El Tribunal Constitucional del Perú determinó que los residentes de dos asentamientos empobrecidos vivían en un entorno contaminado e insalubre que vulnera sus derechos constitucionales, y ordenó a las entidades estatales demandadas corregir la situación que pone en riesgo la salud de los habitantes.
Los residentes de dos comunidades residenciales empobrecidas presentaron una demanda contra el Gobierno Regional de Loreto, la Dirección Regional de Salud, las municipalidades provinciales de Maynas y Punchana, y la entidad de bienestar social de la región de Loreto. Los demandantes alegaron la falta de servicios públicos esenciales, en particular el acceso al agua potable y la recolección de residuos sólidos, lo que venía provocando la proliferación de enfermedades contagiosas.
El Tribunal Constitucional determinó que la situación insalubre vulnera los derechos constitucionales a: un ambiente equilibrado y adecuado, agua potable, la vida, la salud y la integridad física, una vivienda adecuada, a los servicios públicos, y al bienestar.
El Tribunal se basó en los siguientes hechos para analizar las presuntas vulneraciones:
En primer lugar, el Tribunal determinó la vulneración del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, reconocido como derecho fundamental en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Para ello, se apoyó en el artículo 2, inciso 22, para establecer que el contenido de este derecho comprende: 1) el derecho a gozar del ambiente, y 2) el derecho a su preservación.
En segundo lugar, el Tribunal encontró una vulneración del derecho al agua potable. Este derecho fue identificado a partir de la interpretación de la Ley 30588, que reconoce el derecho de acceso al agua como un derecho constitucional, en conjunto con el artículo 58 de la Constitución, que obliga al Estado a prestar servicios públicos. El Tribunal también citó la Observación General n.º 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua.
A continuación, el Tribunal analizó los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física bajo el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho artículo exige a los Estados parte adoptar medidas para garantizar la plena efectividad del derecho a la salud, dado que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El Estado está obligado a prevenir violaciones del derecho por parte de terceros, a adoptar medidas para su plena realización y a proporcionar bienes y servicios de manera efectiva.
Al determinar que el derecho de los demandantes a la vivienda y al acceso a servicios públicos había sido vulnerado, el Tribunal citó jurisprudencia de Estados Unidos y Sudáfrica, y señaló que su propia jurisprudencia ya había reconocido la vivienda como un derecho fundamental, tal como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para que el derecho a la vivienda sea satisfecho, deben concurrir los siguientes elementos: a) seguridad en la tenencia; b) disponibilidad de servicios e infraestructura; c) gastos razonables que no comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas; d) una vivienda habitable y asequible que permita el acceso al empleo y a servicios sociales; g) una vivienda que permita la expresión de la identidad cultural.
Finalmente, el Tribunal determinó la vulneración del derecho al libre desarrollo y al bienestar, reconocido en el artículo 2, inciso 1, de la Constitución peruana. Este derecho no implica que el Estado deba garantizar que todas las personas alcancen todo lo que desean, sino que para que el derecho se cumpla, la persona debe haber alcanzado una calidad de vida que le permita asegurar su propio bienestar y el de su familia. El Estado, por lo tanto, debe al menos promover las condiciones mínimas necesarias y asumir el deber de eliminar los obstáculos que impidan la realización de este derecho. En este caso, las condiciones de vida de los demandantes impedían la realización de su derecho al bienestar, ya que los riesgos y problemas derivados de la falta de servicios públicos básicos les impedían alcanzar una calidad de vida adecuada.
En consideración a los derechos vulnerados, el Tribunal declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional. Señaló que las vulneraciones a la Constitución constituían un problema estructural presente en diversas comunidades empobrecidas de la región. Debido a la gravedad de la situación, el Tribunal ordenó a las entidades demandadas:
El gobierno y las entidades estatales correspondientes debían cesar el vertido de residuos sin tratar dentro de los 30 días posteriores a la sentencia para cumplir con las órdenes del Tribunal, y se les concedieron 45 días para presentar un plan de acción ante el juzgado de ejecución y la Defensoría del Pueblo para implementar los cambios estructurales, como la construcción del sistema de canales. El juzgado civil de Loreto y la Defensoría del Pueblo quedaron a cargo de supervisar la ejecución del plan de acción de las entidades demandadas.
No obstante, la ejecución de la sentencia ha sido compleja. En junio de 2024, el Tribunal emitió una nueva orden solicitando al gobierno y a sus ministros que proporcionaran información al juzgado de ejecución sobre los obstáculos institucionales que impedían la plena implementación y cumplimiento de la sentencia de julio de 2023, así como sobre sus capacidades actuales para remediar la situación inconstitucional que afecta a la ciudadanía.
En el ámbito nacional, este es el primer caso en el que el Tribunal Constitucional reconoce y exige la necesidad de cambios estructurales para garantizar el acceso al agua limpia y combatir la contaminación ambiental. En el contexto del derecho internacional, se suma a una creciente jurisprudencia que reconoce la existencia de un derecho humano a un ambiente saludable (calificado en este caso como un ambiente “equilibrado y adecuado”). Asimismo, el caso constituye un ejemplo de cómo los tribunales pueden fallar a favor de comunidades empobrecidas que buscan mejorar sus condiciones de vida a través del sistema judicial. El uso del litigio permitió la reivindicación de sus derechos, apoyándose tanto en jurisprudencia nacional como internacional, y dio lugar a una sentencia ejecutable destinada a mejorar las condiciones que provocaron la vulneración de dichos derechos.
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