Métodos de recogida de datos utilizados:
Encuesta en línea, grupos de discusión y entrevistas
Resultados de la investigación:
A lo largo del estudio y de las entrevistas, hemos podido constatar la necesidad de incorporar cada vez más la perspectiva de género en el análisis de las causas y consecuencias de la inseguridad habitacional y el acceso a suministros necesario para generar políticas públicas que respondan a la realidad de toda la población sin discriminación por sexo, origen o situación económica.
La falta de datos desglosados por sexo es evidente y problemática, por lo que valoramos positivamente esta investigación.
La situación de precariedad de las mujeres en el mercado laboral se manifiesta y estudia como una brecha salarial, y también repercute directamente en sus problemas de vivienda, aumentando el riesgo de exclusión residencial.
El fuerte vínculo de las mujeres con sus hogares y en el trabajo de cuidados, agravado por su crisis, a menudo las obliga a participar menos en el mercado laboral remunerado o las sobrecarga con tareas laborales y familiares. La consecuencia es que las mujeres se ven más afectadas por la pérdida de la vivienda y/o la falta de suministros. Entre los colectivos donde el riesgo de pobreza es mayor (y por tanto el riesgo de sufrir inseguridad habitacional y/o pobreza energética) encontramos a las familias monomarentales, las jubiladas, las trabajadoras domésticas (ya sea para la familia o empleadas afuera), las desempleadas, las afectadas por violencia de género y las mujeres migrantes.
Podemos afirmar que los resultados de las encuestas y entrevistas confirman lo que habíamos mencionado anteriormente: que existe una preocupante desigualdad de género en la protección del derecho a una vivienda digna y a los suministros básicos, y que las mujeres son las más afectadas en los procesos de pérdida de la vivienda o de imposibilidad de hacer frente al coste de los suministros.
Alrededor del 34 % de las mujeres son familias monomarentales, y el 26 % de los desahucios se imponen sobre mujeres con medidas extraordinarias de moratoria de desahucio. Por otro lado, teniendo en cuenta la relación femenina en el hogar y en el trabajo de cuidados, la fuerte presencia de menores de 15 años y otras personas dependientes confirma aún más esta subrepresentación.
Además, la mayor participación aún existente de las mujeres en el hogar y en las tareas de cuidado aumenta las consecuencias negativas de la inseguridad habitacional y la pobreza energética en el ámbito de la salud física y mental.
Al mismo tiempo, y en parte por las mismas razones, las mujeres están sobrerrepresentadas en las asambleas de la PAH. Inicialmente, y dada la cultura imperante del hombre como cabeza de familia junto con su culpabilidad -en el caso de las hipotecas-, las mujeres tomaron la iniciativa para sacar adelante la situación. Esto implica también que juegan un papel de liderazgo fundamental para el movimiento, tanto en el desarrollo de las propias asambleas como en las distintas actividades cotidianas (acciones para frenar los desalojos, campañas de movilización, elaboración de propuestas legislativas, trabajo en las distintas comisiones de la PAH, etc.), así como en los procesos a largo plazo de cuidados colectivos, emprendimientos, asesoramiento y empoderamiento que están en la base de la acción de la PAH y, en general, por el derecho a la vivienda.
Por ello, creemos que las políticas públicas que se refieren a vivienda y suministros deben orientarse hacia una perspectiva estructural de género; no basta con medidas positivas, como el acceso prioritario de las afectadas por violencia de género (con denuncia hecha). Debemos tener en cuenta la cifra iceberg de la violencia de género o las familias monomarentales: con una oferta insuficiente de vivienda pública y pocas ayudas realistas, esta prioridad no se traduce en seguridad ni en derechos. Es urgente aumentar la oferta de vivienda social y orientar las políticas a frenar la especulación y no a fomentarla.
