Relevancia del caso
Esta decisión fue ampliamente celebrada por activistas de los derechos de las mujeres de la India. Poonam Muttreja, directora ejecutiva de Population Foundation of India, comentó, "Recibimos con agrado la sentencia de la Corte Suprema, que consideramos histórica. La prestación de servicios de calidad para las mujeres y el respeto por su dignidad ahora pasa a tener un lugar firme en la agenda nacional". La decisión debe ubicarse en el marco de cuatro millones de ligaciones de tubos (esterilizaciones femeninas) que se estima son efectuadas al año en la India, más que cualquier otro país. Los defensores han hecho campaña durante mucho tiempo por una mejor regulación o eliminación de los campos de esterilización, así como por más inversiones en otras formas de anticoncepción.
Vale destacar la decisión por la atención que prestó tanto a los incidentes específicos como al contexto más general (como los objetivos informales de esterilización definidos por los gobiernos estatales) que daba lugar a condiciones que alientan las esterilizaciones no consensuadas. El caso confirmó la necesidad del consentimiento informado previo a los procedimientos de esterilización; en ausencia de tal consentimiento, las esterilizaciones se consideran involuntarias o forzosas, y constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como lo confirma la Recomendación General Nro. 24 del CEDAW sobre las mujeres y la salud. Los grupos vulnerables, por ejemplo, las mujeres, las personas que viven en la pobreza, las minorías étnicas e indígenas, las personas con discapacidades o con VIH, las personas transgénero e intersexuales, han sido históricamente el blanco de tales prácticas, tanto en la India como en el resto del mundo. Este caso destaca la calidad de la atención médica (incluyendo antes y después de la operación) como un componente esencial del derecho a la salud, según se establece en la Observación General Nro. 14 del CESCR sobre el derecho a la salud.
La declaración interinstitucional de las Naciones Unidas “Eliminar la esterilización forzosa, coercitiva o de otra manera involuntaria” aporta una orientación internacional muy útil sobre un enfoque de la esterilización basado en los derechos humanos. Aunque reconoce que la esterilización sigue siendo una opción importante para las personas y parejas que deseen controlar su fertilidad, la declaración reafirma que las prácticas de esterilización deben estar disponibles y ser accesibles, aceptables, de buena calidad y libres de discriminación, coerción y violencia, y deben basarse en la toma de decisiones plena, libre e informada de la persona afectada.