Consulta popular promovida por movimientos sociales rechaza proyecto minero en Colombia
El pasado 27 de marzo, los habitantes de la región de Cajamarca (Colombia) decidieron en una consulta popular democrática rechazar un proyecto minero en su región que amenaza una zona campesina medioambientalmente protegida.
La consulta popular, permitida por la Constitución de Colombia, preguntó a los habitantes de la comunidad si estaban de acuerdo o no con que en Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras. El resultado arrojó que 6.165 ciudadanos votaron por el No y 76 votos a favor del Sí, hubo 14 votos nulos y 41 votos sin marcar, para un total de 6.296 votantes. Esto supuso además que se superara el umbral para que la consulta sea vinculante, marcado en 5.438 votos
En ejercicio de la Consulta Popular como mecanismo democrático, basado en el derecho fundamental a la participación, los habitantes de Cajamarca expresaron así su rechazo al proyecto minero La Colosa que la multinacional Anglogold Ashanti pretende realizar en este territorio protegido.
Con su voto en contra, la comunidad de Cajamarca también expresó su rechazo ante las violaciones a los derechos al agua, a la vivienda, a la salud y a un medio ambiente adecuado que la construcción de la mina ponía en juego, al arrasar las tierras de las que los campesinos y pequeños propietarios dependen para sus medios de subsistencia.
El miembro de la Red-DESC Comité Ambiental en Defensa de la Vida, junto con otras organizaciones y comunidades dedicadas a la defensa de los territorios diversos, el agua y la vida, celebra la decisión del pueblo de Cajamarca en contra las políticas extractivas. Además, denuncia los supuestos intentos realizados por parte de actores a favor del proyecto minero de impedir que se alcanzara el umbral necesario para que el resultado fuese vinculante.
Dejusticia, miembro de la Red-DESC, informó en un artículo que las consultas populares son constitucionales, vinculantes y sí tienen efectos sobre las concesiones mineras.
Las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015 establecen de manera clara la obligación por cumplir con lo decidido por el pueblo en la Consulta Popular, mientras que la Corte Constitucional de Colombia ha sido enfática al manifestar los principios de autonomía territorial y capacidad de los entes territoriales de determinar los usos del suelo.
Las organizaciones y movimientos sociales involucrados en la consulta rechazan por ello las declaraciones del gobierno nacional y de Anglogold Ashanti que, supuestamente y bajo su punto de vista, buscan desconocer los resultados del Mecanismo Constitucional de Participación, y exigen el cumplimiento irrestricto de la decisión popular que deberá materializarse en la expedición del acuerdo municipal que prohíba la realización de la minería en el municipio de Cajamarca.
En un video producido por Dejusticia se explica las implicaciones legales de la Consulta Popular y la importancia de la misma.
Contexto
En respuesta al proyecto minero de Cajamarca, varias organizaciones y movimientos sociales a favor del derecho a la tierra y la consulta previa llevan varios años movilizándose. Muchos defensores y defensoras de derechos humanos de esta comunidad han sufrido represalias, violencia y criminalización en respuesta a su activismo.
En julio de 2016, la Red-DESC envió una carta al gobierno de Colombia expresando su preocupación por las amenazas recurrente recibidas por organizaciones defensoras del ambiente y los derechos humanos en el Departamento de Tolima, y solicitando protección, incluyendo las medidas de seguridad necesarias para las defensoras y los defensores ambientales y de derechos humanos para que puedan continuar realizando su trabajo sin acoso, hostigamiento, amenazas o interferencias de ningún tipo.
Del mismo modo, el informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó al Gobierno colombiano a tomar las medidas necesarias para asegurar que las defensoras y los defensores puedan seguir desarrollando sus actividades sin temor a sufrir represalias de ninguna índole y reiteró su preocupación por el grado de impunidad que prevalece en los casos de ataques y violaciones perpetradas en contra de defensoras y defensores en Colombia.