Hoy, muchas empresas se asemejan a los Estados por su poder, su influencia y su capacidad para afectar nuestros derechos. — Alreem Kamal, Syrian Legal Development Programme
¿Cómo hemos llegado a un punto en el que las empresas ejercen un poder comparable al de los Estados y, sin embargo, siguen eludiendo en gran medida la rendición de cuentas? Esta pregunta ocupó un lugar central en la 12.ª sesión de negociaciones de la ONU sobre un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos, celebrada en Ginebra del 12 al 16 de octubre. En un contexto de creciente desigualdad, militarización y destrucción ambiental, las comunidades afectadas y la sociedad civil transmitieron un mensaje claro: el derecho internacional debe establecer normas vinculantes para poner fin a la impunidad corporativa y exigir responsabilidades a las empresas transnacionales, en lugar de seguir dependiendo de marcos voluntarios que dejan su poder sin control.
Lo que está en juego va mucho más allá de los debates técnicos en una sala de negociaciones de Ginebra. En toda Europa, estudiantes y trabajadores se movilizaban por la vivienda, la educación, la atención sanitaria y los servicios públicos. En Brasil, las comunidades seguían resistiendo proyectos destructivos de energías renovables y minería. En Sri Lanka, las comunidades pesqueras se enfrentaban a las devastadoras consecuencias de la contaminación corporativa y la acuicultura industrial. A lo largo de la semana, los testimonios de las comunidades afectadas pusieron de manifiesto distintas expresiones de un mismo sistema: uno que impulsa la acumulación incesante de riqueza y poder corporativo mediante el despojo, la privatización de los servicios públicos y la criminalización de quienes resisten las injusticias y defienden sus derechos.
Moisés Borges, del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) de Brasil, expresó su solidaridad con las protestas de la juventud europea. A partir de las luchas contra los megaproyectos destructivos en Brasil, advirtió:
Confiar en medidas voluntarias y en la buena voluntad de las empresas transnacionales solo sirve para revelar el rostro moderno del colonialismo corporativo contra los pueblos del mundo.
¿Por qué necesitamos un tratado vinculante para exigir responsabilidades a las empresas transnacionales?
En la apertura de la sesión, Herman Kumara, del National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO) de Sri Lanka y del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), describió cómo la contaminación provocada por el desastre del buque X-Press Pearl devastó los medios de vida de las comunidades pesqueras. También alertó sobre la destrucción de manglares y ecosistemas costeros causada por la acuicultura industrial en varios países.
No se trata de un caso aislado. Las empresas transnacionales operan a través de las fronteras mediante complejas redes de filiales, proveedores, instituciones financieras y contratistas, mientras que los mecanismos para exigirles responsabilidades siguen estando fragmentados. Esto se debe, en gran medida, a la influencia sin control que ejercen las empresas sobre las decisiones gubernamentales, lo que ha socavado gravemente los derechos de los pueblos. Como advirtió Kumara, el poder corporativo se extiende hoy «desde la industria extractiva hasta el uso peligroso y no regulado de la inteligencia artificial, las armas y las tecnologías de vigilancia».
En su informe jurídico, la Red-DESC también alertó sobre el tecnocolonialismo, mediante el cual las empresas tecnológicas toman decisiones en un país y las imponen a comunidades de otros lugares a través de plataformas e infraestructuras digitales. En Tailandia, la organización miembro de la Red-DESC, Manushya Foundation documentó cómo Meta suspendió repetidamente la página de Facebook de Tamtang, una organización feminista con más de 25.000 seguidores que comparte información legal y vital sobre salud reproductiva, como consecuencia indirecta de los cambios en las políticas de moderación de contenidos de Estados Unidos.
Un tratado sólido debe abordar estas nuevas formas de poder transnacional, estableciendo obligaciones directas para las empresas en todas sus operaciones globales y cadenas de valor digitales.
Un proceso impulsado por el Sur Global
El proceso del tratado, iniciado en 2014 mediante la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha sido impulsado principalmente por países del Sur Global y sostenido por la movilización de las comunidades afectadas.
Durante la 12.ª sesión, países como Brasil, Sudáfrica, Palestina, Uruguay y Costa Rica respaldaron disposiciones destinadas a garantizar la primacía de los derechos humanos frente a las actividades empresariales.
Uno de los debates centrales giró en torno al artículo 14, que aborda la relación entre el tratado y otros acuerdos internacionales. Para la Red-DESC y sus aliados, las obligaciones en materia de derechos humanos deben prevalecer cuando las normas comerciales y de inversión amenazan los derechos de los pueblos.
Los debates pusieron de manifiesto una injusticia histórica: las normas internacionales protegen a los inversores extranjeros y a las empresas mediante mecanismos como el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que les permite demandar a los gobiernos por adoptar medidas destinadas a proteger a las personas y el medio ambiente.
Por ejemplo, Shell y ExxonMobil recurrieron al arbitraje contra los Países Bajos tras el cierre del yacimiento de gas de Groningen, a pesar de las décadas de daños causados por los terremotos a las comunidades locales. Mientras tanto, las comunidades perjudicadas por las actividades empresariales suelen carecer de vías equivalentes para obtener justicia.
Otra demanda fundamental fue el reconocimiento explícito del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, con el fin de reforzar la protección frente a la destrucción ambiental provocada por las empresas y priorizar la prevención sobre las medidas de reparación posteriores al daño.
¿Qué debe garantizar un tratado vinculante sólido de la ONU?
A lo largo de las negociaciones, la Red-DESC defendió tres prioridades.
- Obligaciones directas para las empresas y responsabilidad jurídica efectiva. Las empresas deben rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos vinculadas a sus operaciones y relaciones comerciales, incluidas las que se producen a lo largo de las cadenas globales de valor. Las legislaciones existentes, como la Ley de Cadenas de Suministro de Alemania y la Loi de Vigilance de Francia, demuestran que es posible establecer obligaciones empresariales vinculantes, aunque persistan deficiencias en su aplicación.
- Normas que reflejen el poder corporativo transnacional contemporáneo. El tratado debe abordar las industrias extractivas, las instituciones financieras, las plataformas digitales, la inteligencia artificial, las tecnologías de vigilancia y las actividades empresariales transfronterizas que vulneran el derecho internacional humanitario. Mientras las empresas operan a escala mundial, los mecanismos para exigirles responsabilidades siguen siendo extremadamente limitados.
- Mecanismos internacionales eficaces de aplicación y acceso a la justicia. Los sistemas jurídicos nacionales no siempre pueden garantizar justicia. La Red-DESC defendió el fortalecimiento de la jurisdicción extraterritorial y la creación de una vía hacia un mecanismo internacional de aplicación capaz de exigir responsabilidades a las empresas.
Durante los debates sobre el artículo 15, Brytnee Miller, en representación de la Red-DESC y Afrewatch, destacó la necesidad de pasar de la documentación de las violaciones a mecanismos que permitan exigir responsabilidades de manera efectiva. Señaló mecanismos existentes de la ONU, incluida la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre empresas involucradas en actividades relacionadas con los asentamientos israelíes ilegales en la Palestina ocupada, como ejemplo de cómo puede abordarse la rendición de cuentas de los actores corporativos a escala mundial.
¿Quién establece las reglas? La captura corporativa en la mesa de negociaciones
Las negociaciones siguen poniendo de manifiesto un conflicto de intereses fundamental: las empresas intentan influir en las mismas normas destinadas a exigirles responsabilidades.
Los grupos de presión empresariales, entre ellos la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y el Consejo de Estados Unidos para los Negocios Internacionales (USCIB), continuaron defendiendo posiciones que, según advirtió la sociedad civil, debilitarían el tratado y perpetuarían la impunidad. Entre sus miembros figuran grandes empresas de las industrias armamentística, de combustibles fósiles y tecnológica, sectores que ocupan un lugar central en las preocupaciones sobre derechos humanos que impulsan estas negociaciones.
Durante los debates sobre el artículo 16.6, destinado a proteger las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones frente a la injerencia empresarial, la Red-DESC y sus aliados exigieron mayores salvaguardias contra la captura corporativa y advirtieron que una redacción demasiado restrictiva podría dejar a los gobiernos expuestos a la interferencia de los intereses empresariales.
La captura corporativa no es una preocupación abstracta. Las empresas de combustibles fósiles influyen en las políticas climáticas y obstaculizan su avance, mientras que los fabricantes de armas y las empresas tecnológicas suministran armamento, sistemas de vigilancia e infraestructuras utilizados en guerras y genocidios. Expertos de la ONU han denunciado cómo los actores corporativos facilitan estos sistemas y obtienen beneficios de ellos, lo que plantea cuestiones urgentes sobre su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos.
Como señaló Mona Sabella, coordinadora de rendición de cuentas corporativa de la Red-DESC, durante las negociaciones, las empresas no tienen derecho a dictar las normas destinadas a exigirles responsabilidades. Al tratarse de un proceso intergubernamental, los intereses corporativos no deben influir en la elaboración de un tratado concebido para proteger a las personas y sus derechos, ni socavar su propósito.
Como advirtieron la Red-DESC, la Alianza por el Tratado, la Campaña Global y Feministas por un Tratado Vinculante:
Un tratado vacío puede llegar a ratificarse, pero no cambiará la realidad de las violaciones de derechos humanos ni la impunidad corporativa sobre el terreno.
¿Cómo están las comunidades afectadas desafiando la impunidad corporativa?
Durante el evento paralelo organizado por la Red-DESC el 15 de octubre, Soluciones impulsadas por los pueblos: construir un tratado sólido contra la captura corporativa y la impunidad, las comunidades afectadas y la sociedad civil destacaron iniciativas concretas para hacer frente al poder corporativo.
Bernardo Caal Xol, líder indígena maya q’eqchi’ de Guatemala, fue encarcelado injustamente durante más de cuatro años tras oponerse a proyectos hidroeléctricos construidos en los ríos Cahabón y Oxec sin la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas. Mientras permanecía encarcelado por defender los derechos de su pueblo, las empresas responsables de los proyectos continuaron operando sin rendir cuentas por las violaciones que él denunciaba. Durante el evento paralelo, destacó la importancia del recién aprobado Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos para investigar las violaciones cometidas por empresas más allá de las fronteras.
Wesam Ahmad, director ejecutivo de Visualizing Palestine y miembro de la Red-DESC, presentó Who’s Complicit? (¿Quién es cómplice?), una plataforma que documenta la participación empresarial en los asentamientos israelíes ilegales.
Al vincular el genocidio en Gaza con la economía más amplia del genocidio, en la que las empresas obtienen beneficios de la ocupación ilegal, la militarización y la destrucción, Ahmad advirtió que la impunidad corporativa permite «la continuación del colonialismo a través de diversos medios y métodos nuevos». También denunció las propuestas de tratar la devastada Gaza como un nuevo territorio para la inversión.
Estas iniciativas, junto con la campaña Checkmate, a la que se ha sumado la Red-DESC, reflejan un movimiento creciente y un llamamiento urgente a avanzar hacia un marco jurídico que nos permita poner fin a la impunidad corporativa y acabar con el colonialismo económico y los sistemas que lo sostienen.
¿Cuáles son los próximos pasos para el tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos?
En sus declaraciones conjuntas de clausura, la Alianza por el Tratado, la Red-DESC, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global pidieron que el próximo borrador preserve las disposiciones más sólidas en materia de derechos humanos y refleje las propuestas respaldadas por los Estados que han defendido el propósito del tratado a lo largo de las negociaciones.
También exigieron consultas significativas con las comunidades afectadas antes de publicar el próximo borrador. Los elevados costes de viaje, las restricciones de visado —especialmente para viajar a Europa— y las limitadas oportunidades de participación siguen excluyendo a muchas de las personas más afectadas por las violaciones corporativas, particularmente a las procedentes del Sur Global.
Como declaró Nonhle Mbuthuma, del Comité de Crisis de Amadiba de Sudáfrica, en nombre de la Alianza por el Tratado:
El tratado debe demostrar que la ONU está al servicio de los pueblos. Un tratado que no haga frente al genocidio, las atrocidades masivas y la participación de las empresas en violaciones sistemáticas de derechos humanos traicionaría su mandato.
En un momento en que el derecho internacional y el multilateralismo están siendo atacados, no podemos dejarlos en manos de las élites económicas. Necesitamos desmantelar las normas construidas para proteger los beneficios, las inversiones y el poder de las empresas a través de las fronteras, mientras las comunidades siguen luchando por obtener reparación. Debemos impulsar normas que contribuyan a hacer efectivos nuestros derechos humanos.
Este tratado vinculante ofrece una oportunidad para cambiar esas reglas y demostrar que el multilateralismo puede estar al servicio de los pueblos y del planeta, en lugar de los intereses corporativos. Pero eso solo será posible si son las comunidades afectadas y los movimientos sociales, y no las empresas, quienes den forma al proceso.
Como afirmó la declaración conjunta de clausura de la sociedad civil:
En última instancia, el tratado debe juzgarse por su capacidad para prevenir violaciones y abusos, exigir responsabilidades y garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la reparación para las personas afectadas.
