consagrados en la Carta del Niño, la Corte sostuvo que Tanzania había documentado repetidos secuestros de niños con albinismo, a menudo con el fin de extraer partes de su cuerpo, así como la falta de medidas educativas adecuadas en refugios superpoblados e inadecuados, aunque señaló que la existencia de dichos refugios constituía, en abstracto, “un acto noble y encomiable”. Además, la Corte explicó cómo la discriminación condujo a peores resultados en materia de salud, incluidos trabajos al aire libre bajo el sol que hacían a las PCA más susceptibles al cáncer de piel. Finalmente, la Corte determinó una violación no alegada del artículo 1 de la Carta, al concluir que Tanzania no había adoptado medidas legislativas destinadas a promover los derechos de las PCA. La única disposición respecto de la cual la Corte falló a favor de Tanzania fue el derecho a un recurso efectivo, ya que los Demandantes no habían cumplido con la carga de la prueba.
La Corte ordenó una amplia gama de medidas declarativas y cautelares, incluida la creación de un fondo de compensación por valor de diez millones de chelines tanzanos como reparación pecuniaria. Asimismo, ordenó:
- La modificación de la Ley de Brujería de Tanzania de 1928 para “aclarar las ambigüedades” entre las prácticas tradicionales de salud y la brujería;
- La elaboración de un plan nacional para promover y proteger los derechos de las PCA, con el requisito de “adoptar todas las medidas necesarias” para hacer efectivos los derechos vulnerados;
- Que Tanzania cumpla con su obligación de realizar plenamente los derechos a la salud y a la educación de las PCA en un plazo de dos años a partir de la sentencia;
- La publicación de la decisión en los sitios web gubernamentales, de forma accesible durante al menos un año;
- La presentación de un informe que detalle el estado de implementación y demuestre el cumplimiento.
