Relevancia del caso
Por primera vez, la Corte Suprema de la India estableció una distinción clara entre una adquisición de tierras efectuada por un gobierno para el bien público y para beneficio de una empresa privada. Vale destacar que la Corte afirmó que “[t]al adquisición, si se permite que continúe, conduciría al intento de justificar toda adquisición de tierras de los sectores más vulnerables de la sociedad en nombre del ‘bien público’ para promover el desarrollo socioeconómico”. En el caso de adquisiciones de tierras para empresas, las disposiciones legales son muy estrictas y requieren de un procedimiento estipulado, incluyendo negociaciones con agricultores. En este sentido, y considerando la velocidad del desarrollo económico, la Corte confirmó que “cuando el impacto de este ‘desarrollo’ recae sobre los sectores más débiles de la sociedad, es más, sobre los trabajadores agrícolas pobres que no tienen manera de alzar la voz contra las acciones del poderoso gobierno estatal, como es el caso de esta situación concreta, es obligación onerosa del Gobierno estatal asegurar que el procedimiento legal establecido… se respete estrictamente”. Se trata de la primera vez que se les devuelven tierras a los agricultores y, al mismo tiempo, se les permite conservar la compensación pagada por el gobierno por la adquisición.
