EB (antes S) vs. ER (antes B) N.O y otros; KG vs. Ministro del Interior y otros

Naturaleza del caso

Ambos casos se refieren a la validez constitucional del artículo 7(3) de la Ley de Divorcio de 1979, que establecía diferentes protecciones económicas en relación con la disolución de distintos tipos de matrimonios en Sudáfrica. En cada caso, la esposa que interpuso el recurso de inconstitucionalidad era la demandante en un procedimiento de divorcio ante el Tribunal Superior. En EB (antes S) vs. ER (antes B) N.O y otros, el tribunal se pronunció sobre la ausencia de un recurso de redistribución de los bienes cuando el matrimonio se disuelve por fallecimiento y no por divorcio. En KG vs. Ministro del Interior y otros, el tribunal decidió sobre la ausencia de un recurso de redistribución cuando el matrimonio se contrae a partir del 1 de noviembre de 1984.

Aplicación de la decisión y resultados

Al emitir su decisión en octubre de 2023, el Tribunal Constitucional suspendió la orden durante dos años y dio a los diputados sudafricanos un plazo de dos años para 1) arreglar los problemas de la Ley de Divorcio de acuerdo con la decisión del Tribunal, y 2) pagar a las dos mujeres de los casos consolidados. Mientras tanto, la Ley de Bienes Matrimoniales y el artículo 7(3) de la Ley de Divorcio se aplicarán a los matrimonios disueltos por fallecimiento, y la parte de un nuevo matrimonio bajo KG podrá solicitar la misma orden de redistribución. En enero de 2024, el comité asesor del Proyecto 100E de la Comisión de Reforma Legislativa de Sudáfrica estaba revisando además otras leyes referidas a los regímenes matrimoniales para hacer recomendaciones que ampliaran aún más los esfuerzos del Tribunal Constitucional.

Relevancia del caso

El caso es significativo porque da lugar a que el Tribunal Constitucional ordene cambios en la Ley de Divorcio para que el proceso de divorcio tenga más en cuenta la distribución equitativa de los bienes. La decisión facultará a los tribunales para considerar la totalidad de las contribuciones de un cónyuge -tanto financieras como no financieras- a la hora de dividir los bienes durante un divorcio. También proporciona alivio financiero y garantías a los cónyuges cuyos matrimonios terminan sin acumulación de bienes, independientemente de cuándo se casaron las partes o de la naturaleza de la separación. Además, la sentencia beneficiará a los cónyuges de matrimonios musulmanes no gananciales que ahora pueden solicitar una orden de redistribución para transferir bienes. La decisión pone de relieve las desigualdades dentro del matrimonio y de su disolución, en particular cuando el contrato matrimonial o el reparto de bienes pueden haber estado influidos por una dinámica de poder familiar.

Agradecemos especialmente las aportaciones del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.