La agenda de Trump: Un ataque corporativo a los derechos humanos

La agenda de la administración de Trump—y el movimiento global de extrema derecha que fomenta—debe ser entendida por lo que realmente es: un esfuerzo orquestado para crear crisis y caos con el fin de justificar un retroceso en los derechos humanos, reprimir a los movimientos sociales y consolidar el poder corporativo. No se trata solo de maniobras políticas; lo que está en juego es la creación de un sistema que permita a las corporaciones y a los poderosos actuar con total impunidad, mientras desmantelan las estructuras diseñadas para hacerlos rendir cuentas.

Desde hace más de una década, la Red-DESC ha denunciado el proceso de toma de control político por parte de las corporaciones: una captura corporativa de las instituciones gubernamentales y de la toma de decisiones en busca interminable de ganancias. Con el regreso de Trump, esta captura se ha hecho más evidente que nunca—ya no se trata solo de influir en políticas y leyes, sino de un control directo sobre las instituciones.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, invirtió casi 300 millones de dólares en la campaña electoral de Trump, mientras que otros multimillonarios tecnológicos y CEOs donaron un millón de dólares cada uno para poder estar cerca del nuevo presidente en su inauguración, asegurando así su influencia. Desde entonces, Musk ha tenido acceso ilimitado a datos privados y fue nombrado para liderar recortes masivos en agencias gubernamentales como el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Una de sus primeras acciones fue suspender indefinidamente la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, una agencia clave para proteger a las personas comunes contra el fraude financiero y el abuso de las corporaciones. Esta suspensión dejó a 70 a 100 empleados sin trabajo, mientras los que quedaron temen represalias por hablar en contra.

Los efectos de estas políticas no se limitan solo a EE. UU.; estamos viendo cómo las corporaciones atacan la gobernanza global, impulsando la retirada de Trump de instituciones multilaterales. Como ha denunciado ESCR-Net en varias ocasiones, las corporaciones son cómplices de genocidios, desplazamientos forzados, hambrunas y destrucción ambiental en todo el mundo. Muchas de estas corporaciones han trabajado activamente para socavar las regulaciones globales y la rendición de cuentas. Un claro ejemplo de esto fue cuando las farmacéuticas bloquearon los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, priorizando las ganancias sobre la salud pública. Ahora, la administración de Trump se ha retirado de la OMS y suspendido la financiación de USAID, a pesar de la importancia de estos organismos en la salud global. Además, la captura corporativa ha frenado las acciones frente a la crisis climática, con más de 1,700 lobistas vinculados a los combustibles fósiles influyendo en las negociaciones climáticas, como ocurrió en las conversaciones de 2024. A comienzos de su segundo mandato, Trump reiteró su intención de retirarse del Acuerdo de París y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desmantelando aún más los marcos internacionales diseñados para rendir cuentas a los gobiernos y las corporaciones. De manera similar, su ataque a la Corte Penal Internacional (CPI) refleja su patrón de socavar los sistemas internacionales de justicia. La administración ha impuesto sanciones y restricciones de viaje a los miembros de la CPI, debilitando uno de los pocos mecanismos restantes capaces de hacer responsables a los poderosos por genocidio y crímenes de guerra.

Las recientes declaraciones de Trump sobre Gaza, el Canal de Panamá y Groenlandia no solo amenazan con violar la ley internacional, sino que ejemplifican una serie de políticas impulsadas por intereses corporativos que priorizan la expansión imperial y el control de recursos por encima de los derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación. El plan de la administración para “tomar control” de Gaza y desplazar a su población—más de 2 millones de palestinos que aún sufren las consecuencias de la campaña genocida de Israel—se alinea con décadas de decisiones de política exterior de EE. UU. que sirven a los intereses de contratistas militares, empresas de combustibles fósiles y, más recientemente, desarrolladores inmobiliarios que buscan sacar grandes ganancias de convertir Gaza en la “Riviera del Medio Oriente.”

Trump y otros líderes de la extrema derecha están ganando terreno al aprovechar la frustración del público tras décadas de políticas neoliberales que han desmantelado las protecciones sociales. Durante 40 años se ha dicho a la gente que el gobierno es el problema y que el sector privado es la solución. Esta narrativa, reforzada por think tanks y medios respaldados por corporaciones, ha alimentado el sentimiento anti-gubernamental y ha protegido a las élites corporativas, en especial a los multimillonarios de la tecnología, de la crítica pública.

A la par, las políticas de Trump están utilizando el racismo, el machismo, la xenofobia y la transfobia para dividir a las comunidades. Al señalar a las comunidades marginalizadas como responsables de los problemas, los líderes de la extrema derecha desvían la atención de las causas profundas de las injusticias sociales y económicas sistémicas, profundizando las desigualdades globales mientras aceleran la destrucción ambiental. Las corporaciones han seguido este ejemplo, recortando iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en EE. UU. A nivel internacional, la orden ejecutiva de Trump para cortar la financiación a Sudáfrica se presenta como una respuesta a las violaciones de derechos humanos contra los afrikaners blancos, debido a una nueva ley de reforma agraria y por llevar a cabo una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Además, Elon Musk, quien creció en Sudáfrica durante el apartheid, ha reproducido la retórica de la extrema derecha al presentar a los agricultores afrikaners como víctimas de violencia racista y sugerir que un genocidio contra los blancos es inminente. Estas acciones dejan en evidencia la estrecha relación entre el supremacismo blanco y los intereses corporativos.

Aunque muchas de las órdenes ejecutivas de Trump parecen diseñadas para distraer, su impacto es real. Millones de vidas—ya sean personas migrantes, transgénero y de género diverso, sudafricanas, palestinas, defensores indígenas de la tierra, empobrecidas o de la clase trabajadora—son vistas como desechables en la búsqueda de ganancias y poder político.

En desafiante respuesta al miedo y al prejuicio, las organizaciones y movimientos de la Red-DESC—movimientos sociales, pueblos indígenas y organizaciones de pequeños agricultores, sindicatos independientes, grupos feministas de base y organizaciones de derechos humanos—están construyendo solidaridad regional y esfuerzos colectivos para exponer y desmantelar la captura corporativa. Estamos promoviendo alternativas basadas en el cuidado mutuo y la sostenibilidad, y llamamos a los gobiernos a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Con presencia en más de 80 países,  la Red-DESC se mantiene unida con las comunidades que resisten el autoritarismo respaldado por las corporaciones y están construyendo futuros que priorizan a las personas y al planeta por encima de las ganancias.

La Junta Directiva y el Grupo Asesor SOS de la Red-DESC colaboraron en esta declaración.