Con esa advertencia, organizaciones de la sociedad civil cerraron las más recientes consultas intersesionales del proceso del tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos, celebradas en Ginebra en mayo de 2026.

Más de 35 Estados participaron en las discusiones, junto con representantes de comunidades afectadas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. También estuvieron presentes grupos de lobby empresarial, que continuaron sus esfuerzos por debilitar las negociaciones del tratado.

Las consultas se centraron en el Preámbulo y el Artículo 1 del borrador del tratado, disposiciones que definen su propósito y principios rectores.

Aunque a primera vista parecían discusiones técnicas, los debates reflejaron cuestiones políticas más profundas que enfrenta la negociación: si el tratado seguirá siendo fiel a su mandato original de enfrentar la impunidad corporativa, o si los esfuerzos por lograr un consenso político más amplio darán lugar a un instrumento más débil.

Las personas participantes señalaron tanto signos alentadores de compromiso como persistentes desacuerdos políticos.

“Los Estados participaron profundamente en el contenido de los artículos, incluyendo un muy buen análisis de posibles vacíos en el derecho internacional respecto de la rendición de cuentas empresarial”, afirmó Ana María Suárez Franco, de FIAN Internacional.

Al mismo tiempo, señaló que persisten desacuerdos significativos.

“Vimos que Arabia Saudita y Japón, así como el Reino Unido y Rusia, realizaron algunas intervenciones defensivas que no contribuyeron al avance de un instrumento sólido y jurídicamente vinculante”.

Un debate sobre mucho más que texto jurídico

Participantes de la sociedad civil subrayaron que las discusiones se centraban, en última instancia, en si el tratado permanece fiel al mandato establecido por la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos, que lanzó el proceso en 2014 para abordar la impunidad corporativa y mejorar el acceso a la justicia de las comunidades afectadas.

En una declaración conjunta presentada por la Treaty Alliance, ESCR-Net, Feminists for a Binding Treaty y la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, las organizaciones advirtieron contra los intentos de debilitar el tratado en nombre del compromiso político.

“Este proceso no puede terminar con un instrumento debilitado moldeado por compromisos políticos o captura corporativa”.

La declaración también enfatizó por qué se iniciaron las negociaciones del tratado.

“Estas negociaciones se crearon precisamente porque los enfoques voluntarios han fracasado en detener violaciones y abusos generalizados de derechos humanos por parte de las corporaciones”.

Defensoras, defensores y campañas expresaron preocupación por los intentos de diluir las disposiciones relativas a responsabilidad empresarial, acceso a la justicia, jurisdicción, cooperación internacional y rendición de cuentas a lo largo de las cadenas globales de suministro y valor.

Medio ambiente, conflicto armado y autodeterminación

Varias intervenciones de la sociedad civil destacaron la importancia de que el tratado refleje la evolución de las normas internacionales y responda adecuadamente a las realidades que motivaron las negociaciones.

En una declaración conjunta, Franciscans International, el Center for International Environmental Law (CIEL), FIAN International y el International Service for Human Rights describieron el Preámbulo y el Artículo 1 como “claves para enmarcar el futuro tratado y subrayar su urgencia y alcance”. Las organizaciones sostuvieron que ambas disposiciones deberían reconocer explícitamente la relación entre las actividades empresariales, el daño ambiental, el conflicto armado y sus impactos interrelacionados, tal como se reflejaba en versiones anteriores del tratado.

“Vemos el enorme costo que tienen los conflictos armados y el genocidio sobre las personas y el medio ambiente, así como las ganancias que obtienen las corporaciones, ya sea en los sectores de armas, tecnología o extractivo, entre otros. La impunidad de las corporaciones, junto con la de los Estados, solo perpetúa el conflicto y sus graves impactos”.

La intervención también pidió un reconocimiento más sólido del derecho a la autodeterminación dentro del marco del tratado. Refiriéndose a los comentarios del Estado de Palestina durante las consultas, las organizaciones argumentaron que la autodeterminación sigue siendo un principio fundamental del derecho internacional y propusieron un lenguaje que reafirme “el derecho a la autodeterminación y los derechos de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales”.

La intervención reflejó preocupaciones más amplias expresadas durante toda la sesión sobre la necesidad de mecanismos internacionales de rendición de cuentas capaces de abordar la participación empresarial en situaciones de conflicto armado, incluida la ocupación, la destrucción ambiental y graves violaciones de derechos humanos.

Franciscans International también expresó preocupación por la resistencia de algunos Estados al lenguaje ambiental en el tratado. Panuga Pulenthiran señaló que la oposición a las referencias al derecho a un medio ambiente saludable resultaba particularmente llamativa dado que dicho derecho ha sido reconocido por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y reafirmado por la Corte Internacional de Justicia.

Pulenthiran también destacó el papel de varios Estados en la defensa de protecciones más sólidas, señalando que Colombia, México, Palestina, y posteriormente Brasil y Uruguay, apoyaron de manera consistente una interpretación más amplia y progresista del tratado.

Preocupaciones similares fueron planteadas por la FIDH, que pidió un preámbulo más robusto que refleje con mayor claridad las razones por las cuales se lanzó el proceso del tratado. La organización argumentó que el borrador actual sigue poniendo demasiado énfasis en las posibles contribuciones positivas de las actividades empresariales “sin reconocer adecuadamente sus potenciales impactos negativos sobre los derechos humanos, que fueron precisamente los que motivaron este proceso”.

Hacia un nuevo borrador

La parte final de las consultas se centró en el futuro del proceso y la hoja de ruta hacia la próxima fase de negociaciones.

El Presidente-Relator anunció planes para publicar en septiembre de 2026 una metodología propuesta y un programa de trabajo para la 12ª sesión, seguidos de consultas regionales entre Estados antes de que las negociaciones se reanuden en octubre. También confirmó planes para preparar un borrador revisado del tratado en 2027.

Las organizaciones de la sociedad civil acogieron positivamente el compromiso de avanzar en el proceso, pero insistieron en que la calidad del futuro texto debe prevalecer sobre la rapidez.

“La búsqueda de un amplio apoyo estatal no puede hacerse a expensas del contenido sustantivo del tratado”.

En una segunda declaración conjunta presentada por ESCR-Net, la Treaty Alliance, Feminists for a Binding Treaty y la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, las organizaciones expusieron sus expectativas para la próxima fase de negociaciones. Propusieron que futuras revisiones del texto se guíen por dos principios: preservar las protecciones de derechos humanos más sólidas posibles e incorporar propuestas que ya hayan recibido un amplio apoyo de los Estados.

También subrayaron la necesidad de contar con tiempo suficiente para la consulta y revisión antes de publicar un nuevo borrador, argumentando que cualquier proceso de revisión debe fortalecer, y no diluir, el propósito original del tratado.

“Esta oportunidad histórica debe producir un cambio estructural en las normas jurídicas sobre rendición de cuentas empresarial”.