A lo largo de los debates sobre financiamiento climático, transición justa e implementación, persistieron los desacuerdos históricos en torno a la responsabilidad histórica, la rendición de cuentas y el papel del poder corporativo. Lejos de reducir estas brechas, las negociaciones volvieron a poner en evidencia las limitaciones políticas del proceso climático de la ONU, mientras los países del Norte Global continuaron resistiéndose a abordar las causas estructurales de la crisis climática, entre ellas el extractivismo, el militarismo y la captura corporativa.
Financiamiento reparador más allá del militarismo y la impunidad corporativa
El financiamiento climático volvió a ser el principal punto de tensión durante toda la sesión de Bonn. Los países del Norte Global continúan negándose a reconocer el financiamiento como una obligación derivada de su responsabilidad h los principios de la justicia reparadora. Al destacar los USD 136.000 millones supuestamente movilizados en 2024, intentaron presentar la narrativa de que están cumpliendo con sus compromisos. Sin embargo, esa cifra resulta claramente insuficiente frente al ya limitado objetivo de USD 300.000 millones anuales para 2035 establecido en la Nueva Meta Colectiva Cuantificada (NCQG), y aún más distante de los USD 1,3 billones anuales reclamados por los países del Sur Global en el paquete de Bakú, que ni siquiera debería representar el techo de la ambición. Los movimientos por la justicia climática exigen al menos USD 5 billones anuales de financiamiento público provenientes del Norte Global, una cifra plenamente alcanzable si se considera la riqueza y capacidad fiscal de los países del Anexo II.
Los bloqueos persistentes en Bonn demuestran que los países del Norte Global siguen eludiendo sus obligaciones, particularmente las establecidas en el artículo 9.1 del Acuerdo de París, que les exige proporcionar financiamiento justo, suficiente y libre de endeudamiento a los países del Sur Global. Cada vez que las discusiones pasaron de las promesas generales a la pregunta concreta sobre quién debe aportar los recursos financieros e institucionales necesarios para hacer posible la adaptación, la transición justa y la acción climática, estos países bloquearon cualquier avance.
Durante las negociaciones, varios países del Norte Global —entre ellos Canadá, Japón, Reino Unido, Noruega y la Unión Europea— evitaron reconocer el artículo 9.1 como el fundamento jurídico del financiamiento climático. En su lugar, insistieron en “optimizar” la arquitectura financiera existente y en movilizar recursos provenientes de “diversas fuentes”. En contraste, grupos de países del Sur Global, como la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), subrayaron que el financiamiento debe ser suficiente, accesible, predecible y, sobre todo, una obligación de los países desarrollados.
Como señaló Ranjana Giri, del Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD):
“La SB64 no logró responsabilizar al Norte Global por el financiamiento climático reparador. En todas las salas de negociación —ya fuera sobre el Objetivo Global de Adaptación, el Mecanismo Belém-Antalya, el Plan de Acción de Género de Belém o Agricultura y Alimentación— los países del Norte Global guardaron silencio sobre los medios de implementación mientras seguían escudándose en la ayuda, la inversión y las finanzas privadas. Esto termina trasladando la carga de la acción climática a los países del Sur Global y profundizando las trampas de la deuda. Es lamentable que cada año las negociaciones climáticas se conviertan más en espacios de discursos que en procesos capaces de cumplir sus promesas de financiamiento climático.”
Al mismo tiempo, no podemos permitir que el debate sobre el financiamiento reduzca el significado de las reparaciones. La Red-DESC ha sostenido de manera consistente que, además de garantizar un flujo real de recursos públicos del Norte hacia el Sur Global, la justicia reparadora debe reconocer plenamente el derecho a las reparaciones. Esto incluye la restitución, el acceso a recursos efectivos, las garantías de no repetición, la protección de los pueblos y de quienes defienden los derechos humanos, así como el reconocimiento de los daños irreversibles y no económicos que no pueden reducirse a una compensación monetaria.
Como parte del Subgrupo de Antimilitarismo, la Red-DESC también contribuyó a la elaboración de la Declaración Conjunta contra la Guerra y de las recomendaciones que orientaron el trabajo colectivo del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Cambio Climático (HRCC WG) durante la SB64. La declaración buscó fortalecer las demandas de rendición de cuentas de los Estados y del complejo militar-industrial, cuya violencia, emisiones y sistemas de impunidad son inseparables de la emergencia climática. Son los mismos Estados que continúan destinando recursos públicos a la expansión de los combustibles fósiles, la industria armamentística y las ocupaciones ilegales, mientras mantienen las emisiones militares y al complejo militar-industrial fuera de cualquier mecanismo efectivo de rendición de cuentas.
Como señaló Ana Sánchez, coordinadora de la campaña del Embargo Energético Global para Palestina (GEEP por sus siglas en inglés)
“No existe una transición justa construida con el combustible del genocidio. En Bonn, una vez más, el comercio de energía fue tratado como un asunto técnico e inevitable, mientras los Estados siguieron protegiendo al complejo militar-industrial y a las cadenas corporativas de suministro que sostienen el genocidio, el apartheid y la ocupación de Israel. Una transición que protege a las empresas comercializadoras, refinadoras y navieras, y a la industria armamentística que se benefician del despojo, no es más que impunidad con otro nombre. La justicia reparadora exige una regulación vinculante que subordine la gobernanza energética a los derechos humanos y a la libre determinación de los pueblos, así como un embargo energético que ponga fin al suministro que sostiene el genocidio.”
Al mismo tiempo, los miembros de la Red-DESC insistieron en que una acción climática significativa también depende de la protección del espacio cívico y de garantizar la participación segura de quienes se encuentran en la primera línea de la crisis climática. Como afirmó Camilla Pollera, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL):
“Ha concluido otra ronda de negociaciones climáticas mientras demasiadas voces críticas siguen ausentes de la SB64. La reducción del espacio cívico, los ataques y las detenciones arbitrarias contra pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluidas Daria Egereva y Natalia Leongardt, forman parte de intentos deliberados por silenciar a quienes exigen justicia climática y rendición de cuentas. Proteger a quienes están en la primera línea de la acción climática y garantizar su participación segura son obligaciones jurídicas y condiciones indispensables para una acción climática creíble. La CMNUCC debe reflejar esta realidad en todo su trabajo.”
Los miembros y aliados de la Red-DESC también reafirmaron este análisis político en distintos espacios, entre ellos un evento paralelo celebrado en las últimas horas de las negociaciones sobre la rendición de cuentas desde una perspectiva feminista del financiamiento reparador y la transición justa. Como señaló Jax Bongon, de Ibon International, durante el evento Demanding Accountability for Gender-Just Reparative Climate Finance and Just Transition:
“Lo que necesitamos es ampliar el control democrático sobre los recursos y crear las condiciones para que los pueblos puedan ejercer su derecho a la libre determinación y al desarrollo.”
El Mecanismo para una Transición Justa (JTM): entre la rendición de cuentas y la captura corporativa
Aunque la SB64 avanzó en el texto para operacionalizar el Mecanismo para una Transición Justa (JTM), el resultado quedó muy lejos de garantizar el contenido político necesario para una transición verdaderamente justa y equitativa. Tras haber conseguido en la COP30 uno de los lenguajes operativos más sólidos en materia de derechos humanos, las Partes no lograron resolver la cuestión central: si el JTM será un instrumento basado en los derechos humanos y la rendición de cuentas, o si terminará convertido en otro proceso tecnocrático dentro de la CMNUCC.
Los grupos de países del Sur Global, incluidos los Países en Desarrollo de Ideas Afines (LMDC), el G77 y China, y el Grupo Africano, defendieron de forma consistente un mecanismo que vaya más allá del diálogo y la cooperación voluntaria. Insistieron en que el JTM debe movilizar financiamiento nuevo, adicional, predecible y público; apoyar planes nacionales y locales de transición justa; y mantenerse firmemente anclado en los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas (CBDR-RC). En su declaración de cierre, Uruguay, en nombre del G77 y China, pidió específicamente un mecanismo orientado a la implementación y alineado con las necesidades, prioridades y realidades de desarrollo del Sur Global.
Por el contrario, países del Norte Global como Canadá, Japón y el Reino Unido buscaron reducir el JTM a un mecanismo de coordinación que opere únicamente con los recursos existentes, rechazando propuestas que implicaran nuevas obligaciones financieras, apoyo específico o mecanismos más sólidos de rendición de cuentas.
El texto del JTM también hace referencia a la inclusión de manera general, pero no institucionaliza una participación significativa ni garantiza poder de decisión para trabajadores, pueblos indígenas, campesinado, comunidades pesqueras, mujeres y otras comunidades en primera línea de la crisis climática. En su forma actual, el mecanismo corre el riesgo de convertirse en otra plataforma burocrática de la CMNUCC, a menos que se sustente en compromisos vinculantes de financiamiento climático público, accesible, basado en subvenciones, libre de endeudamiento y acompañado de reparaciones.
Como afirmó Budi Tjahjono, de Franciscans International:
“Una vez más, el Norte Global se niega a asumir el compromiso de contribuir a un instrumento financiero sólido, dejando al Mecanismo para una Transición Justa sin los recursos necesarios y en riesgo de convertirse en una iniciativa meramente simbólica. El lenguaje sobre salvaguardas de derechos humanos sigue siendo débil, lo que genera preocupación de que las comunidades más vulnerables continúen enfrentando riesgos desproporcionados.”
Bonn dejó sin resolver la lucha de los pueblos por una transición justa y equitativa que no reproduzca los mismos sistemas de explotación responsables del agravamiento de la crisis climática. De cara a la COP31, la Red-DESC reafirma el análisis político y las demandas planteadas en su presentación conjunta al Programa de Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos sobre Transición Justa (JTWP) para la operacionalización del Mecanismo para una Transición Justa.
El JTM debe estar firmemente anclado en sus principios rectores y respetar las líneas rojas identificadas por los movimientos sociales. Solo así será posible garantizar que los países y comunidades del Sur Global puedan impulsar transiciones que respeten los derechos humanos y respondan a sus propias prioridades de desarrollo, en lugar de quedar subordinadas al lucro corporativo, el endeudamiento, el militarismo y las dinámicas del poder geopolítico.
