Durante su intervención, Sánchez alertó sobre los “ataques al sistema multilateral”, la “normalización del uso de la fuerza” y una desigualdad que amenaza con “vaciar la democracia por dentro”. Pero existe otra amenaza creciente para la capacidad de los gobiernos de actuar en favor del interés público: la creciente captura corporativa de gobiernos, instituciones internacionales y espacios multilaterales de negociación.
Las corporaciones y las élites económicas ya no se limitan a influir en los mercados. También moldean los gobiernos, las políticas públicas y las negociaciones internacionales. La imagen de la investidura de Donald Trump en 2025 resumió esa realidad de forma elocuente: entre los invitados se encontraban Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, tres de las personas más ricas del planeta. La alianza entre riqueza extrema, grandes tecnológicas y poder político ya no se oculta; se exhibe abiertamente desde el centro mismo del poder.
Menos de 60.000 personas —el 0,001% más rico del planeta— concentran hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad. No es solo una cuestión de desigualdad, sino de poder político: la capacidad de influir en las leyes, condicionar las elecciones y bloquear reformas que amenazan los intereses corporativos.
Si las y los líderes progresistas quieren construir una alternativa creíble frente a Trump y la extrema derecha, también tendrán que confrontar un modelo en el que las grandes corporaciones moldean la vida pública y encuentran rentabilidad en las crisis sociales y ambientales, e incluso en las guerras y en el genocidio.
Las consecuencias de esas alianzas entre gobiernos autoritarios y poder corporativo no son abstractas. En El Salvador, integrantes de MUFRAS-32 —movimiento que se opuso a proyectos mineros— han sufrido amenazas y persecución, situación que finalizó en un exilio forzado desde que Nayib Bukele revirtió la prohibición de la minería metálica. Dos integrantes del movimiento han obtenido recientemente asilo político en España. El caso de una de las firmantes de este artículo ilustra un patrón global que afecta a cientos de defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo.
El último informe del Business & Human Rights Resource Centre documentó 790 ataques contra personas defensoras de derechos humanos vinculados a conflictos con actividades empresariales solo en 2025, la cifra más alta registrada desde 2020. Más de 6.400 ataques se han registrado en la última década, la mayoría de ellos relacionados con la minería, el agronegocio y los combustibles fósiles.
Precisamente por ello, una de las negociaciones internacionales más importantes y menos conocidas de nuestro tiempo importa mucho más allá de los círculos diplomáticos: el tratado vinculante de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
Desde 2014, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil negocian un tratado internacional destinado a regular a las corporaciones transnacionales y a fortalecer la rendición de cuentas ante violaciones de derechos humanos y daños ambientales.
La última ronda de reuniones celebrada la semana pasada en Ginebra, antes de la sesión oficial de octubre, mostró que las negociaciones han entrado en una fase decisiva. Pero también evidenciaron que las propias negociaciones se han convertido en un campo de disputa sobre el futuro del multilateralismo. Organizaciones sociales denuncian desde hace años que grupos empresariales intentan sustituir obligaciones vinculantes por enfoques voluntarios que se ha comprobado que no funcionan. Es una dinámica que recuerda la influencia que los lobbies fósiles han ejercido durante años en las negociaciones climáticas internacionales, moldeando sus resultados.
Lo que está en juego va mucho más allá de la regulación empresarial: se trata de si los gobiernos todavía pueden poner límites efectivos a formas de poder económico capaces de vulnerar derechos humanos y ambientales, debilitar las regulaciones y ejercer más poder que muchos estados.
El tratado vinculante de la ONU no resolverá, de un día para otro, décadas de captura corporativa. Pero un texto robusto podría fortalecer la justicia transfronteriza y el acceso a la justicia de comunidades afectadas, proteger a defensores ambientales y a comunidades enteras, y limitar la capacidad de las corporaciones para capturar las políticas públicas.
Sin embargo, mientras los gobiernos de América Latina, África y partes de Asia han sostenido estas negociaciones durante más de una década, buena parte de Europa sigue actuando con tibieza o, en ocasiones, alineada con los intereses de los sectores empresariales.
España no debería permanecer al margen. Podría contribuir a construir una alianza sólida entre gobiernos progresistas de Europa y América Latina en torno a la regulación del poder corporativo, al tiempo que contribuye a reparar relaciones históricamente marcadas por el extractivismo y la desigualdad.
La pregunta ya no es si necesitamos reglas globales para las corporaciones. La pregunta es si los gobiernos todavía tienen el coraje político para imponérselas.
