La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red- DESC), junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitó formalmente a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, intervenir como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el caso sobre financiamiento universitario.
Las organizaciones sostienen que Argentina atraviesa una grave regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), particularmente respecto del derecho a la educación superior. Según la presentación, el gobierno de Javier Milei impulsa una política deliberada de desfinanciamiento del sistema universitario público, violando obligaciones constitucionales e internacionales vinculadas al derecho a la educación.
Desde 2023, el presupuesto universitario sufrió una caída real del 36,4%; las transferencias a universidades nacionales acumulan una reducción del 45,6%; y los salarios docentes perdieron alrededor del 32% de su poder adquisitivo.
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La solicitud implica un movimiento inusual dentro del sistema internacional de derechos humanos: no solo denuncia el desmantelamiento de la universidad pública argentina, sino que busca activar directamente la voz de Naciones Unidas dentro de una disputa judicial nacional. Aunque los Procedimientos Especiales de la ONU pueden intervenir como amicus curiae, no es habitual que lo hagan. El pedido de las organizaciones evidencia la crisis institucional que se vive en Argentina, con un Poder Ejecutivo cerrado al diálogo y el uso de los tribunales como último recurso para hacer que el gobierno cumpla con la ley. La crisis universitaria argentina ha escalado a una controversia internacional sobre democracia, austeridad y derechos humanos.
La presentación denuncia además el deterioro extremo de las becas estudiantiles, el colapso del financiamiento científico y el impacto desproporcionado sobre estudiantes de bajos ingresos, mujeres con responsabilidades de cuidado, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas trans y no binarias, migrantes y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.
La Corte Suprema argentina está a punto de decidir si las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso para preservar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en Argentina deben sobrevivir a la motosierra del presidente Milei. El ecosistema de los DESC no puede permanecer inmóvil. La Corte Suprema argentina no solo debe contrarrestar el avance del Poder Ejecutivo en Argentina restableciendo la autoridad presupuestaria del Congreso, sino también, y más importante aún, garantizar plenamente la inversión en educación pública como una herramienta para fortalecer la justicia social y la dignidad humana”, Rodrigo Robles, abogado del Equipo de Trabajo Internacional de CELS.
El conflicto se centra en el incumplimiento de la Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario y Recuperación Salarial. Aunque la norma fue aprobada por el Congreso y promulgada tras el rechazo legislativo al veto presidencial, el Poder Ejecutivo se negó a implementarla. Posteriormente, tribunales federales ordenaron su aplicación mediante medidas cautelares, pero el gobierno continuó impugnando las decisiones judiciales y llevó el caso ante la Corte Suprema.
Según las organizaciones, esta situación viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que prohíbe medidas regresivas y obliga a los Estados a destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar progresivamente los DESC. Esto, considerando además que la decisión de recortar el financiamiento universitario ocurre en un contexto en el que la carga del servicio de la deuda pública ha aumentado drásticamente, creciendo un 20,6% respecto de 2025 —es decir, más del doble del presupuesto universitario total— y en el que el Estado ha optado por eliminar fuentes de recaudación existentes, provocando así la escasez de recursos que después pretende invocar para eludir sus obligaciones.
La petición también advierte que el gobierno argentino prioriza políticas de austeridad, reducción de impuestos a sectores de altos ingresos y pago de deuda pública mientras recorta recursos destinados a la educación superior.
La intervención jurídica propuesta no flota en el vacío, sino que se monta sobre un clima de movilización social en alza, con cuatro marchas federales en defensa de la educación pública que han sido multitudinarias. La Red se plantea, de este modo, unir las luchas nacionales contra la austeridad y el ajuste en derechos sociales con los mecanismos que proporciona el derecho internacional para catalizar las disputas que se dan en las calles y en instituciones nacionales cooptadas”, Felipe Mesel, Coordinador de Litigio Estratégico de la Red-DESC.
Ante este escenario, la Red-DESC, ACIJ y el CELS pidieron a la Relatora Especial que le clarifique al máximo tribunal argentino los estándares internacionales aplicables al derecho a la educación superior y a la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. La intervención resulta particularmente urgente porque la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre el caso mientras la implementación de la ley continúa suspendida a la espera de una decisión definitiva.
