Derechos sexuales

El 2002, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH o Comité) aceptó la comunicación como admisible para su consideración. El caso se refiere a la situación de K.L., una mujer de 17 años de edad que estaba embarazada y cuyo feto padecía de anencefalia. La anencefalia es una enfermedad incompatible con la vida del feto y que amenaza la salud de la embarazada. Su médico le informó a K.L. que las complicaciones del embarazo la exponían al riesgo de muerte. Siguiendo este consejo, ella decidió poner fin al embarazo.

En 2011, los peticionantes presentaron una petición constitucional aduciendo que el gobierno había violado la Constitución de Uganda por medio de actos y omisiones respecto de servicios relacionados con la salud materna. Más específicamente, los peticionantes sostuvieron que el gobierno no había provisto servicios básicos de salud materna y no había presupuestado adecuadamente la salud materna, y que el comportamiento no ético de los trabajadores del sector de la salud conducía a la muerte prevenible de embarazadas durante el parto.

El 5 de mayo de 2011, Irene Nanteza llegó al hospital de Nakaseke acompañada de su marido. A pesar de que una enfermera confirmó indicios de que el trabajo de parto estaba obstruido y llamó al médico de guardia, este último no llegó hasta que Nanteza ya había cumplido unas 8 horas de trabajo de parto. La paciente falleció por una hemorragia y ruptura del útero.