El pasado 6 de julio de 2026, la comunidad garífuna de San Juan, Tela, sufrió un violento desalojo ejecutado por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño. Según informó la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), cientos de agentes de la Policía Nacional ingresaron al territorio ancestral de San Juan, que como tal cuenta con una protección jurídica especial, utilizando gases lacrimógenos, disparos con munición real, amenazas y un uso desproporcionado de la fuerza contra la comunidad.
Como resultado, al menos cinco defensoras y defensores garífunas fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos líderes comunitarios que ejercían su legítimo derecho a defender su territorio ancestral. Asimismo, preocupa profundamente que, en un primer momento, se negara el acceso del equipo legal de OFRANEH a las personas detenidas, vulnerando el derecho a la defensa y representación legal, y las garantías del debido proceso.
Estos hechos no constituyen un incidente aislado. Se inscriben en un patrón sistemático de despojo, criminalización, militarización, racismo institucional y violencia contra el pueblo garífuna, documentado durante décadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La situación resulta especialmente alarmante considerando los antecedentes de desapariciones forzadas de jóvenes garífunas y la persistente impunidad que rodea estos crímenes.
La Red-DESC, expresa su más profunda solidaridad con nuestra organización miembra, la OFRANEH y observa con profunda preocupación que este operativo se produce en el contexto de la reciente implementación de la denominada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, una legislación ampliamente denunciada por organizaciones indígenas, garífunas y de derechos humanos por facilitar el despojo territorial y favorecer intereses económicos privados por encima de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La actuación del Estado hondureño vulnera múltiples obligaciones internacionales en materia de derechos humanos reconocidas en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado y ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos relativos a la Comunidad Garífuna. Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Estos instrumentos reconocen y protegen, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas y tribales a sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a la vivienda adecuada; el derecho a la alimentación; el derecho al agua; el derecho a participar en la vida cultural; el derecho a la libre determinación; el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado; así como los derechos a la libertad, la integridad personal y a defender los derechos humanos sin sufrir represalias.
La Red-DESC recuerda, además, que la comunidad garífuna de San Juan cuenta con una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 29 de agosto de 2023, que reconoce sus derechos territoriales ancestrales y obliga al Estado de Honduras a garantizar la protección efectiva de dicho territorio, a adoptar medidas de no repetición y a abstenerse de realizar acciones que comprometan el goce de estos derechos. La ejecución de un desalojo violento y la criminalización de quienes defienden su territorio constituyen un incumplimiento directo de las obligaciones internacionales derivadas de esa sentencia y una grave afrenta al Estado de derecho.
Resulta igualmente preocupante que, apenas unos días antes de estos hechos, la Policía Nacional hubiera emitido una circular en la que se comprometía a respetar los territorios indígenas y tribales. La violencia desplegada posteriormente en San Juan contradice ese compromiso y pone de manifiesto la brecha entre las obligaciones asumidas por el Estado y su actuación en el territorio.
La defensa del territorio garífuna no constituye únicamente una reivindicación sobre la tierra. Para el pueblo garífuna, el territorio es la base de su identidad colectiva, su cultura, su espiritualidad, sus formas de vida, su soberanía alimentaria y su propia supervivencia como pueblo. Atacar estos territorios supone vulnerar de manera indivisible los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de la comunidad.
Ante esta grave situación, la Red-DESC le exige al Estado de Honduras a:
- Ponga fin a la persecución judicial y la criminalización de las personas defensoras garífunas, retirando los cargos infundados presentados contra las cinco personas detenidas durante el desalojo de San Juan.
- Cesar de inmediato toda acción de hostigamiento, criminalización, militarización y violencia contra las comunidades garífunas y quienes defienden sus derechos.
- Retirar las fuerzas policiales del territorio de la comunidad de San Juan.
- Cumplir plenamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a los derechos territoriales del pueblo garífuna, garantizando la protección efectiva de sus territorios ancestrales y las garantías de no repetición.
- Investigar de manera pronta, independiente e imparcial el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante el operativo, asegurando la rendición de cuentas de todos los responsables.
- Revisar y derogar aquellas leyes, políticas y prácticas que facilitan el despojo de los territorios indígenas y afrodescendientes en contravención del derecho internacional de los derechos humanos.
Asimismo, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las Relatorías Especiales de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, sobre el derecho a una vivienda adecuada y sobre las formas contemporáneas de racismo, así como a la comunidad internacional, para que den seguimiento urgente a esta situación y exijan al Estado hondureño el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
