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Lunes, Julio 24, 2017
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Naturaleza del caso

Este caso se centró en la cuestión de si la financiación escolar del Estado de Kansas era equitativa y adecuada como lo requerían las disposiciones pertinentes de la Constitución estatal referidas a la educación. Cuando se determinaron violaciones relacionadas con la distribución equitativa de fondos y la adecuación de tales fondos para asegurar la educación requerida constitucionalmente, se exigió que el Estado de Kansas revisara y ajuste su financiación para la educación. Esto requería acciones de implementación por parte de la legislatura estatal y un papel de supervisión continua por parte de la Corte Suprema estatal.

Aplicación de la decisión y resultados

El cumplimiento de las diversas decisiones llevó varios años. Por ejemplo, respecto del componente del caso referido a la equidad, en abril de 2016, el gobernador firmó la ley “Senate Substitute for HB 2655” y notificó la subsanación legislativa. Entre otras cosas, HB 2655 modificó las fórmulas de ciertos tipos de asistencia financiera, proporcionó asistencia con fines de igualdad y permitió que SB 7 y otras leyes previas de financiación escolar quedaran limitadas. Tras un nuevo examen por parte de la Corte, las medidas fueron declaradas inconstitucionales nuevamente en mayo de 2016 y se confirmó el plazo que finalizaba el 30 de junio de 2016. La legislatura, en una sesión especial de junio de 2016, abordó el tema de la equidad, retornando la fórmula de equidad al cálculo de subsidios previo al bloqueo y proporcionando financiación completa; así se cumplió con el requerimiento de equidad. Esto fue aprobado por la Corte Suprema el 28 de junio de 2016. Respecto del componente de adecuación, se agregarán novedades a este resumen cuando corresponda.

El 5 de junio de 2007, la legislatura respondió a Gannon IV con SB 19. Readoptó la mayor parte de la vieja fórmula pero entonces procedió a "financiarlo por lo bajo" de manera substantiva. SB 19 ofreció un incremento de 293 millones dólares durante dos años. El Consejo Estatal de Educación recomendó 893 millones de dólares, y el tribunal encontró que se necesitaban 819 millones de dólares. Volver al "úlltimo estado constitucional" costaría 449 millones en dólares de 2006. El estudio de Augenblick & Myers Cost comisionado por el estado, con actualización de la inflación, dictaría 1,6 billones de dólares adicionales y el Kansas Legislative Post Audit Cost Study, con actualización de la inflación, dictaría 1,76 billones adicionales. En cualquier medición, SB19 parece estár trístemente por debajo.

El estado tenía la carga de probar que SB 19 arregló el problema. La cuestión fue informada a la Corte Suprema de Kansas y se argumentó el 18 de julio de 2017. Las preguntas de los jueces en la discusión indicaron que parecían dispuestos a rechazar SB 19 como la solución.

Mientras se espera la decisión en Gannon V, falta por ver si el tribunal requerirá a la legislatura volver a una sesión especial para encontrar más dinero. .

Relevancia del caso

Este caso es uno de varios en los que la Corte Suprema de Kansas revisó la fórmula de financiación escolar de la legislatura, la declaró inconstitucional y ordenó que la legislatura subsanara las deficiencias. Esta sentencia fue particularmente importante, porque significó que si la legislatura no era capaz de promulgar una fórmula de financiación equitativa para fines de junio de 2016, las escuelas públicas de Kansas no hubieran podido abrir en agosto para el ciclo lectivo 2016/2017. Asimismo, aunque se plantearon problemas de separación de poderes (con el argumento de que le corresponde a la legislatura y no al poder judicial decidir sobre estos temas, incluyendo una amenaza del gobernador de reducir el presupuesto judicial y efectuar otros cambios que afectarían negativamente a los jueces), este caso confirma que los tribunales pueden revisar decisiones estatales referidas a la financiación escolar y dictaminar sobre la legalidad de medidas estatales para corregir desigualdades e insuficiencias en la financiación. Como en cualquier caso referido a la educación, resulta importante considerar el impacto sobre los niños y jóvenes afectados, dado que no pueden interrumpir su educación durante un litigio de largo plazo.

Grupos involucrados en el caso

Schools for Fair Funding