El Tribunal Constitucional del Perú determinó que los residentes de dos asentamientos empobrecidos vivían en un entorno contaminado e insalubre que vulnera sus derechos constitucionales, y ordenó a las entidades estatales demandadas corregir la situación que pone en riesgo la salud de los habitantes.
El gobierno y las entidades estatales correspondientes debían cesar el vertido de residuos sin tratar dentro de los 30 días posteriores a la sentencia para cumplir con las órdenes del Tribunal, y se les concedieron 45 días para presentar un plan de acción ante el juzgado de ejecución y la Defensoría del Pueblo para implementar los cambios estructurales, como la construcción del sistema de canales. El juzgado civil de Loreto y la Defensoría del Pueblo quedaron a cargo de supervisar la ejecución del plan de acción de las entidades demandadas.
No obstante, la ejecución de la sentencia ha sido compleja. En junio de 2024, el Tribunal emitió una nueva orden solicitando al gobierno y a sus ministros que proporcionaran información al juzgado de ejecución sobre los obstáculos institucionales que impedían la plena implementación y cumplimiento de la sentencia de julio de 2023, así como sobre sus capacidades actuales para remediar la situación inconstitucional que afecta a la ciudadanía.
En el ámbito nacional, este es el primer caso en el que el Tribunal Constitucional reconoce y exige la necesidad de cambios estructurales para garantizar el acceso al agua limpia y combatir la contaminación ambiental. En el contexto del derecho internacional, se suma a una creciente jurisprudencia que reconoce la existencia de un derecho humano a un ambiente saludable (calificado en este caso como un ambiente “equilibrado y adecuado”). Asimismo, el caso constituye un ejemplo de cómo los tribunales pueden fallar a favor de comunidades empobrecidas que buscan mejorar sus condiciones de vida a través del sistema judicial. El uso del litigio permitió la reivindicación de sus derechos, apoyándose tanto en jurisprudencia nacional como internacional, y dio lugar a una sentencia ejecutable destinada a mejorar las condiciones que provocaron la vulneración de dichos derechos.
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