Aplicación de los DESC

Solapas principales

El caso fue presentado por Human Rights Law Network (HRLN) ante la Corte Constitucional debido a que no se cumplía una sentencia previa que establecía directrices contra el acoso sexual en el lugar de trabajo en la India: Vishaka c./ State of Rajasthan (6SCC 241, 1997). En su decisión de 2012, la Corte Suprema de la India repitió las directrices Vishaka que había emitido en 1997, destacando que se debían tomar

En noviembre de 2012, miembros del Grupo de Trabajo sobre Exigibilidad de la Red-DESC—incluyendo a Centre for Minority Rights Development (Kenia), Minority Rights Group (RU), Socio-Economic Rights Institute (Sudáfrica) y Norwegian Center for Human Rights (Noruega)— facilitaron en Kenia una reunión estratégica con líderes de la comunidad Endorois acerca del desalojo de cientos de familias Endorois.

En septiembre de 2011, los residentes del Asentamiento Informal Langaville (compuesto por más de mil quinientas familias y cuatro mil seiscientos residentes) representados por el Socio-Economic Rights Institute (SERI), pidieron una orden, que requiriera a la Municipalidad Metropolitana Ekurhelini proporcionar acceso suficiente al agua y servicios de saneamiento básico.

Este caso del Tribunal Supremo fue iniciado con el apoyo de Hakijamii, una organización de derechos humanos con sede en Nairobi que es miembro de la Red-DESC desde 2005. El caso surgió de un pedido de más de mil personas desalojadas de sus hogares ubicados en seis comunidades conocidas comúnmente como Medina, municipalidad de Garissa.

La demandante interpuso una orden de interdicto o tutela dirigida a garantizar el derecho de una menor de 12 años a su salud mental, entre otros derechos. La menor quedó embarazada a principios de 2011 y empezó a presentar síntomas de ansiedad y depresión, según el diagnóstico de varios médicos que recomendaron la interrupción del embarazo.

Alyne Pimentel, una mujer afrobrasileña, murió a los 28 años como consecuencia de complicaciones relacionadas con un embarazo después de que un centro de salud de Rio de Janeiro no le proporcionara acceso adecuado y oportuno a tratamiento obstétrico de emergencia. La muerte de Pimentel hubiera podido ser impedida si el centro de salud le hubiera diagnosticado y tratado correctamente por muerte fetal intrauterina.