En El Salvador, las personas que defienden la tierra, el agua y el medio ambiente están siendo objeto de persecución. Lo que enfrentan no son incidentes aislados. Es un patrón de intimidación que busca silenciar su labor.

Integrantes de MUFRAS-32 han sido sometidos a vigilancia constante, allanamientos injustificados y amenazas directas. Como documentamos en la carta, Fuerzas militares y policiales han rodeado sus viviendas, monitoreado sus movimientos y generado un entorno de hostigamiento permanente. Personas armadas han sido vistas cerca de sus hogares con el objetivo de intimidarlos.

Uno de los hechos más graves documentados es la detención arbitraria de Héctor Berríos, quien fue sometido a interrogatorios degradantes y obligado a arrodillarse frente a su familia. Estas acciones han tenido consecuencias concretas: desplazamiento forzado, afectaciones a su sustento y un impacto directo en la seguridad de su círculo más cercano.

Defender derechos en un contexto de regresión ambiental

Estos hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación por posibles retrocesos en materia ambiental. El Salvador fue el primer país del mundo en prohibir la minería metálica. Sin embargo, señales recientes sobre una posible reactivación de estos proyectos han encendido alarmas, especialmente entre organizaciones que, como MUFRAS-32, han denunciado sus impactos sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades.

La criminalización de quienes se oponen a estos proyectos no es casual. Es parte de un entorno que restringe el espacio cívico y debilita la defensa del territorio.

Obligaciones internacionales que el Estado debe cumplir

El Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar la seguridad y los derechos de las personas defensoras. Como explicamos en la carta, instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protegen derechos fundamentales como la libertad personal, la libertad de expresión y el derecho a un medio ambiente sano.

Además, la Declaración de la ONU sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos establece claramente que toda persona tiene derecho a defender derechos sin temor a represalias.

Las acciones documentadas —vigilancia, detenciones arbitrarias, intimidación— son incompatibles con estas obligaciones.

Hostigar a defensores es violar derechos humanos

Las personas defensoras de derechos humanos y ambientales cumplen un papel fundamental en la protección de la vida, los territorios y los bienes comunes.

Las acciones documentadas —vigilancia, detenciones arbitrarias, intimidación— no son incidentes menores. Constituyen violaciones a derechos humanos y un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño.

Permitir estos ataques no solo pone en riesgo sus vidas. Debilita la democracia y el estado de derecho.

La comunidad internacional no puede permanecer en silencio frente a estos hechos.

Solidaridad y acción urgente

Desde la Red-DESC, reiteramos nuestra solidaridad con MUFRAS-32 y con todas las personas defensoras en El Salvador. En la carta, hacemos un llamado urgente al gobierno salvadoreño a cumplir con sus obligaciones y adoptar medidas inmediatas para garantizar su protección. En concreto, exigimos:

• El cese inmediato de todo acto de vigilancia, hostigamiento e intimidación contra los miembros de MUFRAS-32
• La garantía plena de su seguridad, integridad física y libertad de movimiento
• La realización de investigaciones prontas, independientes, efectivas e imparciales sobre estos hechos, y la sanción a los responsables
• El mantenimiento de la prohibición de la minería metálica y la transparencia frente a cualquier intento de revertirla
• El fin de la represión contra todas las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en El Salvador
• La ratificación del Acuerdo de Escazú como paso clave para fortalecer la protección de quienes defienden la justicia ambiental

Proteger a quienes defienden derechos no es opcional. Es una obligación del Estado.