Representantes de las comunidades indígenas Lamenxay y Kayleyphapopyet, ambas del Pueblo Enxet-Sanapana, iniciaron los trámites administrativos para recuperar las tierras que tradicionalmente habitaron y que habían sido vendidas por el Estado paraguayo a personas particulares. Luego de 5 años de incumplimiento por parte del Estado de una resolución judicial que reivindicaba el derecho constitucional a la tierra de las comunidades, en 1996 se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo.
