In Re: Directrices en el asunto de la demolición de estructuras

Nature of the Case

Este caso surge a raíz de una serie de demoliciones extrajudiciales de viviendas, negocios y mezquitas, especialmente en comunidades musulmanas y de otras minorías, tras episodios de violencia comunitaria y en los que los residentes habían sido acusados de delitos. Esta práctica, conocida coloquialmente en India como “justicia de las excavadoras” (bulldozer justice), se caracteriza por la demolición extrajudicial de propiedades de personas acusadas de delitos por las autoridades locales, bajo el pretexto de “construcción ilegal” u “ocupación indebida”. El Tribunal Supremo de la India conoció el asunto y falló a favor de los demandantes, declarando que las demoliciones eran inconstitucionales por no respetar el debido proceso legal, y dictó directrices sobre los procedimientos que deben seguirse en futuras demoliciones.

Según un informe de Amnistía Internacional, entre abril y junio de 2022, los “estados gobernados por el Bharatiya Janata Party (BJP) —Assam, Gujarat, Madhya Pradesh y Uttar Pradesh— y el Aam Aadmi Party (AAP) en Delhi llevaron a cabo demoliciones como ‘castigo’ tras episodios de violencia comunitaria o protestas contra la discriminación ejercida por las autoridades contra musulmanes”. En dicho informe, que investigó 63 de las 128 demoliciones documentadas, Amnistía Internacional concluyó que “al menos 617 personas, entre ellas hombres, mujeres, niños y personas mayores, quedaron sin hogar o privadas de sus medios de subsistencia. Estas personas fueron sometidas a desalojos forzosos, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía, así como a castigos colectivos y arbitrarios, lo que vulneró sus derechos a la no discriminación, a una vivienda adecuada y a un juicio justo”.

Enforcement of the Decision and Outcomes

Las directrices dictadas en este asunto han tenido un impacto de gran alcance en toda la India, y las demoliciones posteriores han sido objeto de mayor escrutinio para garantizar que las autoridades locales respeten el debido proceso legal. Sin embargo, pese a la orden del Tribunal Supremo, las demoliciones punitivas han continuado. En enero de 2025, en Dwarka, Gujarat, las autoridades locales demolieron más de 250 viviendas, mezquitas y dargahs en más de 20 islas, en comunidades musulmanas, invocando motivos de “seguridad nacional” y “protección ambiental”. Los residentes alegaron que no recibieron un aviso suficiente, ya que entre la primera notificación y las demoliciones transcurrieron solo siete días, en violación de la orden del Tribunal Supremo.

De manera similar, el 9 de febrero de 2025, las autoridades locales de Kushinagar, Uttar Pradesh, enviaron excavadoras a la mezquita Madni para su demolición al día siguiente de la expiración de una orden de suspensión dictada por el tribunal superior, sin permitir la posibilidad de interponer recurso. Tras la demolición, el Tribunal Supremo inició procedimientos por desacato contra los funcionarios distritales responsables, aunque el daño ya se había consumado. También han persistido demoliciones similares en respuesta a episodios de violencia comunitaria, y queda por ver si el Tribunal adoptará nuevas medidas para hacer cumplir su orden.

Significance of the Case

Este caso brinda protección a los residentes que han sido objeto de la incautación retaliatoria e ilegal de sus viviendas y negocios por parte de gobiernos locales o estatales. Esto es especialmente relevante para los grupos minoritarios, que pueden ser objeto de discriminación, violencia comunitaria y persecución por parte de las autoridades locales, y que resultan particularmente vulnerables a este tipo de medidas. La consagración de garantías de debido proceso y la reafirmación de los derechos de las personas acusadas pueden permitir que futuros demandantes eviten la demolición ilegal de sus viviendas.