Durante más de cuatro décadas, las comunidades de Arica, Chile, han vivido con las consecuencias de los desechos tóxicos vertidos por una empresa sueca. En Uganda, miles de personas expulsadas violentamente de sus tierras para dar paso a una plantación de café siguen reclamando una indemnización más de veinte años después. Desde las comunidades afectadas por la minería en Senegal y Serbia hasta los pueblos indígenas que enfrentan la extracción de litio en América Latina, el patrón es global: las violaciones de derechos humanos relacionadas con las actividades empresariales cruzan fronteras, pero la rendición de cuentas rara vez lo hace.

Un nuevo documento de análisis de FIAN Internacional, con contribuciones del Center for International Environmental Law (CIEL), Franciscans International, el International Service for Human Rights (ISHR) y la Red-DESC, sostiene que el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos podría ayudar a cerrar esta brecha en la rendición de cuentas.

Publicado con el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung, el informe presenta el tratado como una “palanca estructural para la justicia ambiental”, capaz de traducir el derecho internacionalmente reconocido a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en normas vinculantes para las empresas y en mecanismos efectivos de reparación para las comunidades.

Del reconocimiento a la aplicación efectiva

En 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal. Sin embargo, este reconocimiento no ha impedido que las empresas sigan contaminando ecosistemas, desplazando comunidades o aprovechándose de las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales.

“No existe un marco jurídico global vinculante que regule las actividades y las cadenas de valor de las empresas“, advierte el informe. Esto permite que las empresas transnacionales se beneficien de regulaciones débiles, estructuras corporativas complejas y vacíos jurisdiccionales.

El documento sostiene que las iniciativas voluntarias, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, no han logrado superar estos problemas estructurales. No establecen obligaciones empresariales exigibles ni ofrecen mecanismos adecuados de investigación, sanción y reparación.

El Tratado Vinculante, que se negocia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2014, ofrece una alternativa. Sus disposiciones podrían obligar a los Estados a prevenir los daños causados por las empresas, responsabilizar a las empresas matrices y controladoras y garantizar el acceso a la justicia cuando las violaciones se produzcan más allá de las fronteras nacionales.

La justicia significa mucho más que una indemnización

Una de las principales conclusiones del informe es que la reparación ambiental no puede reducirse a una compensación económica. Citando al Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, destaca que una reparación integral también puede requerir el fin de la contaminación, la descontaminación de los sitios afectados, garantías de no repetición y el reconocimiento del derecho de las comunidades afectadas a conocer la verdad.

El tratado también podría abordar uno de los mayores obstáculos que enfrentan las comunidades: demostrar la responsabilidad empresarial sin acceso a la información que está en manos de las propias empresas. Medidas como la inversión o la asignación dinámica de la carga de la prueba podrían contribuir a corregir este desequilibrio.

Su borrador actual también sienta las bases para establecer responsabilidades civiles, administrativas y penales a lo largo de los grupos empresariales y las cadenas de valor. La jurisdicción extraterritorial podría permitir que los tribunales de los países donde tienen su sede las empresas matrices conozcan casos relacionados con daños cometidos en el extranjero, especialmente cuando las víctimas no pueden acceder a la justicia en los Estados donde ocurrieron los hechos.

Como concluye el informe, estas disposiciones podrían hacer que las obligaciones empresariales y el acceso a la justicia sean realmente exigibles más allá de las fronteras nacionales.

Proteger el derecho a decir no

El informe sitúa a las comunidades afectadas y a las personas defensoras de derechos humanos en el centro de la gobernanza ambiental. Un tratado más sólido podría reforzar la participación significativa, las evaluaciones de impacto ambiental y de derechos humanos, y el derecho de los pueblos indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado.

En conjunto, estas protecciones podrían ayudar a las comunidades a ejercer su “derecho a decir no” frente a proyectos que amenacen sus territorios, medios de vida, fuentes de agua o salud.

Esta cuestión resulta especialmente urgente en un momento en que muchos proyectos promovidos como parte de la transición verde reproducen modelos extractivistas. Los mercados de carbono, los mecanismos de biodiversidad y la creciente demanda de minerales como el litio y el cobalto ya están contribuyendo al despojo, la contaminación y la explotación laboral.

En Tolima, Colombia, por ejemplo, las comunidades enfrentan simultáneamente proyectos extractivos y de infraestructura que afectan las fuentes de agua, así como iniciativas de mercados de carbono que avanzan sin un consentimiento adecuado ni salvaguardas efectivas. El informe advierte que las políticas climáticas que no abordan estas relaciones de poder corren el riesgo de convertirse en falsas soluciones.

Una transición justa, sostiene el documento, no puede limitarse a sustituir la extracción de combustibles fósiles por nuevas formas de explotación. Debe garantizar los derechos humanos, la protección ecológica y la justicia para las generaciones presentes y futuras.

Una oportunidad decisiva

Los recientes pronunciamientos de tribunales internacionales sobre cambio climático han reforzado la base jurídica para la acción. Las opiniones consultivas emitidas por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025 reafirmaron la responsabilidad de los Estados de regular a los actores privados, prevenir los daños y garantizar reparaciones efectivas. La Corte Interamericana fue aún más lejos al reconocer las responsabilidades de las empresas a lo largo de las cadenas de valor y la necesidad de responsabilizar a las empresas matrices.

El desafío ahora es traducir estos avances en normas globales jurídicamente vinculantes.

El informe insta a los Estados a fortalecer el tratado, proteger a las comunidades de primera línea y a las personas defensoras de derechos humanos, establecer sólidos estándares de responsabilidad y debida diligencia, y poner fin a la captura corporativa de los espacios de toma de decisiones. Asimismo, hace un llamado a la sociedad civil para articular las luchas por los derechos humanos, el clima, la biodiversidad y la justicia ambiental.

“El proceso del Tratado Vinculante abre un camino histórico para enfrentar el poder corporativo“, concluye el documento. Lo que está en juego es si la comunidad internacional pasará del reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano a garantizar que ese derecho pueda hacerse efectivo, poniendo a las personas y al planeta por encima del lucro.