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Lunes, Junio 3, 2024
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Naturaleza del caso

El caso afectó a la comunidad indígena batwa, que fue desalojada por la fuerza de sus hogares y tierras ancestrales en la década de 1970 para permitir la creación y expansión del Parque Nacional Kahuzi-Biega (PNKB) en la República Democrática del Congo. A lo largo de los años, los batwa sufrieron décadas de discriminación, carencia de tierras y altos niveles de mortalidad mientras vivían en asentamientos informales en las afueras del PNKB. El caso fue presentado por Minority Rights Group (MRG) y Environnement, Ressources Naturelles et Developpement (ERND) en nombre de la comunidad batwa después de que años de lucha en el sistema jurídico nacional de la RDC no aportaran ninguna solución a las continuas violaciones de los derechos humanos. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dictaminó que el desalojo forzoso por parte de la República Democrática del Congo de los batwa de sus tierras ancestrales dentro del Parque Nacional Kahuzi-Biega (PNKB) constituía una violación de sus derechos humanos en virtud de la Carta Africana. La sentencia reconoce a los batwa como los mejores guardianes de la biodiversidad y exige al gobierno de la RDC que presente una disculpa completa y permita a los batwa regresar a sus tierras ancestrales, entre otras recomendaciones. La Comisión también concluyó que los modelos de conservación de fortaleza que excluyen a los pueblos indígenas de sus tierras sin su consentimiento libre, previo e informado no son eficaces para luchar contra el cambio climático en África.

Aplicación de la decisión y resultados

Hasta noviembre de 2024, la decisión no había sido implementada. Los abogados señalaron que no han obtenido respuesta del gobierno de la RDC y que su prioridad sigue siendo obtener la reparación establecida por la orden.

Relevancia del caso

Se trata de un caso histórico para los pueblos indígenas y los activistas de todo el mundo que luchan por reclamar sus derechos a sus tierras ancestrales. Por primera vez, un tribunal declaró que el modelo de conservación de fortaleza fracasó en un contexto determinado. El tribunal reconoció a los pueblos indígenas como guardianes cruciales de la biodiversidad y la conservación del medio ambiente.  Se pronunció en contra del concepto de “conservación de fortaleza”, sosteniendo que los modelos de conservación que excluyen a los pueblos indígenas de sus tierras no son eficaces para luchar contra el cambio climático en África.

Grupos involucrados en el caso