Expresamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas, con nuestra organización miembro Women’s Rehabilitation Centre (WOREC) y con las organizaciones de la sociedad civil de Nepal, e instamos al Gobierno de Nepal a detener de inmediato cualquier nuevo desalojo forzoso y a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho nacional e internacional de los derechos humanos.
Según la información documentada por organizaciones de la sociedad civil nepalesa, más de 1.500 viviendas fueron demolidas en un período de dos días, provocando el desplazamiento de aproximadamente 3.500 familias (alrededor de 11.000 personas). Muchas de las personas afectadas han vivido en estas comunidades durante décadas e incluyen a personas dalit, pueblos indígenas, hogares encabezados por mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, familias desplazadas por conflictos y sobrevivientes de desastres naturales. En el momento de redactar este comunicado, no se había anunciado públicamente ningún plan integral de reasentamiento, dejando a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, con graves afectaciones a sus derechos humanos más fundamentales y enfrentando una profunda incertidumbre respecto de su futuro.[0]
La Red-DESC se hace eco de las preocupaciones expresadas recientemente por los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, sobre el derecho a una vivienda adecuada y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, quienes instaron al Gobierno de Nepal a detener los desalojos forzosos masivos y recordaron a las autoridades que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe los desalojos que resulten en la falta de vivienda o que expongan a las personas a nuevas violaciones de derechos humanos. Los expertos advirtieron además que las demoliciones denunciadas parecían haberse llevado a cabo pese a la ausencia de viviendas alternativas adecuadas y exhortaron a las autoridades a garantizar una consulta significativa y la participación efectiva de las comunidades afectadas en cualquier proceso de traslado o reasentamiento.[1]
Los desalojos denunciados suscitan serias preocupaciones en relación con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que protege el derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha afirmado reiteradamente que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el Pacto y solo pueden producirse en circunstancias excepcionales y en pleno cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Esto debe incluir una consulta genuina, una notificación adecuada, acceso a recursos legales efectivos y la provisión de una vivienda alternativa adecuada antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo.[2]
La información recopilada por organizaciones de la sociedad civil indica que estas garantías no fueron respetadas. Según los informes, las familias recibieron escaso preaviso, no se había asegurado una vivienda alternativa antes de las demoliciones y amplios despliegues de fuerzas de seguridad acompañaron la operación. Los informes también indican que líderes comunitarios fueron detenidos antes de los desalojos, lo que genera preocupaciones adicionales respecto de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).[3]
Nos preocupan especialmente los informes relativos a las condiciones existentes en los centros temporales de acogida, donde familias desplazadas —incluidas mujeres embarazadas, mujeres en período de posparto, bebés, niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad— habrían sido alojadas en condiciones de hacinamiento, con privacidad insuficiente, servicios sanitarios inadecuados, alimentación insuficiente y acceso limitado a medios de subsistencia. Los informes indican la ausencia de instalaciones y servicios adecuados para mujeres y niñas y niños, restricciones a la libertad de circulación y obstáculos significativos para acceder al trabajo, la educación y la atención sanitaria.[4] Estas condiciones generan serias preocupaciones respecto de las obligaciones de Nepal en virtud del PIDESC, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y el PIDCP, todos ellos tratados ratificados por Nepal y que, por tanto, generan obligaciones jurídicas internacionales vinculantes para el Estado.[5]
Los desalojos también parecen contradecir el propio marco constitucional y jurídico de Nepal. La Constitución de Nepal garantiza los derechos a la dignidad, a una vivienda adecuada, a la alimentación, a la igualdad y a la protección contra la discriminación, al tiempo que obliga al Estado a proporcionar tierras a las personas dalit sin tierra y a apoyar la identificación y rehabilitación de comunidades marginadas mediante medidas relacionadas con la vivienda, la tierra y los medios de vida. Además, en julio de 2024, la Corte Suprema de Nepal dictaminó que el desalojo de asentamientos situados en las riberas de los ríos solo podía llevarse a cabo una vez que se hubiera garantizado una vivienda adecuada y alternativas apropiadas para las familias genuinamente sin tierra. Asimismo, en mayo de 2026, la Corte Suprema de Nepal emitió una orden provisional instruyendo al Gobierno a no desalojar ni desplazar a ocupantes informales y habitantes de asentamientos precarios de sus lugares actuales sin seguir el debido procedimiento legal. En consecuencia, la ausencia denunciada de viviendas alternativas adecuadas, la falta de un plan integral de reasentamiento y el desplazamiento resultante de miles de personas constituyen violaciones flagrantes de estas garantías constitucionales y directrices judiciales.
La Red-DESC es una red global integrada por 360 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan en más de 80 países y territorios para promover la justicia económica, social, cultural y ambiental.
La Red-DESC insta al Gobierno de Nepal a:
- Detener inmediatamente todos los desalojos forzosos en curso o planificados y abstenerse de cualquier acción que resulte en la falta de vivienda, el desplazamiento o nuevas violaciones de derechos humanos.
- Garantizar que ninguna persona quede sin hogar como consecuencia de acciones estatales, de conformidad con la Constitución de Nepal y sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
- Garantizar una vivienda adecuada y condiciones de vida dignas para todas las personas desplazadas, incluido el acceso a alimentos, agua potable segura, saneamiento, atención sanitaria, educación, protección social y oportunidades de subsistencia.
- Atender las necesidades urgentes de quienes residen actualmente en centros temporales de acogida, en particular mujeres, niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o en período de lactancia, garantizando el acceso a una alimentación adecuada, atención sanitaria, privacidad y protección.
- Restituir las viviendas, siempre que sea posible y de conformidad con los deseos de las personas afectadas, a todas aquellas personas que hayan sido desalojadas ilegalmente, reconociendo su derecho a la seguridad de la tenencia y adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que puedan residir en sus hogares en condiciones adecuadas, con acceso a servicios básicos e infraestructura de saneamiento.
- Respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluyendo el cese inmediato de la criminalización, el acoso, la intimidación o la detención arbitraria de líderes comunitarios, personas defensoras de derechos humanos y quienes defienden los derechos a la vivienda y a la tierra.
- Establecer un proceso de reasentamiento transparente, participativo y basado en los derechos humanos, desarrollado mediante consultas significativas con las comunidades afectadas y conforme a las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho de las personas desplazadas a participar en las decisiones que afectan sus vidas y su futuro.
- Desarrollar soluciones duraderas y equitativas frente a la falta de acceso a la tierra y la inseguridad habitacional, abordando las causas estructurales de la exclusión y garantizando el acceso a una vivienda adecuada, a la tierra y a la seguridad de la tenencia para las comunidades marginadas.
Referencias
[0] WOREC Nepal et al., Demolished Homes, Contained Lives: A Feminist Human Rights Analysis of the Forced Eviction of Sukumbasi Communities from Kathmandu Valley’s Riverbanks and the Conditions at the Kirtipur Holding Centre (abril de 2026), Resumen Ejecutivo y Secciones 1–2.
[1] Relatores Especiales de las Naciones Unidas, UN experts urge Nepal to halt mass forced evictions in Kathmandu (mayo de 2026).
[2] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 4 (1991) y Observación General Nº 7 (1997).
[3] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 19, 21 y 22; WOREC Nepal et al., Secciones 2 y 5.
[4] WOREC Nepal et al., Secciones 4 y 5.
[5] PIDESC arts. 11 y 12; CEDAW arts. 2 y 14; CDN arts. 3, 24, 27 y 28; PIDCP arts. 12 y 17.
