Hallazgos clave
Las protecciones legales no se implementan de manera efectiva
Muchos países exigen evaluaciones de impacto ambiental, transparencia y participación pública. En la práctica, estas leyes y salvaguardas se aplican de forma inconsistente o se tratan como pasos procedimentales, en lugar de protecciones sustantivas.
Ejemplos:
- En Indonesia, los documentos relevantes para las evaluaciones ambientales suelen publicarse solo después de que se toman decisiones o no se traducen a idiomas locales.
- En Sri Lanka, las evaluaciones de impacto ambiental para grandes proyectos de carbón han sido retenidas o clasificadas como confidenciales por razones de “interés nacional”.
- En Laos, las evaluaciones de impacto se pasan por alto con frecuencia y los marcos de rendición de cuentas por daños corporativos siguen siendo débiles.
Las comunidades son excluidas de la toma de decisiones
Las comunidades suelen quedar fuera de las etapas iniciales de planificación, donde se definen las prioridades de desarrollo y el uso del suelo. Las consultas, cuando ocurren, suelen ser simbólicas y tienen lugar después de que ya se han tomado decisiones, con información limitada o inaccesible.
Ejemplos:
- En Papúa Occidental (Indonesia), se asignaron tierras para plantaciones sin consulta previa a las comunidades afectadas, y las evaluaciones ambientales se divulgaron solo después de su aprobación.
- En las Tierras Altas Centrales de Sri Lanka, las consultas se realizaron tras la aprobación del proyecto, en lugares inaccesibles y sin traducción.
- En Uganda, los proyectos de palma aceitera en Kalangala y Buvuma avanzaron con más del 80 % de los propietarios de tierras sin Consentimiento Libre, Previo e Informado.
El acceso a la justicia es limitado
Existen vías legales, pero a menudo están fuera del alcance debido a costos, demoras y complejidad procesal. Con frecuencia, los tribunales priorizan los intereses de desarrollo, especialmente en proyectos considerados “estratégicos”.
Ejemplos:
- En los países analizados, las comunidades señalan que los costos legales y los retrasos desalientan los casos, incluso cuando las violaciones son evidentes.
- En Sudáfrica, un Tribunal Superior determinó que los procesos de consulta para la exploración petrolera en alta mar eran profundamente defectuosos, negando a las comunidades información esencial.
Los modelos de desarrollo generan daños ambientales y sociales
Se siguen priorizando proyectos de infraestructura a gran escala, extractivos y energéticos, pese a los riesgos documentados, con evaluaciones limitadas de los impactos acumulativos y a largo plazo.
Ejemplos:
- En Laos, la minería de tierras raras expuso a las comunidades a contaminación tóxica, incluyendo arsénico y cianuro, sin divulgación pública de la información, especialmente a las comunidades afectadas.
- En India, un megaproyecto portuario amenaza ecosistemas marinos y los medios de vida de más de 20.000 pescadores, con impactos evaluados de forma insuficiente.
- En Mongolia, la expansión de licencias mineras ha contribuido a la contaminación, la desertificación y la disminución de la calidad del ganado.
Persisten brechas en el reconocimiento y la protección
El derecho a un medio ambiente sano no se reconoce ni se aplica de manera consistente. En algunos sistemas jurídicos, los pueblos indígenas no están formalmente reconocidos, y los impactos de género siguen siendo insuficientemente abordados.
Ejemplos:
- En Namibia, la constitución no reconoce explícitamente el derecho a un medio ambiente sano.
- En muchos países, la falta de reconocimiento formal de los pueblos indígenas debilita la protección de sus tierras y su autodeterminación.
- En distintos contextos, las mujeres—especialmente en la pesca y la agricultura—se ven desproporcionadamente afectadas, mientras permanecen excluidas de la toma de decisiones.
Recomendaciones clave
- Garantizar coherencia de políticas basada en los derechos humanos y la justicia ecológica
- Sustituir los modelos de desarrollo extractivos y militarizados por enfoques basados en derechos
- Adoptar marcos vinculantes de rendición de cuentas corporativa, incluidas obligaciones extraterritoriales
- Garantizar la participación temprana, informada y significativa de las comunidades
- Establecer mecanismos accesibles y efectivos de denuncia y reparación
- Centrarse en la equidad intergeneracional y reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos
Conclusión
La presentación concluye que los marcos legales existentes no son suficientes por sí solos. La realización del derecho a un medio ambiente sano requiere situar a las comunidades en el centro para impulsar cambios sistémicos, incluyendo en la toma de decisiones, la implementación y la participación, a fin de garantizar mecanismos de rendición de cuentas alineados con las obligaciones de derechos humanos.
Coautoras: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD); Franciscans International; Manushya Foundation; National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO). Facilitado por la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente y DESC y posteriormente revisado, respaldado y complementado con aportes adicionales por integrantes del grupo.
