Kedar Nath Yadav c. Estado de Bengala Occidente y otros, Recurso Civil Nro. 8438 de 2016

La Corte Suprema de la India emite sentencia para proteger derechos a la tierra

Este caso se centró en la adquisición compulsiva de tierras por parte del Estado de Bengala Occidental para una planta de fabricación de automóviles por razones de “bien público”. La Corte Suprema de la India determinó que la adquisición no había sido para el bien público, sino para beneficio de una empresa, y ordenó que la tierra fuera devuelta a los campesinos locales. De esta manera, la Corte destacó la necesidad de respetar los procedimientos legales adecuados, particularmente considerando los efectos sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyendo los trabajadores agrícolas pobres.

Fecha de la decisión: 
31 Ago 2016
Foro: 
Corte Suprema de la India
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

En 2006, el Gobierno de Bengala Occidental acordó permitir que Tata Motors Ltd. (Tata Motors) construyera y operara una planta de fabricación de automóviles en su estado (Proyecto Autos Pequeños). Como consecuencia, Bengala Occidental Industrial Development Corporation, Ltd. (WBIDC) adquirió aproximadamente 1000 acres (más de 400.000 hectáreas) de tierras agrícolas para el proyecto conforme a la Ley de Adquisición de Tierras, 1894 (Ley L.A.), afectando la subsistencia de aproximadamente 25.000 personas, incluyendo agricultores, aparceros, trabajadores sin tierra y tiradores de carritos. En este caso, los peticionantes fueron cinco agricultores y propietarios de pequeños terrenos. Se presentaron objeciones frente al Recaudador de Adquisición de Tierras (Land Acquisition Collector), quien concluyó que la tierra había sido tomada para usos de bien público, a saber, la creación de empleos y el desarrollo socioeconómico. El Recaudador ordenó una compensación para los propietarios de las tierras y las tierras fueron adquiridas por WBIDC. Los procedimientos de adquisición fueron cuestionados frente al Alto Tribunal de Calcuta sin resultado favorable.

Como consecuencia de numerosas protestas locales, el Proyecto Autos Pequeños fue suspendido y trasladado al Estado de Gujarat en 2008. El nuevo Gobierno de Bengala Occidental posteriormente promulgó la Ley de Desarrollo y Rehabilitación de Tierras de Singur de 2011 (Singur Land Rehabilitation and Development Act, Ley Singur) a fin de controlar las tierras afectadas por el contrato a favor de Tata Motors. Tata Motors cuestionó la constitucionalidad de la Ley Singur ante la Corte Suprema de la India (la Corte), argumentando que entraba en conflicto con la anterior Ley L.A. y que el gobierno no podía cambiar de idea simplemente porque un nuevo partido político asumía el poder.

Al evaluar la validez de la adquisición de las tierras, la Corte rechazó los argumentos de Tata Motors. Respecto de la objeción preliminar sobre un cambio en el poder político, señaló que es bien sabido que un gobierno estatal puede cambiar leyes previas, en particular si están en conflicto con las políticas públicas.

Sin embargo, la Corte determinó que la tierra adquirida por WBIDC para Tata Motors no era para el bien público conforme a la Ley L.A., sino que había sido adquirida por el gobierno estatal para una empresa. En este marco, el gobierno anterior ejerció su facultad de expropiación (es decir, el derecho de un gobierno o sus agentes de expropiar la propiedad privada para su uso público contra el pago de compensación) sin respetar el procedimiento requerido por la Ley L.A. (a saber, artículos 3(f), 4 y 6, y VII), privando a quienes perdieron las tierras de sus derechos constitucionales y fundamentales. Asimismo, la Corte concluyó que la investigación prevista en 5-A2 de la Ley L.A. no había sido efectuada adecuadamente por el Recaudador, dado que algunos de los oponentes no habían tenido oportunidad de ser escuchados y el Recaudador había rechazado sus objeciones sin evaluarlas genuinamente.

La Corte anuló la adquisición de la tierra de los propietarios declarándola ilegal y nula. Ordenó al Gobierno de Bengala Occidental llevar a cabo un estudio para determinar qué tierras debían ser devueltas y, posteriormente, devolverlas. También ordenó que el gobierno estatal no recuperara la compensación ya abonada a los propietarios como reparación por haberles privado de su ocupación y del goce de sus tierras durante diez años; la Corte también permitió a los propietarios que no habían retirado su compensación que lo hicieran.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

La decisión está siendo implementada. La fábrica se está desmantelando y las tierras están siendo devueltas a los agricultores. La sentencia es un gran apoyo para la moral de los agricultores de Bengala Occidental que se están movilizando contra la adquisición de tierras en otras partes de Bengala Occidental.

Grupos relacionados en el caso: 

Paschim Bengal Khet Majoor Samity (Organización de Trabajadores Agrícolas de Bengala Occidental)

Human Rights Law Network

Significado del caso: 

Por primera vez, la Corte Suprema de la India estableció una distinción clara entre una adquisición de tierras efectuada por un gobierno para el bien público y para beneficio de una empresa privada. Vale destacar que la Corte afirmó que “[t]al adquisición, si se permite que continúe, conduciría al intento de justificar toda adquisición de tierras de los sectores más vulnerables de la sociedad en nombre del ‘bien público’ para promover el desarrollo socioeconómico”. En el caso de adquisiciones de tierras para empresas, las disposiciones legales son muy estrictas y requieren de un procedimiento estipulado, incluyendo negociaciones con agricultores. En este sentido, y considerando la velocidad del desarrollo económico, la Corte confirmó que “cuando el impacto de este ‘desarrollo’ recae sobre los sectores más débiles de la sociedad, es más, sobre los trabajadores agrícolas pobres que no tienen manera de alzar la voz contra las acciones del poderoso gobierno estatal, como es el caso de esta situación concreta, es obligación onerosa del Gobierno estatal asegurar que el procedimiento legal establecido… se respete estrictamente”. Se trata de la primera vez que se les devuelven tierras a los agricultores y, al mismo tiempo, se les permite conservar la compensación pagada por el gobierno por la adquisición.