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Lunes, Octubre 21, 2024
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© 2024 Ayu Maulani

El 28 de julio de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció un derecho humano innovador: el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta decisión monumental marca una victoria para los activistas de derechos humanos y ambientales en todo el mundo, pero el verdadero desafío radica en su implementación.

En septiembre pasado, el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y DESC de la Red-DESC publicó este informe, que analiza la historia del derecho a un ambiente saludable, su importancia para las comunidades en la primera línea de la crisis climática, los principios fundamentales y las obligaciones estatales que deben guiar su implementación, así como las luchas colectivas que los miembros de la Red-DESC están defendiendo a nivel nacional, regional e internacional en relación con este derecho.

Durante décadas, la crisis climática ha impactado de manera desproporcionada a las comunidades marginadas, en particular a los Pueblos Indígenas, mujeres y activistas de base, muchos de los cuales enfrentan la degradación ambiental y la violencia alimentada por el extractivismo y las políticas neoliberales. En este blog, exploraremos los aspectos más destacados del documento para ver por qué el derecho a un ambiente saludable es vital, cómo se puede realizar y las demandas colectivas necesarias para crear un cambio sistémico.

Si te interesa profundizar en los detalles y el contexto histórico de este derecho, lee el informe completo aquí.

¿Por qué es importante este derecho?

El reconocimiento global del derecho a un ambiente saludable es el resultado de una persistente defensa por parte de grupos de la sociedad civil, gobiernos progresistas y comunidades en primera línea que continúan resistiendo intereses poderosos. La importancia de este derecho va más allá de la protección ambiental: se trata de justicia para quienes han sufrido debido a las acciones explotadoras de corporaciones y gobiernos que priorizan las ganancias sobre las personas.

Desde la selva amazónica hasta los desiertos de Jordania, desde las zonas rurales de Colombia hasta el pueblo Ogiek en Kenia, las comunidades de todo el mundo han afirmado durante mucho tiempo que un ambiente saludable es esencial para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin un ambiente sostenible, otros derechos básicos, como el acceso a la comida, al agua limpia, a la salud e incluso a la vida, están en peligro.

¿Qué significa este derecho para las comunidades en primera línea?

Para los Pueblos Indígenas, el derecho a un ambiente saludable está directamente relacionado con su identidad cultural, sus tierras y sus formas de vida tradicionales. La realización de su derecho a un ambiente saludable ayuda a garantizar su derecho a la autodeterminación y protege sus territorios de proyectos perjudiciales. De manera similar, para los movimientos feministas de base y de mujeres, este derecho es crucial para abordar las inequidades de género arraigadas en las políticas climáticas y ambientales. Las mujeres, a menudo cuidadoras de la tierra, sufren las peores consecuencias de la destrucción ambiental.

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Palestinians inspect the damage following an Israeli airstrike on the El-Remal area in Gaza City on October 9, 2023./Palestinian News & Information Agency (Wafa)

Principios clave para implementar el derecho

La implementación del derecho a un ambiente saludable debe reflejar tanto elementos procesales como sustantivos. Aquí algunos principios orientadores:

  • Equidad de género: Las políticas ambientales deben reconocer el papel de las mujeres en la lucha contra el cambio climático y asegurar que sus voces sean centrales en la toma de decisiones.
  • Justicia intergeneracional: Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de proteger el ambiente para las generaciones futuras.
  • Rendición de cuentas de los contaminadores globales: Los países ricos y las corporaciones responsables de gran parte del daño ambiental del mundo deben ser responsabilizados y pagar su parte justa para lograr la justicia climática.
  • Participación comunitaria: Las políticas y los procesos de toma de decisiones relacionados con el clima deben permitir que las comunidades en primera línea participen de manera significativa en las decisiones que afectan su ambiente, asegurando que las políticas reflejen sus necesidades y realidades.

Estos principios se analizan en detalle en el informe de políticas, proporcionando una base sólida para comprender las obligaciones estatales y el papel de la sociedad civil.

Demandas colectivas de cambio

Para garantizar una implementación significativa de este derecho, los movimientos de base y los grupos de la sociedad civil han presentado varias demandas políticas:

  • Responsabilizar a los contaminadores: Las corporaciones, en particular en la industria de los combustibles fósiles, deben detener sus prácticas comerciales destructivas, y los países deben rechazar soluciones climáticas falsas que no abordan las causas profundas de la crisis climática.
  • Proteger a los defensores del medio ambiente y los derechos humanos: Cada año, cientos de defensores ambientales son asesinados y criminalizados por su activismo. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para proteger a quienes están en la primera línea de la justicia ambiental.
  • Promover la soberanía alimentaria y la biodiversidad: Las prácticas agroecológicas que enfatizan la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental deben reemplazar los modelos agrícolas industriales destructivos.
  • Asegurar el financiamiento climático: El flujo de recursos financieros de los países ricos hacia los países del Sur Global debe ser adecuado, equitativo y responsable. Debe llegar directamente a quienes más lo necesitan: las comunidades en la primera línea de la devastación climática.

El camino por delante

Si bien el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible ya está reconocido a nivel global, su plena realización depende de una acción transformadora. Los gobiernos, las corporaciones y las instituciones internacionales deben abandonar los modelos de desarrollo explotadores y crear espacio para soluciones lideradas por las comunidades y centradas en las personas. La justicia ambiental no puede existir sin abordar las desigualdades históricas, la responsabilidad corporativa y centrar las voces de quienes más se ven afectados por la crisis climática.

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© 2024 Ayu Maulani