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Jueves, Febrero 20, 2025

Hacemos un llamado urgente a las autoridades ambientales colombianas para que intervengan en las recientes decisiones de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de otorgar títulos mineros en múltiples municipios de Tolima. Estas decisiones amenazan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas, cuyos medios de vida e identidades culturales están profundamente ligados a la integridad ecológica de sus territorios.

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Panorámica de las operaciones mineras de CEMEX en Payandé (Tolima, Colombia).

Febrero, 2025

A las Autoridades Ambientales de Colombia,

Asunto: Llamado Urgente para el Apoyo e Intervención Frente a las Decisiones sobre Títulos Mineros en Tolima, Colombia

Les escribimos para expresar nuestras graves preocupaciones sobre las decisiones de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para otorgar títulos mineros en Coyaima, Chaparral, San Luis (Payandé), Valle del San Juan, Saldaña, Natagaima,  Falan, Cajamarca y otros municipios del departamento de Tolima, Colombia.

Estas decisiones tienen profundas implicaciones para los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas, cuya subsistencia económica e identidad cultural están intrínsecamente vinculadas al equilibrio ecológico de estos territorios. Las acciones de la ANM parecen priorizar consideraciones técnicas, legales, económicas y ambientales sin abordar adecuadamente cuestiones críticas como:

  • La vocación agrícola y la integridad ecológica de estos territorios;
  • La autodeterminación y la importancia de la espiritualidad para los pueblos indígenas sobre el cuidado de los sistema hídricos, los suelos y montañas, el aire y la energía, en la reproducción de su cultura,  y, 
  • Los impactos sociales, culturales y ambientales más amplios sobre las comunidades involucradas.

Además, nos preocupa profundamente el uso indebido de las Audiencias Públicas Mineras como mecanismos superficiales de participación. Estas audiencias no cumplen con los estándares de consulta libre, previa e informada (CLPI) establecidos por la Ley 21 de 1991 de Colombia y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este incumplimiento socava los derechos de los pueblos indígenas a una participación significativa en las decisiones que afectan sus territorios.

Nos parece relevante que el gobierno avance en la implementación del Acuerdo de Escazú para gestionar la alta conflictividad socioambiental que la excesiva titulación minera está generando. Colombia, según datos de la ONG Global Witness, tiene las tasas de asesinatos a personas defensoras ambientales más altas del mundo. Es urgente implementar medidas que garanticen los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, asegurando la protección y garantía de derechos a las comunidades afectadas.

Alentamos al gobierno colombiano a cumplir su palabra expresada en la reciente COP16 sobre Biodiversidad, promoviendo la Paz con la Naturaleza y atendiendo las justas demandas de los movimientos socioambientales en el departamento del Tolima y en toda Colombia.

Estas audiencias no cumplen con los estándares de consulta exigidos por la Ley 21 de 1991 de Colombia y el Convenio 169 de la OIT, ni tampoco cumplen con el estándar de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) tal como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Específicamente, el Artículo 1 del PIDESC enfatiza el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a buscar libremente su desarrollo económico, social y cultural. Además, el Artículo 12 del PIDESC garantiza el derecho a un medio ambiente sano como parte integral del máximo nivel alcanzable de salud física y mental.

Nos unimos al Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el Agua y las comunidades afectadas para instar a la ANM y a las autoridades relevantes a:

  1. Suspender de manera inmediata la viabilidad de los proyectos mineros hasta que se lleven a cabo procesos de CLPI genuinos y completos;
  2. Integrar criterios culturales, espirituales y socioeconómicos en la evaluación de todos los proyectos mineros;
  3. Garantizar que los procesos participativos estén libres de manipulación y respeten los principios de transparencia y equidad.

Respetuosamente solicitamos su apoyo para visibilizar este problema y unir esfuerzos para exigir un enfoque más holístico y basado en derechos para la gestión de los bienes naturales. Al asegurar que las decisiones que afectan a estas comunidades se guíen por sus derechos y necesidades, podemos colectivamente defender los principios de justicia, equidad y sostenibilidad.

Agradecemos su atención y compromiso con esta causa. Quedamos disponibles para continuar el diálogo y la colaboración en este asunto urgente.

Atentamente,

  1. A 11 – Initiative for Economic and Social Rights, Serbia
  2. Accountability Counsel, USA 
  3. Alliance for Rural Democracy (ARD), Liberia
  4. ALTSEAN-Burma, Thailand
  5. Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS), India 
  6. Asia Indigenous Peoples Pact, Thailand
  7. Asociación de Pequeños y medianos ganaderos de Chaparral, Colombia
  8. Buffalo Human Rights Center, University at Buffalo School of Law, USA
  9. Centre for Human Rights and Development, Mongolia
  10. Colectiva ExpresArte, Colombia
  11. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia 
  12. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia 
  13. CONASUD, Argentina
  14. Confederación Campesina del Perú, Perú 
  15. Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Hermanos), Guatemala 
  16. Due Process of Law Foundation, Regional
  17. Elseidi Law Firm, Egypt
  18. Endorois Welfare Council, Kenya 
  19. Federación Colombiana de Educadores (FECODE), Colombia
  20. Fuerza Común Tolima , Colombia
  21. Fundación Barranquilla+20, Colombia
  22. Fundación Promoción Humana, Argentina
  23. Human Rights Awareness Center, Nepal
  24. International Accountability Project, Global
  25. International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP), Malaysia
  26. Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, Philippines
  27. Kisora, Kenya
  28. Lok Shakti Abhiyan, India
  29. Manushya Foundation, Thailand
  30. MUFRAS-32, El Salvador 
  31. NAFSO, Sri Lanka
  32. Natural Resource Women Platform, Liberia
  33. Observatori DESCA, Spain
  34. OFRANEH, Honduras
  35. Ogoni youth alliance for climate change and sustainable development, Nigeria 
  36. Pax Christi Internacional, Bélgica
  37. Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, Ecuador 
  38. Snapap/cgata , Algérie
  39. Uganda Association of Women Lawyers( FIDA- Uganda), Uganda
  40. UNIÓN DE TRABAJADORAS AFROCOLOMBIANAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO, Colombia
  41. Zimbabwe People’s Land Rights Movement, Zimbabwe
  42. Amnesty International, Global