Derecho a la vida

Solapas principales

Rudul Sah fue arrestado en 1953 acusado de asesinar a su esposa. Fue declarado inocente por un Juez de Sesiones Adicional en 1968, quien ordenó su liberación de prisión, dejando pendiente otras directivas. Rudul Sah languideció en la cárcel 14 años más después de haber sido declarado inocente hasta que su situación fue destacada por los medios en 1982 y se presentó la causa de interés público en su nombre.

El caso fue presentado por seis embarazadas o lactantes que vivían en la pobreza en un asentamiento informal de Delhi. Se les habían negado raciones de alimentos y beneficios de asistencia médica prenatal e infantil a los que tenían derecho conforme a varios programas de beneficios nacionales, lo cual se puede atribuir a que el gobierno de Delhi no había puesto a disposición tarjetas de racionamiento y no había implementado ciertos programas de salud maternal.

En 2005, bajo el procedimiento del artículo 26 de la Constitución, la Corte Suprema de Irlanda examinó la constitucionalidad de un proyecto de ley que le había enviado el Presidente. El proyecto autorizaba el cobro de servicios a pacientes internados provistos por el servicio de salud público, siendo que el cobro se impondría a ciertas personas, en la mayoría de los casos personas de edad avanzada con pocos medios.

Una coalición de vecinos envió una carta de petición a la Corte Suprema para cuestionar la construcción por parte del organismo estatal Water and Power Development Authority (WAPDA) de una estación de la red eléctrica en el barrio, concretamente en una propiedad designada como parte del “cinturón verde”.

El 17 de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó que el gobierno de Rumania era responsable de violar los derechos humanos de Valentin Câmpeanu, un joven fallecido en 2004 que padecía de serias discapacidades mentales y era VIH positivo. Abandonado al nacer, Câmpeanu vivió en instituciones públicas toda su vida. Cuando cumplió dieciocho años fue transferido a un hogar de asistencia social para adultos y, posteriormente, a un hospital psiquiátrico.

En 2011, los peticionantes presentaron una petición constitucional aduciendo que el gobierno había violado la Constitución de Uganda por medio de actos y omisiones respecto de servicios relacionados con la salud materna. Más específicamente, los peticionantes sostuvieron que el gobierno no había provisto servicios básicos de salud materna y no había presupuestado adecuadamente la salud materna, y que el comportamiento no ético de los trabajadores del sector de la salud conducía a la muerte prevenible de embarazadas durante el parto.

En 2004, la Secretaría de Salud de Botswana distribuyó una directiva interna entre instituciones médicas públicas para informarles de un Decreto Presidencial que autorizaba “el suministro de tratamiento gratis a reclusos que no sean ciudadanos que sufran de enfermedades que no sean el SIDA”. Reclusos de Zimbabwe con VIH positivo presentaron demandas para cuestionar ea decreto después de que se les negaran medicamentos de una terapia antiretroviral (TAR).