Se espera que la Asamblea General de la ONU apruebe en noviembre los términos de referencia para la negociación de un Convenio Marco de Cooperación Internacional en cuestiones de Tributación (UNFCITC). Este será el último hito de una iniciativa histórica para desplazar el establecimiento de normas mundiales sobre cooperación fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que solo representa los intereses de las 38 naciones más industrializadas, a la ONU, donde todos los países tienen voz.
Como colectivo de la sociedad civil que trabaja por la justicia social, económica, racial y climática, pedimos a la OCDE que apoye el proceso de la ONU y dé una respuesta constructiva a las preocupaciones planteadas tanto por los expertos de la ONU como por la sociedad civil de que su propuesta de “solución de dos pilares” al abuso fiscal transfronterizo perjudicaría los derechos humanos en los países en desarrollo.
En diciembre del año pasado, un grupo de ocho expertos en derechos humanos de la ONU, entre ellos el Experto Independiente sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el Racismo y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, hicieron una presentación histórica ante la OCDE en la que advertían de las repercusiones negativas sobre los derechos humanos de su “propuesta de los dos pilares”. Los expertos advirtieron que las reformas de la OCDE aumentarían las desigualdades raciales y de género entre los países, al tiempo que privarían a los países del Sur Global, ya empobrecidos, de ingresos muy necesarios para financiar los derechos económicos, sociales y culturales. La presentación también pone de manifiesto que las reformas de la OCDE perjudicarían a los países no blancos del Sur Global, impidiendo así su derecho al desarrollo y exacerbando la pobreza y la desigualdad.
En agosto, un comité ad hoc creado en virtud de una resolución presentada por el Grupo Africano adoptó los términos de referencia para negociar por aplastante mayoría, con 110 países a favor, 44 abstenciones y 8 países que votaron en contra. Los términos de referencia se destacan porque incluyen la adhesión a los principios de derechos humanos como objetivo del Convenio. La mayoría de los Estados de la OCDE se abstuvieron en la votación, mientras que varios se opusieron a la moción. La OCDE ya había intentado anteriormente socavar las reformas en materia de derechos humanos a través del proceso de la ONU. Durante toda la sesión del comité ad hoc, los países de la OCDE defendieron que el proceso de la ONU debe seguir siendo complementario a las reformas paralelas de la OCDE; que el proceso de la ONU equivale a una duplicación; y que el acuerdo debe alcanzarse por consenso, un criterio que permitiría de forma solapada el poder de veto de los países de la OCDE.
Como colectivo de organizaciones que trabajan por la justicia social, económica, racial y climática, escribimos a la OCDE en mayo, exigiéndole que respondiera de manera constructiva a los argumentos y pruebas presentados por los expertos en derechos humanos de la ONU y que se comprometiera a llevar a cabo evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos -incluido el posible impacto racial y de género- de las “propuestas de los dos pilares”.
Recibimos una respuesta de la OCDE insatisfactoria en la que insistían en que están “plenamente comprometidos con los mecanismos de derechos humanos de la ONU”, “apoyan la igualdad de género” y “luchan contra todas las formas de discriminación”. Sin justificar su afirmación, la OCDE alegó que su impuesto de sociedades mínimo mundial sería beneficioso para los países del Sur Global. La OCDE también alegó que, dado que cada país tiene la “opción soberana” de decidir si participa en sus reformas fiscales, es injusto acusarla de cualquier tipo de acto indebido.
En agosto, respondimos a la OCDE reiterando los efectos nocivos de sus “propuestas de dos pilares” para los países del Sur Global. Entre los principales motivos de preocupación se encuentran el hecho de que su impuesto de sociedades mínimo mundial daría lugar a una carrera a la baja, que los ingresos recaudados serían minúsculos y que la OCDE no ha podido contrarrestar las pruebas del impacto negativo de sus propuestas sobre la raza y el género.
También expresamos nuestra preocupación por lo poco democráticos que han sido los procesos de reforma fiscal de la OCDE, que en numerosas ocasiones han dejado de lado los intereses de los países del Sur. Por ejemplo, los países del Sur Global han presionado para que se adopten enfoques diferentes de la tributación internacional, como la tributación unitaria y un umbral más alto para un impuesto de sociedades mínimo, que garantizaría una asignación más equitativa de los derechos fiscales y abordaría las desigualdades incorporadas a la arquitectura financiera internacional. También destacamos ejemplos de cómo la OCDE ha anulado la soberanía de los Estados, especialmente en el Sur Global, y ha utilizado tácticas coercitivas para garantizar que el cumplimiento de sus normas sea ineludible.
Hasta la fecha, la OCDE no ha respondido a nuestra segunda carta, lo que nos impulsa a hacer pública esta correspondencia de acuerdo con los principios universales de transparencia y responsabilidad.
La OCDE ha liderado los procesos de reforma fiscal mundial durante más de seis décadas, tras haber recibido esta responsabilidad de un pequeño número de naciones poderosas durante la era de la descolonización. En otras ocasiones hemos puesto de manifiesto que la creación de paraísos fiscales, que son parte integrante de un sistema de abuso fiscal internacional que desvía 492.000 millones de dólares de las autoridades fiscales cada año, también fue impulsada por la descolonización.
Este enfoque neocolonial de la gobernanza fiscal mundial ha quedado obsoleto. Los expertos en derechos humanos de la ONU estaban en lo cierto cuando afirmaron que el proceso liderado por la ONU representa una “oportunidad única en la vida” para reformar la arquitectura financiera internacional de modo que sea adecuada para su propósito y pueda abordar la policrisis de nuestro tiempo -incluidas las crisis de la deuda, el clima, la pobreza y la desigualdad-, todas las cuales afectan de manera desproporcionada a los países del Sur Global.
Ya no basta con que la OCDE se comprometa retóricamente con los derechos humanos; debe demostrar su compromiso con una gobernanza económica mundial centrada en lograr la dignidad para todos dentro de los límites planetarios.
Firmantes:
Center for Economic and Social Rights
The Government Revenue and Development Estimations (GRADE)
Steven Dean, profesor de derecho, Boston University (firmado en carácter individual)
