En el contexto de las negociaciones climáticas internacionales, el Programa de trabajo sobre transición justa (JTWP) se estableció para discutir y orientar sobre cómo los países pueden avanzar hacia transiciones energéticas socialmente justas. Su objetivo es definir principios, enfoques y herramientas que aseguren que el abandono de los combustibles fósiles no profundice las desigualdades existentes. En este proceso, se discute la posible creación de un mecanismo de transición justa (JTM), un instrumento que podría canalizar financiamiento, apoyo técnico y gobernanza para su implementación.
Pero lo que está en juego no es solo el diseño de un mecanismo técnico. También está en disputa el significado mismo de lo que se entiende por transición justa y quién tiene el poder de definirla.
Enfrentar las causas estructurales de la crisis climática
Una transición justa no puede reducirse a cambiar fuentes de energía. Implica cuestionar las raíces de la crisis: un modelo económico basado en combustibles fósiles, extracción sin límites y desigualdades estructurales que siguen vulnerando derechos humanos, especialmente en el Sur Global.
La crisis climática no es un accidente. Es el resultado de un sistema que concentra riqueza y poder mientras despoja a comunidades de sus territorios, su trabajo y sus medios de vida.
Por eso, una transición verdaderamente justa debe redistribuir el poder, asegurar que quienes más han contribuido a la crisis asuman la mayor responsabilidad y colocar la toma de decisiones en manos de las comunidades que han resistido y construido alternativas.
Esto implica reconocer como protagonistas a trabajadores, pequeños productores, pueblos indígenas, mujeres, juventudes y otros grupos históricamente excluidos.
Derechos humanos en el centro de la acción climática
Este documento de aportes plantea que cualquier mecanismo de transición justa debe estar anclado en el derecho internacional de los derechos humanos y en principios clave como:
- Responsabilidades comunes pero diferenciadas y el principio de quien contamina paga
- Equidad intergeneracional e integridad ecológica
- No regresividad y realización progresiva de los derechos
También exige una eliminación rápida y equitativa de los combustibles fósiles, priorizando soluciones lideradas por las comunidades y garantizando el derecho al desarrollo de los países del Sur Global.
Las desigualdades que condicionan la transición
La acción climática no ocurre en el vacío. En muchos países se desarrolla en medio de múltiples crisis: pobreza, inseguridad alimentaria, endeudamiento, militarización y profundas desigualdades históricas reforzadas por el sistema económico global.
Para ser efectivo, un mecanismo de transición justa debe responder a estas realidades:
- Impulsar transformaciones en sectores clave como energía, agricultura, transporte y minería
- Garantizar derechos laborales y protección social
- Reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado, sostenido principalmente por mujeres
- Asegurar el acceso equitativo a la tierra, los territorios y los recursos naturales, incluyendo la agroecología y políticas redistributivas
También debe enfrentar reglas comerciales injustas y evitar que la transición energética sirva como excusa para expandir el extractivismo, especialmente en la explotación de minerales críticos.
Participación real, no simbólica
Una transición justa solo es posible si es democrática. Esto significa garantizar que las comunidades en primera línea tengan poder real de decisión, y no solo espacios de consulta simbólica.
Esto implica:
- Participación efectiva en los espacios de gobernanza
- Respeto a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado
- Financiamiento suficiente y sin condiciones para garantizar la participación
- Salvaguardas claras frente a la captura corporativa
También es clave asegurar mecanismos de rendición de cuentas. Las comunidades deben poder denunciar abusos y acceder a reparaciones efectivas.
Financiar la justicia, no la desigualdad
El aporte exige financiamiento público suficiente, predecible y no condicionado, como parte de las obligaciones del Norte Global frente a la deuda climática y los daños históricos.
Entre las prioridades están:
- Compromisos de financiamiento público a largo plazo
- Eliminar subsidios a los combustibles fósiles y al gasto militar
- Invertir en reconversión laboral, servicios públicos y medios de vida
- Apoyar soluciones impulsadas por las comunidades, como la agroecología
Este financiamiento debe ser nuevo, adicional y accesible directamente para las comunidades. También debe enfrentar obstáculos estructurales como la deuda insostenible y las restricciones de propiedad intelectual que limitan el acceso a tecnologías.
Líneas rojas: lo que no puede permitirse
El mecanismo de transición justa no puede:
- Disfrazar el extractivismo bajo falsas soluciones como mercados de carbono o megaproyectos energéticos
- Retrasar o debilitar la salida de los combustibles fósiles
- Imponer condiciones que limiten las decisiones de los países del Sur Global
- Legitimar la militarización o la represión de comunidades
- Permitir desplazamientos, borramiento cultural o impunidad corporativa
- Reforzar la deuda y el control corporativo sobre la gobernanza climática
Hacia una transición con poder colectivo
Este aporte recupera el sentido político de la transición justa. No se trata de un ajuste técnico, sino de un proceso que debe desmontar sistemas de explotación y construir alternativas democráticas, basadas en derechos y lideradas por las comunidades.
Si el mecanismo de transición justa no responde a esto, corre el riesgo de profundizar las mismas injusticias que dice combatir. Pero si se basa en derechos humanos, equidad y poder colectivo, puede convertirse en una herramienta real para enfrentar la crisis climática e impulsar transformaciones profundas.
