NUEVA YORK — Las opiniones consultivas sobre cambio climático emitidas en julio de 2025 por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que aclaran las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática—han puesto en el centro un desafío clave para los pueblos indígenas: cómo convertir estos avances jurídicos en herramientas concretas para la defensa de sus territorios.

La conversación ocurre esta semana en el 25.º Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), en el que participan miembros de la Red-DESC, como Patricia Gualinga, lideresa del pueblo Kichwa de Sarayaku y miembro del Foro Permanente, y Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Center for International Environmental Law.

Las opiniones consultivas marcan un punto de inflexión en el derecho internacional. Para los pueblos indígenas, cuyos territorios y formas de vida están en la primera línea de la crisis climática, se fortalece la posibilidad de exigir responsabilidades a los Estados y disputar decisiones que afectan sus territorios. Según Naciones Unidas, los pueblos indígenas representan menos del 6% de la población mundial, pero protegen cerca del 80% de la biodiversidad del planeta, lo que evidencia lo que está en juego en estos debates.

El reto es claro: hacer operativas estas decisiones en los territorios. Su impacto dependerá de cómo se integren en estrategias concretas en contextos marcados por el extractivismo y los conflictos socioambientales.

Investigaciones lideradas por comunidades muestran que el daño climático no es abstracto. En Kenia, por ejemplo, las comunidades Endorois han documentado la pérdida de más de 3.000 acres de tierra y el desplazamiento de cientos de familias.

Luisa Castañeda-Quintana, directora ejecutiva de Land is Life, lo dijo en una de las sesiones de apertura del Foro: “Estas opiniones consultivas no son simbólicas; son instrumentos de poder… Deben ser apropiadas y llevadas a los espacios donde se deciden los futuros de los pueblos indígenas”. Es decir, el valor de estas decisiones no se garantiza solo por su existencia, sino también por su uso estratégico.

Para Patricia Gualinga, lideresa del pueblo Kichwa de Sarayaku, de Ecuador, las decisiones recientes de la Corte Interamericana no introducen nuevos principios, sino que confirman lo que los pueblos indígenas han sostenido históricamente: su afectación desproporcionada frente a la crisis climática, la legitimidad de sus conocimientos y la obligación de garantizar el consentimiento libre, previo e informado.

La Corte Interamericana va mucho más lejos y reconoce que los pueblos indígenas somos de los más afectados, que nuestros conocimientos son parte legítima de la respuesta climática y que nadie puede tomar decisiones sobre nuestros territorios sin nuestro consentimiento libre, previo e informado”.

Desde esta perspectiva, Gualinga sitúa las respuestas a la crisis climática en los territorios y en las formas propias de vida, de organización y de relación con la naturaleza. “Nuestra cosmovisión, concretizada en el Kawsak Sacha (Selva Viviente), es nuestra contribución real a esta crisis climática. No queremos que se nos agradezca con proyectos impuestos; queremos que se reconozca nuestra visión, nuestro sistema de convivencia con la naturaleza, nuestros planes de vida, nuestra libre determinación y nuestro gobierno propio”.

Asimismo, subraya que estas decisiones validan lo que las comunidades han afirmado durante décadas: “La crisis climática no es solo un problema ambiental; es un problema de derechos, de supervivencia y de territorio”.

Sin embargo, advierte que persiste una brecha estructural entre el reconocimiento legal y su implementación efectiva, pues existe una gran distancia entre lo que dicen los documentos y lo que ocurre en los territorios. “Los Estados no escuchan y nuestra selva sigue amenazada”, expuso Gualinga.

Tres rutas para pasar del reconocimiento jurídico a la acción

Desde el litigio estratégico, Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Center for International Environmental Law, propone traducir las opiniones consultivas en líneas temáticas y de acción que las naciones indígenas puedan integrar en estrategias de exigibilidad de derechos. El desafío no es solo analizar estas opiniones, es implementarlas. En ese sentido, Gómez identifica tres puntos de entrada clave que nos dan las opiniones consultivas.

Posicionar el conocimiento indígena como mejor ciencia disponible

El conocimiento indígena debe ser reconocido como evidencia judicial, tal como lo es el conocimiento científico occidental. “Nuestra tarea es lograr que el conocimiento tradicional, local e indígena sea reconocido como la mejor ciencia disponible en los litigios y la gobernanza climática”, afirmó Gómez. Esto requiere, por ejemplo, su integración efectiva en herramientas como los estudios de impacto ambiental, permitiendo un escrutinio más riguroso de proyectos extractivos y decisiones estatales.

Promover la protección a los derechos de la naturaleza en múltiples jurisdicciones

Gómez subraya que la opinión consultiva de la Corte Interamericana es aplicable a más de 30 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, incluido Estados Unidos, lo que amplía significativamente su alcance jurídico. En este contexto, los derechos de la naturaleza, reconocidos por esta Corte, dejan de estar limitados a marcos constitucionales específicos y se convierten en argumentos exigibles en todo el sistema interamericano, abriendo nuevas rutas de incidencia en jurisdicciones donde estos estándares no existían.

Impulsar el derecho a la autodeterminación

La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia advierte que el aumento del nivel del mar genera el desplazamiento forzado de poblaciones así como la afectación a la integridad territorial de los Estados y su soberanía sobre sus recursos naturales, lo que puede suponer consecuencias para el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Esta valoración de la Corte es un punto de entrada estratégico para el litigio climático. No se trata de un derecho nuevo. Está consagrado en múltiples tratados ratificados por los Estados. El desafío es hacerlo operativo en los tribunales y procesos legales en el contexto de la crisis climática, fortaleciendo la defensa del territorio y la autonomía política de los pueblos indígenas.

Gómez cerró con una advertencia clave:

El litigio por sí solo no es suficiente. Es una parte de un conjunto más amplio de estrategias y tácticas para exigir justicia climática. Debe ir acompañado de campañas sólidas, incidencia y narrativas que movilicen”.

Una conversación que necesita más interlocutores

Los diálogos impulsados en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas no son aislados. Forman parte de procesos de articulación impulsados por organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales para convertir estos estándares internacionales en herramientas concretas de defensa territorial.

En este proceso, organizaciones como el Center for International Environmental Law y Land is Life están trabajando para que más pueblos indígenas conozcan estas opiniones consultivas y las integren en sus estrategias de documentación, incidencia y reclamación de derechos.

El desafío no es únicamente jurídico, es político: garantizar que estas herramientas se utilicen para exigir rendición de cuentas y frenar decisiones que continúan poniendo en riesgo los territorios indígenas. En este escenario, redes como la Red-DESC desempeñan un papel clave al fortalecer la articulación entre comunidades, estrategias legales y la acción colectiva.