Mientras los gobiernos se preparan para reunirse en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en noviembre de 2026, persiste una profunda brecha entre los compromisos climáticos internacionales y las realidades de las comunidades directamente afectadas por la crisis climática. La influencia de las empresas sobre las políticas climáticas, la creciente represión contra las personas defensoras de derechos humanos y la falta de respuestas en materia de financiación climática y rendición de cuentas siguen obstaculizando una acción climática efectiva.
Para las comunidades que enfrentan el extractivismo, el desplazamiento, la militarización y la destrucción ambiental, la crisis climática está directamente relacionada con los sistemas de colonialismo, patriarcado, endeudamiento y poder corporativo que perpetúan las desigualdades.
Mientras el acceso a las negociaciones climáticas sigue siendo un privilegio, muchas de las comunidades más afectadas por la crisis continúan excluidas de las decisiones que afectan sus territorios, sus medios de vida y su futuro.
De cara a la COP31, miembros de la Red-DESC presentan Recuperar la justicia climática: nuestra agenda común para la COP31, una agenda colectiva de incidencia organizada en torno a seis pilares interconectados. Elaborada a partir de los análisis y las prioridades de sus miembros, esta agenda vincula las negociaciones internacionales con las luchas por los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos y la transformación de los sistemas que perpetúan la injusticia.
¿Qué está en juego en la COP31?
La COP31 representa una oportunidad decisiva para pasar de los compromisos políticos a la implementación de medidas concretas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Durante la COP30, los gobiernos acordaron desarrollar un Mecanismo de Transición Justa (MTJ). Sin embargo, las negociaciones posteriores, durante el 64.º período de sesiones de los Órganos Subsidiarios (SB64), no lograron alcanzar un acuerdo sobre su estructura, funciones o ubicación institucional. La COP31 debe establecer un mandato claro, recursos suficientes y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen una transición equitativa, construida con la participación de las comunidades afectadas, en lugar de reproducir las desigualdades existentes.
La financiación climática sigue siendo otro de los grandes asuntos pendientes. La Red-DESC exige al menos 1,3 billones de dólares estadounidenses anuales en financiación climática nueva, adicional, previsible, pública y mediante subvenciones, del Norte Global hacia el Sur Global, de conformidad con las obligaciones de los países desarrollados establecidas en el artículo 9.1 del Acuerdo de París. Esta financiación debe ir acompañada de la cancelación de la deuda, el acceso directo de las comunidades a los recursos y el rechazo de los mecanismos que profundizan la dependencia del endeudamiento.
Al mismo tiempo, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático ofrece una importante base jurídica para fortalecer la rendición de cuentas. Los gobiernos deben traducir estas obligaciones en mecanismos accesibles de reparación, justicia y restauración ecológica.
La rendición de cuentas de las empresas también es urgente. Mientras las negociaciones hacia un tratado jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos avanzan hacia la elaboración de un borrador final previsto para 2027, los Estados deben enfrentar la interferencia corporativa en la gobernanza climática y fortalecer las obligaciones jurídicas exigibles a las empresas responsables de violaciones de derechos humanos y daños ambientales.
