En septiembre de 2026, Amnistía Internacional, Asociadas por lo Justo (JASS), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Otros Mundos Chiapas y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), todas organizaciones integrantes de la Red-DESC, participaron en una delegación internacional de solidaridad convocada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) e IM-Defensoras.
La delegación reunió a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y representantes de medios de comunicación de distintos países de América y Europa, con el respaldo de otras 13 organizaciones que apoyaron la iniciativa a distancia.
Entre el 17 y el 19 de septiembre, la delegación visitó el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, conocido como Viva Berta, instalado frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa tras el desalojo violento de la comunidad garífuna de San Juan, ocurrido el 6 de julio, y el proceso penal iniciado contra cinco defensores del territorio acusados de usurpación agravada.
La criminalización de comunidades que defienden sus propias tierras ancestrales refleja un patrón más amplio de despojo territorial, discriminación racial e incumplimiento de las obligaciones del Estado en Honduras.
Desde 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido cuatro sentencias relacionadas con los derechos territoriales de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos. Sin embargo, Honduras no ha cumplido plenamente estas decisiones judiciales, incluidas sus obligaciones de proteger los derechos colectivos sobre la tierra.
La delegación internacional exige poner fin a la criminalización
Pese a las solicitudes formales de diálogo, la mayoría de las instituciones del Estado hondureño se negaron a reunirse con la delegación, lo que genera serias preocupaciones sobre su disposición a dialogar con organizaciones internacionales de derechos humanos y responder a las demandas de las comunidades afectadas.
Tras la presión sostenida de las organizaciones participantes, la delegación logró reunirse con tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este encuentro permitió plantear directamente las preocupaciones sobre la criminalización de las personas defensoras del territorio garífuna y el incumplimiento de las obligaciones estatales de garantizar sus derechos colectivos.
En un comunicado público del 19 de septiembre, la delegación exigió a las autoridades hondureñas poner fin de inmediato a la criminalización y persecución de las personas defensoras garífunas, garantizar la protección de sus territorios ancestrales, investigar los actos de violencia e intimidación y cumplir íntegramente las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La delegación también respaldó la exigencia de OFRANEH de retirar los cargos penales contra las cinco personas de la comunidad garífuna de San Juan. Su procesamiento refleja el uso del sistema de justicia penal para debilitar las luchas legítimas por los derechos territoriales y la libre determinación.
El crimen organizado, los intereses empresariales y la impunidad amenazan los territorios garífunas
Las comunidades garífunas de la costa caribeña de Honduras enfrentan amenazas cada vez mayores contra sus territorios ancestrales. La convergencia del crimen organizado, los intereses económicos extractivos, el acaparamiento de tierras y la persistente inacción estatal socava sus derechos colectivos y su libre determinación.
Estas presiones forman parte de un patrón más amplio de despojo territorial, en el que las comunidades que defienden sus tierras, sus medios de vida y su supervivencia cultural están cada vez más expuestas a la violencia, la intimidación y la criminalización.
Un artículo publicado el 21 de septiembre por Criterio.hn advirtió sobre los riesgos de la nueva Ley Agroindustrial de Honduras, señalando que podría acelerar el despojo territorial y facilitar la expansión del control empresarial sobre la tierra y los recursos naturales.
Marco von Borstel, de Otros Mundos Chiapas, vinculó estos acontecimientos con las controvertidas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuyo marco jurídico fue derogado en 2022 y posteriormente declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2024.
Al establecer paralelismos con la fragmentación territorial y el desplazamiento de las comunidades palestinas en la Cisjordania ocupada, advirtió sobre el creciente riesgo de una «cisjordanización de América Latina», en la que los enclaves controlados por empresas fragmentan los territorios ancestrales, socavan la soberanía y erosionan los derechos colectivos de las comunidades.
A estas preocupaciones se suma la creciente presencia del crimen organizado en los territorios garífunas. Una investigación publicada el 2 de octubre por InSight Crime documentó cómo las redes de narcotráfico y poderosos intereses económicos ejercen una presión cada vez mayor sobre las comunidades garífunas de la costa caribeña hondureña.
Un segundo reportaje, publicado el 20 de octubre, describió cómo las comunidades resisten el uso de sus tierras ancestrales como corredores para el tráfico de cocaína, mientras enfrentan simultáneamente los intereses empresariales que buscan expandir las plantaciones de palma aceitera y los proyectos turísticos.
Sin embargo, frente a estas amenazas, las comunidades garífunas continúan organizándose y defendiendo sus territorios. El reportaje del 20 de octubre también mostró la vida cotidiana en el campamento Viva Berta, donde las cocinas comunitarias, las asambleas colectivas, las ceremonias culturales y la organización de base sostienen una lucha que no solo busca resistir el despojo, sino también defender la vida colectiva, la identidad y la libre determinación.
Los peligros que enfrentan estas comunidades no son nuevos ni constituyen hechos aislados. En julio de 2020, cuatro jóvenes garífunas, entre ellos el líder comunitario Sneider Centeno, fueron víctimas de desaparición forzada en Triunfo de la Cruz. Hasta la fecha, se desconoce su suerte y paradero. En 2023, otros dos defensores comunitarios fueron asesinados, lo que evidencia la persistencia de la violencia y la impunidad en el contexto de las luchas por la justicia territorial.
Estas amenazas interrelacionadas revelan una disputa más amplia por el control de la tierra, los recursos naturales y el futuro de los territorios garífunas.
El Estado hondureño debe cumplir sus obligaciones de proteger a las comunidades garífunas, investigar de manera independiente los ataques, asesinatos y desapariciones forzadas, garantizar que las personas responsables rindan cuentas y asegurar la protección efectiva de los derechos sobre sus tierras ancestrales.
La defensa del territorio, la identidad colectiva y la libre determinación nunca debe poner en riesgo la vida, la seguridad ni la libertad de las comunidades.
Alerta urgente: OFRANEH denuncia violencia policial contra un defensor del territorio
El 23 de octubre, OFRANEH denunció que Darwin Centeno, defensor garífuna del territorio de Triunfo de la Cruz, fue golpeado violentamente y detenido por agentes de la Policía Nacional en Tela.
Darwin fue liberado después de permanecer trece horas detenido, tras las exigencias de su liberación inmediata y de garantías para su integridad física.
Según OFRANEH, la detención ocurrió apenas unas horas después de que un grupo identificado como DEPAT, presuntamente vinculado con intereses empresariales locales y con el alcalde de Tela, difundiera un comunicado que contenía amenazas contra líderes garífunas de la Bahía de Tela.
OFRANEH condenó el incidente como parte de un patrón creciente de intimidación, violencia y criminalización contra las comunidades garífunas que defienden sus territorios ancestrales y sus derechos colectivos.
Aunque la liberación de Darwin constituye una noticia positiva, persisten graves preocupaciones por las denuncias de violencia policial, las amenazas contra líderes garífunas y el clima generalizado de represión que enfrentan las personas defensoras del territorio en Honduras.
Las autoridades hondureñas deben garantizar una investigación independiente de lo ocurrido, proteger la integridad y seguridad de Darwin Centeno y adoptar medidas inmediatas para proteger a las comunidades garífunas y su legítima lucha por los derechos territoriales y la libre determinación.
Honduras debe poner fin a la criminalización y cumplir las sentencias internacionales de derechos humanos
Los hallazgos de la delegación y las denuncias recientes ponen de manifiesto el persistente incumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar los derechos y la seguridad de las comunidades garífunas.
Para la Red-DESC, la solidaridad internacional implica acompañar las luchas lideradas por las propias comunidades y exigir que los Estados y los actores económicos rindan cuentas por las acciones que vulneran los derechos humanos.
Las autoridades hondureñas deben adoptar medidas inmediatas para:
Poner fin a la criminalización y el hostigamiento de las personas defensoras del territorio garífuna y garantizar que se investiguen las violaciones denunciadas y que sus responsables rindan cuentas.
Garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de Darwin Centeno y de todas las personas defensoras que enfrentan amenazas.
Cumplir íntegramente las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluida la protección de los derechos territoriales colectivos.
Investigar los actos de violencia, los asesinatos y las desapariciones forzadas que afectan a las comunidades garífunas, y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Defender los territorios ancestrales es un derecho humano, no un delito.
La Red-DESC expresa su solidaridad con OFRANEH y las comunidades garífunas, y se suma a sus exigencias de justicia, protección territorial y el fin de la violencia y la impunidad.
