Derecho a la vida

Solapas principales

El 11 de Julio, 2012, la Red-DESC envió una comunicación al Gobierno de Perú para solicitor acción urgent para proteger los derechos humanos de los manifestantes que protestaban la mina Conga, despues de que cinco personas perdieron sus vidas la semana del 3 de Julio.

 

Este caso del Tribunal Supremo fue iniciado con el apoyo de Hakijamii, una organización de derechos humanos con sede en Nairobi que es miembro de la Red-DESC desde 2005. El caso surgió de un pedido de más de mil personas desalojadas de sus hogares ubicados en seis comunidades conocidas comúnmente como Medina, municipalidad de Garissa.

En julio de 2004 un grupo de vecinos que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo interpusieron demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas para obtener indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la Cuenca, cese de la contaminación y recomposición del medio ambiente.

Este caso se presentó en nombre de Shanti Devi, una mujer pobre que pertenecía a una "casta programada" (scheduled caste[1]), después de que muriera como consecuencia de que le fuera negada la asistencia médica durante el embarazo a pesar de que cumplía los requisitos para recibir servicios gratis conforme a los planes estatales

Desde febrero de 2003, tras el inicio de un conflicto armado en la región de Darfur del Sudán, miembros de la milicia llamada Janjaweed se dieron a la tarea de desalojar por la fuerza, matar y violar a miles de indígenas negros de la región. Los peticionantes adujeron que tales actos constituían la omisión del gobierno de Sudán de respetar y proteger los derechos del pueblo de Darfur y, en particular, violaban los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12 (1), 14, 16, 18 (1) y 22 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Un grupo de personas sin techo construyó refugios formados por carpas, lonas y cajas de cartón en un parque de la ciudad de Victoria, en la provincia canadiense Columbia Británica. El gobierno de la ciudad solicitó una medida cautelar permanente (orden legal que requería que los sin techo se abstuvieran de construir refugios) y que se declarara que tales estructuras violaban la Park Regulation Bylaw and Streets and Traffic Bylaw [Ordenanza de Regulación de Parques, y Ordenanza de Calles y Tránsito].

Naz Foundation India, una organización no gubernamental comprometida con el tratamiento y prevención del VIH/SIDA, presentó una demanda de interés público ante el Tribunal Superior de Nueva Delhi cuestionando la constitucionalidad del art. 377 del Código Penal de la India, el cual declara ilegal todo acto sexual "antinatural", definido como todo aquel diferente de la relación sexual heterosexual. El Tribunal Superior desestimó la presentación original de 2004 por falta de hechos o antecedentes que justificaran la acción judicial.

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.

Jeannine Godin vivía en condiciones de pobreza y dependía de la asistencia social. El Ministerio de Salud y Servicios Sociales tenía la custodia de sus tres hijos por seis meses y solicitaba extender el plazo por otros seis meses. Godin solicitó asesoramiento jurídico gratuito para que un abogado la represente en la audiencia, pero le fue denegado, porque tal asesoramiento no estaba previsto para casos de custodia temporaria.

Este caso surgió de una presentación de varias instituciones privadas de educación profesional en la que se cuestionó la constitucionalidad de las leyes que regulaban los cargos de capitación de dichas instituciones.   La Corte Suprema sostuvo que el derecho a la educación básica está implícito en el derecho fundamental a la vida (artículo 21) cuando se lo interpreta junto con el Principio Directivo sobre la educación (art. 41).