Summary
En 2006, el Gobierno de Bengala Occidental acordó permitir que Tata Motors Ltd. (Tata Motors) construyera y operara una planta de fabricación de automóviles en su estado (Proyecto Autos Pequeños). Como consecuencia, Bengala Occidental Industrial Development Corporation, Ltd. (WBIDC) adquirió aproximadamente 1000 acres (más de 400.000 hectáreas) de tierras agrícolas para el proyecto conforme a la Ley de Adquisición de Tierras, 1894 (Ley L.A.), afectando la subsistencia de aproximadamente 25.000 personas, incluyendo agricultores, aparceros, trabajadores sin tierra y tiradores de carritos. En este caso, los peticionantes fueron cinco agricultores y propietarios de pequeños terrenos. Se presentaron objeciones frente al Recaudador de Adquisición de Tierras (Land Acquisition Collector), quien concluyó que la tierra había sido tomada para usos de bien público, a saber, la creación de empleos y el desarrollo socioeconómico. El Recaudador ordenó una compensación para los propietarios de las tierras y las tierras fueron adquiridas por WBIDC. Los procedimientos de adquisición fueron cuestionados frente al Alto Tribunal de Calcuta sin resultado favorable.
Como consecuencia de numerosas protestas locales, el Proyecto Autos Pequeños fue suspendido y trasladado al Estado de Gujarat en 2008. El nuevo Gobierno de Bengala Occidental posteriormente promulgó la Ley de Desarrollo y Rehabilitación de Tierras de Singur de 2011 (Singur Land Rehabilitation and Development Act, Ley Singur) a fin de controlar las tierras afectadas por el contrato a favor de Tata Motors. Tata Motors cuestionó la constitucionalidad de la Ley Singur ante la Corte Suprema de la India (la Corte), argumentando que entraba en conflicto con la anterior Ley L.A. y que el gobierno no podía cambiar de idea simplemente porque un nuevo partido político asumía el poder.
Al evaluar la validez de la adquisición de las tierras, la Corte rechazó los argumentos de Tata Motors. Respecto de la objeción preliminar sobre un cambio en el poder político, señaló que es bien sabido que un gobierno estatal puede cambiar leyes previas, en particular si están en conflicto con las políticas públicas.
Sin embargo, la Corte determinó que la tierra adquirida por WBIDC para Tata Motors no era para el bien público conforme a la Ley L.A., sino que había sido adquirida por el gobierno estatal para una empresa. En este marco, el gobierno anterior ejerció su facultad de expropiación (es decir, el derecho de un gobierno o sus agentes de expropiar la propiedad privada para su uso público contra el pago de compensación) sin respetar el procedimiento requerido por la Ley L.A. (a saber, artículos 3(f), 4 y 6, y VII), privando a quienes perdieron las tierras de sus derechos constitucionales y fundamentales. Asimismo, la Corte concluyó que la investigación prevista en 5-A2 de la Ley L.A. no había sido efectuada adecuadamente por el Recaudador, dado que algunos de los oponentes no habían tenido oportunidad de ser escuchados y el Recaudador había rechazado sus objeciones sin evaluarlas genuinamente.
La Corte anuló la adquisición de la tierra de los propietarios declarándola ilegal y nula. Ordenó al Gobierno de Bengala Occidental llevar a cabo un estudio para determinar qué tierras debían ser devueltas y, posteriormente, devolverlas. También ordenó que el gobierno estatal no recuperara la compensación ya abonada a los propietarios como reparación por haberles privado de su ocupación y del goce de sus tierras durante diez años; la Corte también permitió a los propietarios que no habían retirado su compensación que lo hicieran.
