Impulsando colectivamente el derecho a un medio ambiente saludable

Fecha de Publicación: 
Lunes, 30 Enero 2023

En medio de una triple crisis planetaria (cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad) con riesgos existenciales e impactos devastadores para los derechos humanos de miles de millones de personas en todas las regiones del mundo, el reconocimiento universal en 2022 del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es especialmente significativo. Se ha dicho que este derecho proporciona una “orientación vital” contra las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales. El intenso trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los pueblos indígenas, entre ellos varios miembros de la Red-DESC, ha desempeñado un papel importante a la hora de garantizar este reconocimiento. Lo que importa de cara al futuro es la aplicación: cómo apoya este reconocimiento la realización de este derecho para todas las personas, y en particular para quienes más lo necesitan.

Antecedentes: El 28 de julio de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó por votación registrada una resolución que reconoce “el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano” y pide a los Estados y a otras partes interesadas pertinentes que adopten políticas y mejoren la cooperación internacional para garantizar este derecho humano para todas las personas. (161 Estados miembros votaron a favor; 0 en contra y 8 se abstuvieron: Belarús, Camboya, China, Etiopía, Irán, Kirguistán, la Federación Rusa y Siria). La resolución afirma, entre otras cosas, la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para el disfrute de todos los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras; reconoce el impacto desproporcionado de los daños medioambientales en los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la importancia de la igualdad de género; y destaca el papel vital de los derechos a la información, la participación y el recurso efectivo en la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Liliana Avila, abogada senior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y miembro del Grupo Asesor del Grupo de Trabajo de Ambiente y DESC de la Red-DESC, acogió con satisfacción la resolución diciendo que “este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas supone un llamado muy importante para que los Estados reconozcan que el ambiente involucra elementos esenciales sin los cuales no sería posible nuestra existencia en el planeta. La mayoría de las Constituciones del continente ya reconocen el medio ambiente saludable como un derecho, y los ciudadanos lo reclaman diariamente a través de diferentes mecanismos. El paso dado sin duda fortalece estos esfuerzos y nos hace avanzar hacia la construcción de sociedades donde este derecho sea una realidad”.

La resolución de la Asamblea General siguió a un texto similar adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 8 de octubre de 2021, el primer reconocimiento formal del derecho a nivel mundial.

Legborsi Saro Pyagbara, director ejecutivo de African Indigenous Foundation for Energy and Sustainable Development, ex presidente del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) y miembro del Grupo Asesor para el Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente y DESC, acogió con satisfacción la resolución del Consejo de Derechos Humanos con las siguientes palabras: “La adopción hoy de esta resolución sobre el derecho a un medio ambiente saludable supone un hito en el esfuerzo mundial por restaurar el medio ambiente y proteger a la Madre Tierra. Los árboles de Ogonilandia rebosan de renovada energía. Las aguas rugen con gritos de alegría y la tierra vuelve a sonreír para curarnos, restaurarnos y protegernos a todos. Un medio ambiente saludable y seguro garantiza un pueblo sano y próspero. Es nuestro momento de victoria. Esta marcha hacia el progreso debería ir acompañada de acciones urgentes por parte de los Estados para aprobar un pacto vinculante que codifique el derecho universal a un medio ambiente saludable”.

Las resoluciones se basan en más de cuarenta años de esfuerzos por reconocer el derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible en el derecho internacional. Esto fue posible en parte gracias al liderazgo de un grupo central de Estados, entre ellos Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, que lideraron los esfuerzos diplomáticos tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en la Asamblea General. Y lo que es más importante, a lo largo de esta lucha de décadas, los pueblos indígenas, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental, por ejemplo a través de la Campaña Mundial por el Derecho a un Medio Ambiente Saludable. En septiembre de 2020, la campaña hizo un llamamiento mundial para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconociera urgentemente el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Esta carta recopiló más de 1.350 firmas de organizaciones de 75 países. La campaña se movilizó ampliamente en apoyo del reconocimiento y se centró en la incidencia política y la comunicación estratégica. La Red-DESC fue una parte fundamental de esta campaña desde julio de 2020, proporcionando apoyo sustantivo, estratégico y logístico en áreas clave. Tras el reconocimiento del derecho en el Consejo de Derechos Humanos, la campaña continuó su labor para lograr un resultado similar en la Asamblea General, lo que contribuyó al éxito de la adopción de la mencionada resolución.

Aunque una mayoría sustancial de Estados ya han incorporado el derecho a un medio ambiente saludable en sus constituciones y leyes, y los sistemas regionales lo han reconocido explícitamente, el reconocimiento universal de este derecho representa ahora un hito histórico en la legislación internacional sobre derechos humanos. Los acuerdos pueden desempeñar un papel catalizador para que los Estados y otras partes interesadas pertinentes intensifiquen sus esfuerzos para hacer realidad este derecho, incluso mediante su incorporación y aplicación en la legislación nacional. Una resolución similar, adoptada en 2010, que reconocía el derecho al saneamiento y al agua limpia impulsó a Estados de todo el mundo a incluir el derecho al agua en sus constituciones. La esperanza es que este reconocimiento mundial del derecho a un medio ambiente sano, en consonancia con la coherencia jurídica y política, estimule una mayor inclusión de este derecho en las leyes y políticas nacionales y regionales, fomente la aplicación donde el derecho ya existe, proporcione una herramienta adicional para que los activistas y organizadores defiendan sus derechos y el medio ambiente, y cree potencialmente nuevas vías para fortalecer la rendición de cuentas. 

Los miembros de la Red-DESC han acogido con satisfacción este desarrollo normativo, y siguen comprometidos a basarse en la resolución, además de en otra jurisprudencia pertinente, para integrar este derecho en su trabajo jurídico y político, por ejemplo, mediante el apoyo a la defensa exitosa de la sociedad civil para incluir el derecho en la decisión de cobertura de la COP 27 (conocida como el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh), y destacando este derecho en los escritos de amicus colectivos en el caso de La Oroya relacionado con la injusticia ambiental que se está considerando ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, los miembros de la Red-DESC también son conscientes de que para proteger el medio ambiente a la escala necesaria para el bienestar público y planetario se necesitan marcos jurídicos más sólidos, por ejemplo el tratado vinculante para la rendición de cuentas de las empresas (dado el enorme papel de las empresas en nuestras crisis ecológicas); soluciones sistémicas, incluida la oposición a los actuales modelos extractivos de desarrollo que están destruyendo el medio ambiente; y modelos alternativos que surjan de la realidad vivida por los movimientos sociales para “afirmar nuestros puntos en común y nuestras y responsabilidades frente a las futuras generaciones, asegurar la sostenibilidad ambiental y crear un espacio para la autodeterminación y el reclamo de la libertad”.