Summary
En 2010, cuatro distritos escolares de Kansas, 31 alumnos y sus tutores demandaron al Estado de Kansas aduciendo que los recortes al presupuesto escolar iniciados en 2009 había dejado a las escuelas sin una financiación adecuada y partes de los fondos estaban siendo distribuidos de manera no equitativa, en violación del artículo 6 de la Constitución de Kansas (que regula la prestación de educación), leyes estatales y disposiciones del proceso debido y la igualdad de protección de la Constitución de Kansas y de los Estados Unidos. En 2013, un panel especial formado por tres jueces sostuvo que el Estado había violado el artículo 6 al no proporcionar suficiente financiación para la educación pública primaria y secundaria (K-12) entre 2009 y 2012, y que la legislatura no había considerado los costos reales de proporcionar la educación requerida constitucionalmente antes de tomar decisiones referidas a los fondos. También concluyó que otras violaciones constitucionales ocurrían porque la legislatura retenía o reducía ciertos fondos a los que los distritos escolares tenían derecho por ley.
En la instancia de apelación, en marzo de 2014, la Corte Suprema del Estado de Kansas sostuvo que el panel no había aplicado el examen de adecuación correcto respecto del artículo 6, pero había determinado correctamente que el Estado había creado un sistema que no era equitativo. Respecto de la adecuación, el examen correcto era: si “el sistema de financiación de la educación pública proporcionado por la legislatura… –por medio de la estructura y la implementación– está razonablemente calculado para que todos los alumnos de la educación pública de Kansas cumplan o superen” los estándares de Kentucky Rose c. Council for Better Education, Inc,. los cuales se centraban en los resultados de los alumnos y estaban codificados en la legislación de Kansas. El cumplimiento con el requerimiento de equidad significaba que “los distritos escolares deben tener razonablemente el mismo acceso a oportunidades educacionales sustancialmente similares a través de una carga impositiva similar”.
La Corte Suprema de Kansas devolvió el caso para que el panel hiciera una determinación de adecuación y exigiera el cumplimiento de las decisiones respecto de la equidad sobre la base del estándar de equidad definido más claramente. Posteriormente, la legislatura de 2014 aprobó legislación que sumó aproximadamente 130 millones de dólares estadounidenses en fondos para reducir las desigualdades basadas en la riqueza entre los distritos y, de esa manera, subsanar la deficiencia. En junio de 2014, el panel aprobó esta solución considerando que cumplía con el requerimiento de equidad.
En diciembre de 2014, el panel reafirmó que el sistema de financiación escolar era inadecuado y reiteró su decisión respecto de la equidad, concluyendo que la legislatura había cumplido sustancialmente. Sostuvo que, aunque los niveles de fondos eran adecuados en julio de 2008, desde entonces los fondos generales se habían reducido en un 9,1 por ciento teniendo en cuenta la inflación, lo cual volvía los fondos “inadecuados desde cualquier perspectiva racional sobre la prueba presentada u ofrecida”.
En marzo de 2015, el gobernador firmó la ley SB 7, la cual introdujo un sistema de bloqueo de subsidios que congeló la financiación escolar en los niveles del ejercicio económico 2015 por dos años más. Como respuesta, los distritos escolares presentaron una moción de sentencia declaratoria y solicitaron medidas cautelares. En consecuencia, el panel declaró la SB7 inconstitucional tanto en términos de adecuación como de equidad, y emitió una orden de restricción temporal. En julio de 2015, la Corte Suprema Corte Kansas dividió el caso en dos partes, decidiendo examinar por separado los temas de equidad y adecuación. En febrero de 2016, la Corte concluyó el Estado no había demostrado que sus cambios en el sistema de financiación escolar hubieran subsanado desigualdades. Sin embargo, tras una suspensión de las actuaciones hasta fines de junio de 2016, la legislatura eventualmente se ocupó de las desigualdades.
En marzo de 2017, la Corte Suprema de Kansas dictó sentencia sobre la adecuación de la financiación escolar. La Corte sostuvo que el sistema estatal de financiación de la educación pública, por medio de su estructura e implementación, no había sido calculado razonablemente para que todos los alumnos del sistema de educación pública de Kansas (primaria y secundaria) cumplieran o superaran los estándares Rose. Respecto de la estructura, la Corte señaló que el sistema financiero meramente creaba un fondo congelando la financiación de los distritos escolares durante dos años escolares al nivel del año anterior, lo que permitiría responder mínimamente a cambios en las condiciones que tuvieran consecuencias financieras, como la cantidad de inscriptos. Respecto de la implementación, se la consideró inadecuada dada la omisión del Estado de impartir habilidades básicas de lectura y matemáticas a aproximadamente un cuarto de los alumnos desde jardín de infantes al duodécimo año, y el hecho de que había dejado relegados a grandes grupos de alumnos más difíciles de educar. La Corte sostuvo que la prueba demostraba que existía una relación entre los resultados insuficientes de las pruebas y los niveles de financiación.
Al concluir que la financiación escolar no era adecuada, la Corte ordenó, como ya lo había hecho en casos anteriores, darle a la legislatura la oportunidad de hacer que el sistema educativo estatal pasara a cumplir con las normas. Una vez que se haya promulgado un nuevo sistema financiero, el Estado deberá demostrar satisfactoriamente que tal sistema ha sido calculado razonablemente para resolver las violaciones constitucionales identificadas para fines de junio de 2017.
