En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra adoptó una resolución en la que se creó un Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
Desde la fecha hasta la actualidad, se han realizado varios encuentros de negociaciones para avanzar en los borradores del tratado vinculante. Los principales temas debatidos incluyen: el alcance del tratado (qué empresas quedarían comprendidas); la debida diligencia obligatoria en derechos humanos; la responsabilidad civil y, en algunos casos, penal; el acceso a la justicia para las víctimas; la cooperación judicial internacional y la jurisdicción sobre empresas matrices y cadenas globales de suministro.
Entre las organizaciones que participan en su desarrollo, se encuentra la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC). La misma participó en el desarrollo del proceso del Tratado. “De hecho, fue un llamamiento impulsado por miembros y aliados de la Red-DESC el que contribuyó a poner en marcha este proceso”, comienza explicando Mona Sabella, coordinadora del área de rendición de cuentas corporativa de la Red-DESC para ComunicarSe.
Desde su perspectiva, ¿cómo evalúa la situación actual de las empresas y los derechos humanos?
Hoy existe un enorme vacío en el derecho internacional para proteger a las personas y las comunidades frente a violaciones de derechos humanos cometidas por corporaciones. Al mismo tiempo, la creciente concentración de riqueza y poder económico en manos de un reducido número de corporaciones transnacionales y actores ultrarricos plantea desafíos cada vez mayores para la protección de los derechos humanos.
El sistema económico actual se basa en la acumulación constante de capital y en la maximización de beneficios. Este modelo está generando niveles históricos de desigualdad. Según el Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026, el 10 % más rico de la población mundial concentra aproximadamente tres cuartas partes de la riqueza global, mientras que la mitad más pobre posee apenas el 2 %. Las aproximadamente 60.000 personas que integran el 0,001 % más rico del planeta controlan hoy tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad en su conjunto.
Para muchas comunidades, especialmente en el Sur Global, estas dinámicas reproducen patrones históricos de dominación colonial: territorios convertidos en zonas de extracción de recursos, comunidades desplazadas para dar paso a centros de datos, megaproyectos mineros o grandes infraestructuras, mientras los beneficios se concentran muy lejos de quienes soportan los costos sociales, ambientales y humanos.
Cuando las personas pierden el acceso a la vivienda, al agua o a un medio ambiente sano, con frecuencia se presta poca atención al papel que desempeñan la concentración del poder económico, la captura corporativa de los espacios de toma de decisiones y las profundas desigualdades estructurales. Sin embargo, muchos de estos conflictos están vinculados a modelos de desarrollo que priorizan las ganancias a corto plazo por encima de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
Para transformar esta situación necesitamos un instrumento jurídicamente vinculante que prevenga estas violaciones, fortalezca el acceso a la justicia y garantice la rendición de cuentas de las empresas transnacionales cuando se produzcan violaciones de derechos humanos. También necesitamos mecanismos que acaben con la influencia de las corporaciones en los procesos de toma de decisiones públicas. El Tratado Vinculante representa una oportunidad para establecer estándares internacionales de prevención y rendición de cuentas que posteriormente puedan implementarse y fortalecerse a nivel nacional.
¿Cómo surgió el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos?
El proceso surgió a partir de los llamamientos de movimientos sociales, comunidades y organizaciones de la sociedad civil a la comunidad internacional para adoptar un instrumento jurídico internacional que permita exigir responsabilidades a las empresas y a las élites económicas por sus acciones, especialmente cuando estas tienen un carácter transnacional. Muchas corporaciones transnacionales operan de manera explotadora, particularmente en contextos marcados por la violencia, los conflictos, la ocupación y la guerra. Gracias a vacíos existentes en el derecho internacional, con frecuencia logran eludir la rendición de cuentas por los abusos cometidos por sus filiales en el extranjero. Esta situación es inaceptable y debe abordarse con urgencia.
¿Cuáles son sus principales objetivos?
El objetivo principal del Tratado es regular la actuación de las corporaciones transnacionales y contribuir a poner fin a la impunidad empresarial. Aunque todavía no se ha definido cuál será el mecanismo específico que establecerá el instrumento, este deberá centrarse en las actividades de las empresas transnacionales. Es fundamental que estas puedan ser responsabilizadas a nivel internacional, especialmente cuando los mecanismos nacionales no existen, son ineficaces o carecen de voluntad para investigar y sancionar violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por empresas.
¿Qué mecanismos propone el Tratado para prevenir los abusos empresariales? ¿Cuál sería el principal rol de las empresas en el marco del Tratado y cómo deberían actuar los Estados?
El principal papel de las empresas debe ser cumplir con el derecho internacional. Si bien actualmente cuentan con orientaciones como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el objetivo de este tratado va más allá de las directrices voluntarias: busca establecer obligaciones jurídicamente vinculantes.
La necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención es evidente. Según el Business & Human Rights Resource Centre, en 2025 se documentaron 790 ataques contra personas defensoras de derechos humanos que denunciaban abusos empresariales en 80 países, la cifra más alta registrada desde 2020. Tres cuartas partes de estos ataques estuvieron dirigidos contra personas defensoras de la tierra, el clima y el medio ambiente, y cerca de un tercio afectó a pueblos indígenas. Estas cifras demuestran que, en muchos contextos, quienes buscan exigir rendición de cuentas continúan enfrentando amenazas, criminalización e incluso violencia.
En este proceso, el papel principal de las empresas debería consistir en abstenerse de interferir en la elaboración del tratado. De lo contrario, sería como invitar a una persona acusada de un delito a participar en la determinación de su propia condena.
¿Significa esto que todas las empresas son criminales? En absoluto. Pero cuando una empresa intenta debilitar los estándares de rendición de cuentas o reducir las obligaciones que podrían aplicarse, es legítimo preguntarse por qué.
Por su parte, los Estados deben escuchar las demandas de las comunidades y de las personas afectadas por el poder corporativo y garantizar que el instrumento jurídicamente vinculante establezca estándares sólidos en materia de prevención, rendición de cuentas y acceso a la justicia.
¿Qué países y grupos regionales han desempeñado un papel especialmente importante en las negociaciones?
En general, los países del Sur Global son los más afectados por la falta de rendición de cuentas de las corporaciones transnacionales. Por ello, muchos de ellos han participado activamente en este proceso y han desempeñado un papel destacado, como lo demuestra el liderazgo continuo de Ecuador en la presidencia del grupo de trabajo intergubernamental.
Dicho esto, es importante tener en cuenta cómo la evolución de la geopolítica en los últimos doce años ha influido inevitablemente no solo en el proceso del Tratado, sino también en el conjunto del sistema multilateral. Los últimos años han sido especialmente difíciles debido al genocidio en Palestina, la guerra en Sudán y otros conflictos y atrocidades que afectan a distintos países de África y Asia. Las consecuencias de esta situación se sienten en todo el mundo y han permitido que las élites económicas y quienes las respaldan sigan acumulando beneficios, mientras que el 99 % de la población enfrenta pérdidas de derechos, territorios, naturaleza y medio ambiente.
Por último, ¿cuáles son los principales desafíos para lograr la adopción del Tratado?
Es fundamental que los Estados respalden este Tratado porque, en última instancia, está diseñado para proteger a la gran mayoría de la población mundial. Permitir que las empresas sigan actuando con impunidad no beneficia ni a los Estados ni a sus pueblos.
El principal desafío es que algunos Estados, fuertemente influenciados o capturados por el poder corporativo, intentarán frenar este proceso y debilitar su contenido. Debemos proteger tanto el proceso como su propósito, especialmente ahora que es probable que el texto quede finalizado para su adopción en los próximos dos años. El momento de actuar y garantizar que este proceso cumpla su mandato es ahora.
